Podemos tumba el traspaso migratorio a Cataluña y complica más la relación PSOE-Junts

El Gobierno no logra salir del atolladero de su debilidad parlamentaria. Sánchez intenta recuperar la iniciativa política, pero choca una y otra vez con los intereses contrapuestos de unos socios que aprietan y ahogan. La mayoría del Congreso asestó este martes otro doloroso varapalo al Ejecutivo. Es la tercera derrota en apenas dos semanas de curso político. Junts y Podemos se intercambian la papeleta de socio incómodo para un PSOE que no consigue dar con la tecla y mantener la legislatura a flote: el camino hacia los Presupuestos está lleno de minas, y la presión judicial tampoco dará un respiro al presidente del Gobierno.

La delegación de competencias migratorias a Cataluña fue, con permiso de la amnistía, uno de los acuerdos de mayor calado entre PSOE y Junts. Forma parte del rosario de obligaciones adquiridas con el partido de Puigdemont para procurarse sus siete escaños en el Congreso, compromisos que el Gobierno no puede cumplir por su inestable mayoría parlamentaria. Esta vez fue Podemos el que unió sus votos a PP, Vox y UPN para evitar que la proposición de ley pudiera comenzar siquiera su tramitación parlamentaria. La derecha, por oposición a una ley que ahonda en "las metas volantes" del separatismo; y los morados, por el tufo "racista" de la iniciativa.

La propuesta levantó una fuerte polvareda en el hemiciclo y resquebrajó, de nuevo, las costuras de Sumar. Un parlamentario de Compromís, Alberto Ibáñez, adelantó también horas antes su negativa a avalar el traspaso de la inmigración a la Generalitat. Al 'no' se sumó a última hora el diputado de Chunta Aragonesista (CHA), Jorge Pueyo, en contra de la la directriz mayoritaria del grupo de Yolanda Díaz, que ha votado a favor de la proposición de ley.

Sólo con el 'no' de Podemos, la propuesta se hubiera enfrentado a un empate de 175 escaños que hubiese forzado una repetición de la votación. Pasados tres intentos, la proposición de ley habría decaído del mismo modo. No hizo falta llegar a ese punto. La iniciativa cayó finalmente con 173 votos a favor y 177 en contra por el desmarque de los dos diputados del grupo Sumar.

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El discurso migratorio de Junts solivianta a las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE. La formación de Ione Belarra se negó desde el principio apoyar un texto que en el propio preámbulo presenta la inmigración como "un riesgo para la convivencia y la cohesión social". No hubo margen para la negociación. Y aunque el Gobierno se sacude de responsabilidad respecto al sentido de voto de Podemos —al que ven enrocado en el "no a todo"— lo cierto es que el varapalo a la cesión de las competencias migratorias a la Generalitat, una de las grandes reivindicaciones del partido de Puigdemont, alimenta los motivos de Junts para quebrar sus relaciones con el Ejecutivo.

Hace semanas que el partido independentista amenaza a Sánchez con soltar amarras a las puertas de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Pese a conocer que Podemos la bloquearía, Junts decidió emplear su cupo y llevar al Congreso la proposición de ley conjunta con el PSOE sobre las competencias migratorias, y someter de este modo a los socialistas a un nuevo test de estrés. Hay que recordar que los votos de los independentistas fueron determinantes para tumbar otros dos proyectos clave del Gobierno en septiembre: la reducción de jornada de Sumar; y la creación de una Oficina para combatir la corrupción.

Puigdemont mantiene abierta una reflexión interna sobre su relación con Sánchez. Él mismo advirtió que este otoño "pasarán cosas". El secretario general de la formación, Jordi Turull, avisó también en una entrevista con El Periódico que la caída del acuerdo migratorio no ayudaría precisamente a encauzar los puentes. Junts vincula su respaldo a que el Gobierno cumpla promesas cuya resolución no termina de llegar en asuntos como la amnistía; la oficialidad del catalán en Europa; y, ahora la delegación competencial de la inmigración.

Al margen de la encallada negociación presupuestaria, el Gobierno llega también en una posición de debilidad ante la convalidación del decreto de embargo de armas sobre Israel. Sánchez ha situado la defensa de la causa palestina y la oposición frontal contra la violencia del Gobierno de Benjamin Netanyahu en el centro de su acción política, un asunto que le permite desplazar cuestiones domésticas poco favorables, como la inestabilidad parlamentaria o las múltiples investigaciones sobre presunta corrupción. Pero la incertidumbre política amenaza con ensombrecer también el paquete de medidas contra Tel Aviv.

Fuego cruzado en el Congreso

Pese a las secuelas políticas de la derrota de este martes para la relación PSOE-Junts —patrocinada por una singular alianza entre PP, Vox, UPN, Podemos y 'versos sueltos' de Sumar— socialistas y posconvergentes evitaron ir al choque públicamente. Los primeros centraron sus críticas en los populares. Y Miriam Nogueras, portavoz de los independentistas, se desquitó de manera exclusiva sobre Podemos. "Me gustaría preguntarle al señor Iglesias si también cree que la gente de ERC es racista por querer tener las competencias de la inmigración, si lo es Sumar o si lo es el PSOE por haber pactado y defendido esta delegación", desafió la dirigente.

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Nogueras afeó que "populismos de los dos extremos", en alusión a Podemos y Vox, impidiesen que la Generalitat avance en su autogobierno y domine la gestión de la inmigración. El discurso que la dirigente pronunció en la tribuna disparó aún más el malestar en la bancada morada por los tintes "xenófobos" de su intervención. La portavoz de Junts denunció el "desbordamiento" de los servicios por la llegada masiva de inmigrantes, que impacta, dijo, en "la clase media y trabajadora" de Cataluña. "La supervivencia de nuestra identidad no se garantiza por el impacto que este fenómeno tiene en la lengua catalana", esbozó.

El portavoz del PSOE, José Zaragoza, evitó cargar las tintas contra Podemos, a los que sí que pidió, en vano, una "reflexión" para favorecer la delegación competencial de los flujos migratorios en favor de la "integración" y de la "eficiencia". Pero otros socios del bloque de investidura sí recriminaron directamente a la formación de Belarra su obstrucción, diferenciando entre el debate ideológico sobre la inmigración irregular en el que Junts intenta competir con Aliança Catalana y el marco puramente competencial.

"La cesión de competencias a un territorio que así lo reclama es algo de sentido común", expuso, por ejemplo, el portavoz de Bildu, Jon Iñarritu. "Hoy no les entiendo", espetó también Gabriel Rufián, que aunque manifestó una distancia absoluta con el "miserable" posicionamiento de Junts respecto a la inmigración, sí apeló a la formación morada a avalar el trámite y "combatir" algunos de los planteamientos del partido de Carles Puigdemont en el plazo de enmiendas. Las competencias, insistió, no las manejará Junts, sino una Generalitat ahora controlada por el PSOE de Salvador Illa. "No creo que a él le llamen racista", apuntó.

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Pero nada sirvió para agrietar el muro levantado por Podemos. "No estamos debatiendo sobre el modelo de Estado y de competencias, sino de un discurso que trata a la inmigración como un peligro social", estalló el portavoz de los morados, Javier Sánchez Serna, que lanzó un órdago a Junts para que dejase a un lado su discurso "racista" y facilitase una futura negociación. "Retiren esta proposición de ley y pongan sus votos para aprobar la regularización de las personas extranjeras", retó el dirigente. Sólo si lo hacen, dijo, "entonces nosotros nos sentaremos a hablar".