El mapa de la población flotante: ¿cuánta gente vive de verdad en tu municipio?

Antonio lleva toda su vida votando en Teba (Málaga), su pueblo natal. Sin embargo, reside desde hace 25 años en Marbella. "Es que, después de 80 años, ¿cómo voy a perder mi antigüedad en el pueblo? Sería como darle un tortazo y además, sobre todo, ¿cómo voy a dejar de ir a votar allí?", explica. Como él, son miles los españoles que se resisten a empadronarse en el municipio en el que viven. Algunos lo sienten como una traición a sus orígenes; otros, lo hacen por no perder algunos privilegios, como descuentos en vuelos o ferris con origen o destino más allá de la península.

No existen estadísticas para medir el número de personas que no están empadronadas donde deberían, aún cuando sus efectos en los recursos públicos son relevantes para los ayuntamientos. La brecha entre la población real de los municipios y la registrada en el padrón también se explica por quienes viven en una localidad pero deciden no empadronarse.

El coche, bus o tren es el pan nuestro de cada día para millones de españoles. Alrededor de la mitad de los ocupados (45,7%) y estudiantes (47,7%) no viven en la localidad en la que se encuentra su oficina o centro de estudios. Pero, en algunos casos, estas distancias van más allá de lo que se considera razonable para un desplazamiento diario. Según una estimación de El Confidencial a partir del Censo de Población y Viviendas, 666.089 personas, es decir, el 3,4% de los ocupados y estudiantes, estaban empadronadas a más de 150 kilómetros del municipio donde desarrollaban su actividad profesional o académica en 2022.

"Los 50 kilómetros de trayecto marcan el umbral a partir del cual aumenta el coste personal del desplazamiento, motivando un cambio de municipio de residencia", explica Joaquín Recaño, profesor de Geografía en la Universidad Autónoma de Barcelona e investigador del Centro de Estudios Demográficos. Si aplicamos esta distancia propuesta por este experto entre hogares y centros laborales o educativos, la cifra asciende a 1,76 millones de ocupados y estudiantes, el 14,1% del total.

Entre ellos, hay casos aún más extremos. En Valdemoro, uno de cada diez trabajadores está empadronado a más de 250 kilómetros. Le sigue Madrid, donde esto sucede con el 8% de todos los ocupados en la ciudad. A modo de ejemplo, aquí trabajan 13.464 personas que figuran como residentes en Canarias —3.246 solo de Las Palmas de Gran Canaria— o 6.712 en Baleares. En Barcelona y en El Prat de Llobregat repunta también el número de empleados que viven a mayor distancia, aunque lejos de lo observado en municipios de la Comunidad de Madrid.

Que buena parte de las sedes empresariales se localicen en la capital podría explicar, en parte, este alto porcentaje, ya que el INE recopila la información de las cuentas de cotización, aunque no solo de las principales, sino también de las secundarias, lo que permite afinar el análisis. Más allá de Madrid, este fenómeno se observa también en localidades más pequeñas, como en Bermeo (Vizcaya), Villacarrillo (Jaén) o Mutxamel (Alicante).

Los municipios con más población flotante

El INE midió por primera vez en 2001 la magnitud de la población flotante a través del concepto de población vinculada no residente, que agrupa a quienes trabajan, estudian o pasan más de 14 noches al año en una localidad sin vivir oficialmente en ella. Este indicador ofrece "una mejor estimación de la carga real de población que debe soportar un municipio", según la metodología de Estadística.

Pero el último censo que lo calculó fue el de 2011. Los más recientes utilizan registros administrativos. Tienen un mayor alcance y permiten actualizar la información más rápido, pero pierden información que solo las entrevistas personales consiguen obtener, como el pernoctar más de dos semanas en otro lugar, como una segunda residencia.

En algunas localidades, la población flotante duplica la población empadronada. Es el caso del concejo asturiano de Llanera, sede del Parque Tecnológico de Asturias y nudo de comunicaciones entre Oviedo, Gijón y Avilés. Allí, los trabajadores no residentes representan el 132,2% de su padrón. "La población vinculada es un factor clave en el dinamismo económico del concejo", admite la alcaldesa Eva María Pérez.

Así, Llanera aspira a convertirse en un municipio "no solo para trabajar, sino también para vivir", fomentando que cada vez más trabajadores establezcan allí su residencia. Para ello, su alcaldesa considera esencial gestionar el flujo de población flotante sin comprometer la calidad de los servicios o el bienestar de los vecinos. El desaparecido Comisionado del Gobierno para el Reto Demográfico ya advertía en 2019 que la falta de previsión sobre su impacto "puede provocar fuertes desajustes" en los recursos públicos.

Según un estudio de Fedea, la población flotante presiona especialmente a los ayuntamientos, sobre todo en limpieza, recogida de basura y seguridad ciudadana, y en menor medida en la administración autonómica, principalmente con atención sanitaria esporádica. No obstante, también representa una fuente importante de ingresos, gracias a impuestos como el IBI de las segundas residencias o la tasa turística, así como por la actividad económica que genera, explica Ángela Castillo, profesora de Economía en la Universidad de Zaragoza.

