Un informe judicial contradice a Igualdad sobre las pulseras: "Hubo víctimas desprotegidas"

El Ministerio de Igualdad asegura que los problemas con las pulseras antimaltrato fueron "puntuales" y que “las víctimas siempre han estado protegidas porque los dispositivos han funcionado", pero jueces y fiscales contradicen esa versión. Algunos de ellos han sufrido los fallos del sistema desde que se cambió en 2024, y así se refleja en un escrito que dos jueces y una fiscal enviaron a sus superiores a comienzos de este año.

"Se han producido numerosas incidencias", alertaron. "En el presente informe, mencionaremos las que con más frecuencia se presentan y las que en nuestra opinión han revestido mayor gravedad por la desprotección de las víctimas".

Su escrito destaca que la situación llegó a tal punto que al menos una víctima se encontró cara a cara con su presunto agresor sin que el sistema emitiera la alerta: "Encontrándose un agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad junto a la víctima y el investigado, el dispositivo de este último daba una ubicación en el informe de incidencia a varios kilómetros de distancia del lugar". También apuntan a que los problemas han provocado "muchas sentencias absolutorias por falta de prueba".

Los dos jueces y la fiscal enviaron este escrito a una audiencia provincial después de que su presidente les solicitara un "informe detallado sobre las incidencias detectadas en el buen funcionamiento del dispositivo Cometa". El centro de control Cometa es el organismo que se encarga de gestionar las pulseras y alerta a los juzgados cuando un maltratador o un agresor sexual incumple una orden de alejamiento.

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Como desveló El Confidencial, los informes de este centro de control detallan las incidencias que se produjeron a lo largo de 2024 y subrayan que la situación se puso "en conocimiento del Ministerio de Igualdad". Los dos jueces y la fiscal destacan que Cometa reconoció incluso a un juzgado que le estaba resultando "imposible" localizar a un investigado. Según indicó su servicio jurídico, esta situación les impedía "desarrollar sus funciones y, en especial, las de protección de la víctima".

El informe de los dos jueces y la fiscal sitúa el origen de estos problemas en el momento en el que "se suscribió un nuevo contrato por el Ministerio de Igualdad". El cambio fue promovido por la anterior ministra, Irene Montero, que lanzó una licitación de urgencia dotada con 50 millones de euros en julio de 2023. El servicio terminó por pasar de Telefónica a Vodafone a comienzos de 2024, cuando la actual ministra, Ana Redondo, ya había tomado las riendas de Igualdad.

"En los primeros meses de funcionamiento del servicio, en varias ocasiones, tras darse cita desde el centro Cometa ante el juzgado de guardia y fuera de horas de audiencia para la implantación del dispositivo al investigado/condenado, se nos comunicaba al día siguiente por el correspondiente juzgado de instrucción que la instalación no había podido llevarse a cabo 'por problemas técnicos', siendo preciso citar nuevamente a aquel", relatan en su informe.

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En septiembre de 2024, Cometa también avisó a un juzgado sobre estos problemas a través de otro escrito: "Con motivo de la última actualización, de manera temporal, no es posible la realización de nuevas instalaciones y/o sustituciones de dispositivos".

Los dos jueces y la fiscal apuntan a que esta clase de incidencias se alargaron durante meses: "En otras ocasiones, fue preciso llamar durante más de una hora y reiteradas veces desde el juzgado al centro Cometa para que acusaran recibo del envío de documentación y concretar la hora de implantación del dispositivo al obligado, sin que centro Cometa contestara ni acusara recibo de la documentación que se le había enviado al correo electrónico habilitado al efecto, teniendo que esperar tanto el personal como las partes y sus letrados hasta que, pasadas las 15 horas, respondieron a las llamadas".

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Esta falta de respuesta por parte de Cometa se extendió a la solicitud de informes sobre el lugar y hora en la que se encontraba un investigado o una víctima. Los jueces necesitan esta información para comprobar si se ha quebrantado la orden de alejamiento, pero el centro de control enviaba una y otra vez el mismo mensaje: "Por la señal de la llamada perdida del dispositivo de control telemático que porta la víctima, no disponemos de geolocalizaciones".

En su memoria de 2024, la propia Fiscalía General del Estado incluía una advertencia sobre la "gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios" que estaba provocando esta situación, pero después matizaron sus palabras y aseguraron que "la mayoría de los casos" se han reabierto. El comunicado que emitieron este jueves repitió palabra por palabra la misma idea que Igualdad: "Las víctimas estuvieron protegidas en todo momento porque los dispositivos funcionaron".

El escrito de los dos jueces y la fiscal desmiente esa afirmación y apunta a que algunos de los informes de Cometa "evidencian" y reconocen "expresamente" la "desprotección de la víctima". Ya no solo por los problemas a la hora de localizar un dispositivo o de no poder colocar nuevas pulseras, sino también por los "constantes errores de falta de cobertura y de ubicaciones incorrectas".

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Otras deficiencias se centran en que Cometa ni siquiera informaba sobre la retirada de un dispositivo a un investigado: "Ni las voluntarias ni las que tienen lugar cuando el mismo ingresa en un centro penitenciario". Además, algunos de sus informes llegaban sin la información necesaria: "Vienen con la firma del técnico que las redacta, sin que aparezca su identidad para que el Ministerio Fiscal pueda pedir su citación para el acto del juicio en los escritos de acusación".

Si no consta "la identidad del asesor jurídico", los juzgados no pueden ratificar las pruebas para condenar a investigados. "Esta circunstancia está determinando que haya muchas sentencias absolutorias por falta de prueba", advierten los dos jueces y la fiscal.

Su informe fue entregado a una audiencia provincial, pero ellos mismos remarcan que dichos problemas afectaron a toda España y echan por tierra los intentos de Igualdad por minimizarlos. "Este tipo de incidencias se producen también en otros juzgados de violencia sobre la mujer, en relación a causas penales en las que se emiten informes de idéntico tenor literal", advierten. "Todas estas circunstancias ponen de relieve, en nuestra opinión, un deficiente funcionamiento del sistema del centro Cometa".