Diario de un juez contra la violencia machista: “Un acusado se quitó la pulsera al ir a la playa”

El magistrado Francisco Gutiérrez ejerce desde hace 18 años en un juzgado de violencia sobre la mujer en Sevilla y conoce bien el funcionamiento de las pulseras telemáticas para controlar maltratadores con el sistema Cometa. Afirma que el problema no se limita al apagón que impidió a los tribunales obtener datos sobre los movimientos de determinados agresores durante el año pasado. También confirma las voces de los profesionales que estos días advierten de que estas pulseras telemáticas fallan y lo respalda con ejemplos concretos en primera persona: “Un acusado se quitó la pulsera al ir a la playa”.

“Los propios investigados nos han enseñado cómo se quitan fácilmente el dispositivo”, dice en declaraciones a El Confidencial. A su juicio, esto es más grave que el apagón informativo que se produjo el año pasado después de que el Ministerio de Igualdad cambiase la empresa encargada de gestionar las pulseras. Si estos dispositivos, ya daban algunos problemas antes, ahora destaca que la situación es peor. Se cambiaron los aparatos que tenían un software israelí por otros ostensiblemente más baratos que, indica, se adquirieron en el mercado abierto.

Las nuevas pulseras presentan problemas de localización de cobertura y batería. “Es absolutamente decepcionante”, crítica. Según acredita con su día a día, no son hechos aislados. El juez Gutiérrez se suma a otros profesionales como los policías o la expresidenta del Observatorio para la Violencia Doméstica y de Género, un órgano adscrito al Consejo General del Poder Judicial. Este magistrado confirma, tal y como desveló este periódico, que desde el observatorio se avisó a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, de los fallos del sistema, pero el Gobierno trata ahora de minimizar estos problemas.

Gutiérrez sostiene que las diferencias entre las pulseras anteriores y las actuales son innegables. “Antes se instalaba y no se lo podían quitar, salvo que interviniera el servicio técnico, que venía, introducía un código y lo quitaba”, advierte. Ese es el motivo por el que tanto él como otros jueces no se arriesgan y cada vez decretan menos esta medida cautelar para mantener a los agresores alejados de sus víctimas. En su lugar, refiere optar por el ingreso en prisión provisional del investigado hasta la celebración del juicio. “Y no me la juego. No va a proteger más a la víctima”, argumenta sobre la pulsera.

También lamenta que cuando un dispositivo da problemas, “la única solución es que viene otro técnico e instala otro igual”. El protocolo consiste en poner una pulsera al acusado y dar a la víctima una especie de teléfono. Si el presunto maltratador incumple la orden de alejamiento, el dispositivo manda una señal al sistema Cometa. Pero no siempre funciona. En un caso, “la policía detuvo al maltratador en el portal de su víctima y la pulsera no generó una alerta”. "Cuando pedimos el informe al centro Cometa, resulta que el dispositivo situaba al maltratador a prácticamente dos kilómetros de la víctima", recuerda Gutiérrez.

A este se le suma otro contratiempo desde que se produjo el cambio de empresa adjudicataria a finales de 2023 y que entró en vigor a comienzos de 2024. Cuenta que el centro Cometa tarda ahora días o semanas en mandar informes y antes era diariamente, cada vez que había una simple alarma. Las incidencias que registran esos informes pueden ser graves, como cuando alguien se la quita o se queda sin batería, pero también sirven para investigar a un investigado de que circula con su coche cerca de su víctima sin detenerse. Esta clase de información debe reflejarse en los informes. “Ahora nos tarda días en llegar y no sabemos el motivo”, denuncia el juez sevillano.

El caso del acusado en la playa

“Llevo 18 años –relata– en el juzgado de violencia y nunca antes un agresor se había quitado la pulsera por sí mismo y ahora es de quita y pon. Este mismo lunes, estando de guardia, tuve que ingresar en prisión a un señor porque llevaba desde junio que se había quitado la pulsera y no estaba localizado. La víctima, evidentemente, es de situación objetiva de riesgo, con lo cual ¿qué tuve que hacer?, librar un oficio a la Policía para acordar la búsqueda y captura”, recuerda.

A su juicio, la mujer que le denunció ha permanecido todo este tiempo desprotegida: “Hasta que lo han cogido, han pasado tres meses. La víctima estaba en riesgo extremo, con una orden de alejamiento, pero desprotegida. Dicté ingreso, es que no puedo hacer otra cosa. Nos llegó la alerta días después de haberse quitado la pulsera, diciendo que no tenían conocimiento de dónde estaba el señor porque se había desprendido de la pulsera. De hecho, él nos dijo después que estaba en la playa, que no le gustaba la pulsera porque estaba en casa de unos amigos y estaba todo el día pitando y se la quitó”.

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Gutiérrez cita además el comentario que le hizo una compañera de la carrera judicial para abundar en la facilidad para desprenderse de estos sistemas de geolocalización: “Un maltratador dijo en sala: ‘Si quiere le enseño cómo me quito la pulsera’”. Estos escenarios han salido a la luz a raíz de la alerta que reflejó la Fiscalía en su memoria anual. Avisó de que la migración de datos entre las dos empresas adjudicatarias sumió al sistema Cometa en un apagón sobre las ubicaciones de los maltratadores denunciados por quebrantar órdenes de alejamiento. Al no poder acreditar sus movimientos por este fallo del sistema, hubo casos que tuvieron que archivarse, según la Fiscalía.

Tras la polémica suscitada –el PP ha pedido la dimisión de Ana Redondo–, la Fiscalía emitió este jueves un comunicado en el que matizaba los avisos de su memoria anual. Explica que las memorias se escriben antes de que acabe el año y que el problema se solucionó. De ese modo, “la mayoría” de los archivos que se decretaron por este problema se terminaron reabriendo. No obstante, la Fiscalía dice no disponer de datos para medir cuánto es esa mayoría y de cuántos casos se trata. También sostiene el Ministerio Público que las víctimas estuvieron protegidas en todo momento porque las pulseras nunca dejaron de funcionar.

España cuenta, a fecha de julio de este año, con más de 4.500 pulseras telemáticas para maltratadores activas, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.