Anticorrupción acusa a Chivite de no sancionar a Servinabar por entregar tarde las viviendas públicas

De nuevo María Chivite en el ojo del huracán. La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra lanza importantes críticas contra el actual Gobierno de Chivite en Navarra por pasar por alto dos graves incumplimientos de la empresa de Santos Cerdán, Servinabar, en la construcción de 46 viviendas de protección oficial. La compañía no ha acreditado la contratación de personas en situación de vulnerabilidad, que fue uno de los motivos por los que se le adjudicó el contrato, y entregó las casas con más de un mes de retraso sobre el tiempo estipulado.

Ninguno de estos incumplimientos conllevó sanción por parte del Ejecutivo de Chivite. Es más, esta promoción de viviendas mereció la visita de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en octubre de 2024, cuando reivindicó el "éxito de gestión" de Navarra en materia de vivienda pública. "Navarra me permite decirles al resto de comunidades autónomas que es posible garantizar la perpetuidad de la vivienda pública para que siempre siga sirviendo al interés general", afirmó Rodríguez en aquel viaje oficial.

El informe de Anticorrupción pone el acento en esta y otras circunstancias, como la falta de actuaciones preparatorias o la sospecha de "prácticas colusorias", que le llevan a considerar "nula" la adjudicación. En la oferta que presentaron para la licitación la UTE de Acciona con Servinabar se comprometían a contratar a 3 personas "con un porcentaje de discapacidad igual o superior al 33%, perceptoras de renta garantizada, víctimas de violencia de género, que estuvieran o hubieran finalizado un itinerario de inserción en empresas de inserción o desempleadas de larga duración".

El simple compromiso de cumplir este criterio social les permitió ganar 10 puntos en la competición por la adjudicación del Nasuvinsa, la empresa de vivienda pública del Gobierno de Chivite. Sin embargo, la UTE nunca llegó a demostrar que se habían producido tales contrataciones. El gerente actual de Nasuvinsa, Javier Burón, en respuesta a un oficio de la Oficina Anticorrupción navarra, señala que las empresas solo fueron capaces de acreditar la contratación de una persona con estas características, y que el 27 de agosto de 2025 -cuando Santos Cerdán ya estaba en prisión preventiva y la trama de presuntas comisiones de Servinabar ya era pública- mandaron un burofax solicitando la documentación oportuna. Al no acreditar el criterio social, Nasuvinsa dice que "adoptará las medidas oportunas".

Con retraso y sin sanción

Para la Oficina Anticorrupción "no es acorde con el principio de seguridad jurídica adjudicar contratos públicos valorando compromisos/declaraciones desprovistas de toda certidumbre". Argumenta que el pliego de condiciones reguladoras preveía la imposición de penalizaciones por incumplimiento del contrato, pero que el Gobierno de Chivite no ha impuesto a día de hoy, más de 7 meses después de que finalizara la obra, ningún tipo de sanción por incumplir el criterio social.

Los pliegos establecen una sanción del 20% del contrato en caso de incumplir el criterio social, pero Anticorrupción alega que a la UTE le resulta "más beneficioso afrontar la penalidad por incumplimiento que haberse quedado sin la adjudicación".

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No es el único incumplimiento de Servinabar para el que el Gobierno de Chivite ha hecho la vista gorda. Las obras concluyeron 43 días más tarde de lo acordado sin que Nasuvinsa hiciera reclamación alguna. El plazo estipulado inicialmente era de 608 días, pero pasó a ser de 656 días tras las dos ampliaciones aprobadas. Sin embargo, el final de obra no se firmó hasta el 5 de febrero de 2025, por lo que el plazo de ejecución final fue de 699 días.

El pliego de contratación establecía como falta "muy grave" que se retrasase la entrega de las obras en 15 días y, aun así, el Gobierno de Chivite no decidió imputar el retraso de 43 días que cometió la UTE. El consejero de Vivienda en esta adjudicación, José María Aierdi, fue director gerente de Nasuvinsa en la anterior contratación de Servinabar para construir viviendas de protección oficial en 2018, cuando gobernaba Geroa Bai (el brazo navarro del Partido Nacionalista Vasco).

De esta adjudicación, Anticorrupción llegó a señalar que se ignoraron "todos los principios de la contratación pública", y que se cometieron hasta catorce irregularidades. Este contrato de 6,8 millones para la construcción de 62 viviendas también ha sido criticado en una auditoría externa solicitada por la Corporación Pública Empresarial de Navarra que constata ausencia de actas, documentación clave e incumplimiento de los requisitos de publicidad que exige la Ley Foral de Contratos Públicos.