El CGPJ desmiente al Gobierno y asegura que pidió "solventar las incidencias" de las pulseras

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, un órgano adscrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), asegura que en febrero pidió que "se adoptaran las medidas necesarias para solventar las incidencias y propiciar las mejoras adecuadas” con las pulseras antimaltrato. El observatorio desmiente así la versión ofrecida por el Gobierno, que la pasada semana envió una carta a este organismo para afirmar que el sistema "está funcionando al 100%" y que ellos no han recibido "comunicación oficial alguna (...) relativa a la mala calidad del servicio que iba a ofrecer" la nueva adjudicataria a partir de 2024.

La presidenta del observatorio, Esther Erice, ha mandado una carta a la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Carmen Martínez Perza, para enumerar las ocasiones en las que les advirtieron sobre dichos problemas. De esta manera, contradice también al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que este mismo lunes ha asegurado durante un acto en Zaragoza que "nunca hubo una brecha de seguridad" y que "el sistema no ha fallado en ningún momento".

Según señala Erice, ellos mismos avisaron por escrito sobre los problemas en al menos tres ocasiones: "Así sucedió (...) con dos informes remitidos por el presidente de la Audiencia Provincial de Granada informando de diversas incidencias referidas por los órganos judiciales de la provincia, de los que se dio cuenta desde el Observatorio a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género mediante oficios de fechas 8 de enero y 21 de febrero de 2025, respectivamente; y con la comunicación de otra incidencia remitida por un órgano judicial de Galicia, de la que se dio traslado a la delegación el 27 de febrero de 2025".

Su carta apunta además a que estas incidencias fueron tratadas “de forma exhaustiva” en la reunión del pleno del observatorio celebrada el pasado febrero. En el curso de dicha reunión, señala la carta, “intervinieron todas las instituciones concernidas que integran este órgano y se adoptaron medidas para agilizar aún más, si cabe, la transmisión de las incidencias que pudieran producirse”. Erice destaca que, por parte del observatorio, “se interesó de quien gestiona estos dispositivos que se adoptaran las medidas necesarias para solventar las incidencias y propiciar las mejoras adecuadas”.

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Los informes de Cometa, que es el centro de control que gestiona las pulseras, también remarcan que la situación se puso "en conocimiento del Ministerio de Igualdad" a lo largo del 2024, tal y como desveló este diario el pasado viernes. Sin embargo, desde el Gobierno han tratado de minimizar los problemas durante los últimos días e Igualdad ha negado incluso haber recibido "ninguna comunicación oficial" al respecto, lo que ha provocado que el CGPJ emita ahora este comunicado para desmentirles.

Las dos cartas del observatorio

El Confidencial ha tenido acceso a dos de las cartas que el CGPJ menciona en su comunicado. La primera de ellas fue enviada por Erice a la delegada del Gobierno contra la violencia de género el pasado 8 de enero. "En este observatorio se ha recibido escrito del presidente de la Audiencia Provincial de Granada en el que da cuenta de distintas incidencias y disfunciones detectadas en relación con algunos dispositivos telemáticos instalados por el Centro Cometa", advertía en la misma.

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"En cumplimiento del objetivo que compartimos de garantizar la mayor protección y seguridad de las víctimas, te adjunto copia del mencionado escrito, a los efectos oportunos, con el ruego de que me mantengas informada de las medidas que se puedan adoptar al respecto", añadía.

Un mes después, el 21 de febrero, la presidenta del observatorio le envió una nueva carta. "Le remito ahora nueva documentación en la que figuran informes emitidos por distintos organismos sobre la misma cuestión, que nuevamente nos ha hecho llegar el presidente de la Audiencia Provincial de Granada".

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La expresidenta del observatorio, María Ángeles Carmona, aseguró el pasado miércoles en una entrevista concedida a El Confidencial que ella misma alertó en enero de 2024 a la actual ministra de Igualdad, Ana Redondo, sobre los riesgos que entrañaban las nuevas pulseras antimaltrato durante una reunión que mantuvieron en la sede del CGPJ. "Se lo advertimos. Le advertimos de que este servicio no tenía las garantías", destacó Carmona.

La propia memoria de la Fiscalía General del Estado de 2024 incluyó además una advertencia sobre la "gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios" que han provocado los problemas con las pulseras. Según explicaba memoria, las fiscalías de Madrid, Girona, Granada y Tenerife les habían alertado sobre la situación, pero, tras la polémica que suscitó esta denuncia, matizaron sus palabras y siguieron la misma línea que el Gobierno a través de un comunicado: "Las víctimas estuvieron protegidas en todo momento porque los dispositivos funcionaron", aseguraron.

"Pedimos reparación del daño"

Organizaciones como la Fundación Mujeres ya han reaccionado ante esta situación y exigido la "reparación del daño de las víctimas que hayan visto sus derechos afectados por el funcionamiento de los dispositivos". Según defiende, el sistema de geolocalización "ha mostrado su eficacia a lo largo de los años y es, sin duda, uno de los mecanismos más seguros de protección para las mujeres víctimas", pero esto no quita que se hayan "podido producir algunas incidencias que han afectado tanto a los datos del seguimiento como al buen funcionamiento de los dispositivos".

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"Queremos pedirles a las instituciones responsables, empezando por el propio Ministerio de Igualdad, que pongan urgentemente a disposición la información real y concreta del alcance de dicha afectación, ya que solo un conocimiento preciso del alcance de dichas incidencias puede evitar que se ponga en entredicho la confianza global en un sistema que resulta necesario para la protección de las víctimas", argumentan. "Nada de lo que haya pasado puede ser peor que la sospecha sobre la efectividad del sistema en su conjunto y la desconfianza de las mujeres en la seguridad que les proporcionan los dispositivos".