La cosa va también con quienes cursan sus estudios lejos de casa por largas temporadas, como la universidad. Casos como el de Cerdanyola del Vallès, donde los estudiantes no residentes representan el 45,5% del censo, muestran la magnitud del fenómeno. "El reto es dimensionar las infraestructuras y servicios más allá de las cifras oficiales", afirma David Gómez, portavoz del consistorio, quien subraya su impacto en los equipamientos municipales, transporte o protección civil. A la par, la población flotante impulsa la economía local, desde comercios y restaurantes hasta librerías y alojamientos temporales, y enriquece el tejido social con nuevas ideas y actividades.

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La presencia de estudiantes no residentes es igualmente notable en otras localidades con campus universitarios, como Sant Vicent del Raspeig (Alicante), Villanueva de la Cañada (Madrid), Santiago de Compostela (A Coruña) o Godella (Valencia). Sin embargo, el fenómeno de la educación online también explica los altos valores de ciudades como Lleida o Logroño, donde se encuentran las sedes de centros de formación profesional como iLerna en la capital lerida o la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

Otros municipios combinan trabajadores y estudiantes: Leioa atrae a una población equivalente al 87,5% de su padrón gracias, entre otros, a la Universidad del País Vasco, y Pozuelo de Alarcón moviliza un contingente cercano al 89,5% de su censo por su polo laboral y académico. Así, la población flotante, lejos de ser un fenómeno marginal, configura de manera decisiva la dinámica social y económica de numerosos municipios españoles.

"La gente vive donde puede, no donde quiere. La centralidad urbana es cada vez más codiciada, pero el espacio es limitado: al final, solo quienes tienen mayor poder adquisitivo pueden permanecer en la ciudad", advierte Recaño. Así, muchas personas terminan residiendo temporalmente en municipios cercanos o suburbanos próximos a las áreas metropolitanas, cuya revalorización se ha intensificado tras la pandemia. Es el caso de zonas próximas a Madrid —Toledo, Guadalajara o Cuenca—, así como en localidades de Navarra, La Rioja o Burgos, favorecidas por su proximidad al País Vasco, añade.

Vivir en un municipio sin empadronarse

El empadronamiento es un trámite que muchos evitan por motivos personales o burocráticos, aunque los inconvenientes aparecen cuando llegan las dificultades. El caso de Antonio, de 85 años y natural de Teba (Málaga), representa a quienes no quieren perder el vínculo con sus orígenes. Pero, por sus problemas de salud, sus hijas quieren solicitar la ayuda a domicilio en Marbella, donde reside desde hace 25 años. Él se resiste a cambiar su empadronamiento, requisito indispensable para recibirla.

Así, el acceso a ciertos beneficios limitado a los vecinos es uno de los motivos por los que algunos se replantean cambiar. "No me empadroné al mudarme a Madrid porque quería votar en las elecciones autonómicas de 2023 en mi región", afirma Blanca, periodista murciana de 27 años que reside en la capital desde hace tres años. Ahora considera hacerlo para acceder a las ayudas municipales, asegura.

Es en los estudiantes donde se detectan mayores porcentajes de personas cuyo centro académico está más lejos de su lugar de residencia. Universitarios, por ejemplo, que necesitan desplazarse a otras provincias para cursar sus estudios durante varios años. María, por su parte, llegó en 2022 a Madrid desde Torre del Mar (Málaga) para cursar un máster. "No me empadroné porque, al principio solo venía a estudiar, me daba pereza y además, cambiar tu residencia en el DNI impresiona", cuenta.

Aun así, reconoce que a veces se arrepiente. "Al no estar empadronada no tengo médico asignado y muchas veces he tenido que esperar a estar muy mal para acudir a urgencias". Aunque permanecerá algunos meses más en Madrid, no contempla realizar este trámite, ya que su intención es regresar a su Málaga natal.

Para muchos, empadronarse o no depende de los incentivos. "La población se empadrona en el municipio que más le facilite la vida", afirma Recaño, por lo que en ocasiones se recurre al "uso torticero del empadronamiento". "Hay quienes trabajan en Barcelona pero compran una vivienda en el Vallès y empadronan a sus hijos con los abuelos para acceder a la escolarización", señala. También recuerda que "el Ayuntamiento de Barcelona recuperó decenas de miles de empadronados" por requisitos como el acceso al área verde vecinal, lo que refleja cómo la picaresca cultural aún tiene cierta presencia.

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No estar empadronado donde se reside puede acarrear sanciones, aunque las multas se fijaron en pesetas y las cantidades no se actualizan desde hace casi 40 años. El Real Decreto 781/1986 obliga a la población residente en España a registrarse en su municipio de su residencia habitual, y quienes viven en varios lugares deben empadronarse solo en aquel donde pasan más tiempo a lo largo del año.

Para quien no cumpla esta obligación, la ley prevé una multa cuya cuantía depende del tamaño de la población. Mientras que en los municipios de menos de 5.000 habitantes es simbólica, de apenas tres euros, en las seis ciudades de más de 500.000 habitantes alcanza los 150, según el artículo 59 del Real Decreto 781/1986, de 18 de abril. En la práctica, los importes son tan bajos que empadronarse fuera del municipio de residencia habitual a veces resulta más rentable que cumplir la obligación.