La Fiscalía no ve delito en el fiscal general y pide al Supremo que le absuelva

La número dos de la Fiscalía, Ángeles Sánchez Conde, ha remitido un escrito al Tribunal Supremo en el que destaca que los hechos que se atribuyen al fiscal general del Estado en el caso de la revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso "no son constitutivos de delito" y reclama su "libre absolución". El Ministerio Público, que ya se ha opuesto en otras ocasiones a la investigación, reclama, además, que se cite a declarar como testigo en el juicio al empresario Alberto González Amador, además de al jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y el abogado Carlos Neira.

"Ninguna intervención puede atribuirse al Excmo. Sr. Fiscal General del Estado en la divulgación de los correos electrónicos intercambiados entre el Ilmo. Sr. Fiscal D. Julián Salto Torres y el letrado D. Carlos Neira Herrera. La información contenida en esos correos electrónicos ya era conocida por otras personas con anterioridad a que el Excmo. Sr. Fiscal General del Estado adquirió conocimiento de la misma y previamente a que se difundiera la nota informativa de la Fiscalía", indica el escrito al que ha tenido acceso El Confidencial.

La teniente fiscal vuelve a apuntar al entorno de la presidenta madrileña y destaca que la denuncia por delitos contra la Hacienda Pública contra la pareja de Ayuso tuvo una relevante repercusión mediática y, tras conocerse, el jefe de gabinete "transmitió a múltiples periodistas que la Fiscalía había ofreció un acuerdo al Sr. González Amador y que, antes de que el mismo pudiera responder, la misma Fiscalía había recibido órdenes “de arriba” para impedir el acuerdo".

También insiste en que fue la publicación de que existía un ofrecimiento del Ministerio Público para pactar una conformidad la que generó la intervención en este episodio de García Ortiz. "Como consecuencia de las publicaciones que suponían atribuir al Ministerio Fiscal un comportamiento que se alejaba del adoptado en supuestos idénticos, que carecería de sustento legal y que le ocasionaba un evidente perjuicio, la Excma. Sra. Fiscal Superior de Madrid contactó telefónicamente con el Excmo. Sr. Fiscal General del Estado. Instantes después, de conformidad con lo previsto en el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el Excmo. Sr. Fiscal General del Estado interesó que se le informase sobre la actividad llevada a cabo por la Fiscalía Provincial de Madrid en relación con los datos publicados", destaca.

El escrito no menciona la publicación del contenido de los emails intercambiados entre la defensa de González Amador y el fiscal de su caso y se centra en la nota de prensa que se elaboró con base a ellos. Dice que a instancias del jefe de la Fiscalía, "a las 10:20 horas del 14 de marzo de 2024, la Fiscalía de la Comunidad de Madrid difundió entre los medios de comunicación social una nota informativa con membrete de la Fiscalía Provincial de Madrid".

"Esta nota contenía hechos ciertos y acreditados, que desmentían las informaciones inveraces publicadas por algunos medios de comunicación y responsables públicos, eran de público conocimiento con anterioridad a la difusión de aquella y demostraban que el fiscal responsable del asunto se había atenido escrupulosamente a sus deberes profesionales", agrega.

Indicios "sólidos"

La postura de la Fiscalía contrasta con la del instructor Ángel Hurtado, que en su auto de apertura de juicio oral destaca que los indicios apuntan a que reveló, "en su condición de fiscal general del Estado, secretos de los que pudo haber tenido conocimiento por razón de su cargo".

Para Hurtado, la instrucción ha arrojado indicios "sólidos" de la participación de García Ortiz en los hechos. Explica que el correo del abogado de González Amador de 2 de febrero de 2024 que acabó filtrándose contenía "información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano, que habían sido aportados con vistas y a los efectos de un ulterior proceso penal, en el curso de unas conversaciones privadas entre su letrado y el fiscal encargado del caso, sujetos a los criterios de reserva y confidencialidad por parte de la Fiscalía".

La fiscal también reclama que se escuche en el juicio a distintos periodistas que ya han declarado en instrucción en descargo de García Ortiz, además de a la fiscal Almudena Lastra y a los responsables de comunicación de las Fiscalías General y Provincial. También a los agentes de la Guardia Civil encargados del caso.