Montero destinó 50 millones a las pulseras que dan fallos cuatro meses antes de ser destituida

El cambio de sistema de las pulseras antimaltrato fue decisión de la anterior ministra de Igualdad, Irene Montero. Su departamento lanzó en julio de 2023 una licitación de urgencia dotada con 50 millones de euros y destinada a gestionar "el servicio integral de seguimiento por medios telemáticos" para asegurar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento de los acusados de violencia de género. Lo hizo cuatro meses antes de ser cesada de su cargo por Pedro Sánchez. La adjudicación a la compañía Vodafone se produjo en octubre y la formalización en noviembre, apenas unos días antes de su salida del Ministerio.

Según acredita tanto la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado como los pliegos de la contratación, el departamento consideraba entonces que existían motivos para lanzar el concurso de forma acelerada y que concurría "una necesidad inaplazable y urgente de iniciar un nuevo procedimiento de licitación mediante procedimiento abierto". La medida coincidió con uno de los momentos más críticos para ella, en plena oleada de excarcelaciones de agresores sexuales a consecuencia de la ley del solo sí es sí, liderada también por Montero y su departamento.

"Se empeñó en sacar el nuevo contrato pese a que ya estaba de salida", lo resumen fuentes jurídicas consultadas que insisten en que el anterior sistema no había provocado nunca problemas y había garantizado sin tacha la seguridad de las víctimas. Pese a ello, se consideró adecuado realizar un cambio que supuso la migración del servicio de Movistar a Vodafone para "modernizar y ampliar los dispositivos" con el objeto de incluir una mejora integral que permitiera extenderlos a víctimas de las formas de violencia contra las mujeres. "Mayor cobertura, mejora tecnológica y menor victimización secundaria", precisan los pliegos.

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El cambio en el sistema ha provocado disfunciones que, como confirma tanto la Fiscalía como el CGPJ, tienen relación directa con el cambio de prestatario y la nueva adjudicación del servicio. Por problemas de descarga y errores en la migración de los datos, desde el anterior proveedor al nuevo, se produjo un apagón que no permitía acceder a información anterior a marzo de 2024. También se han detectado problemas para comprobar el uso correcto de los dispositivos por parte de investigados y para geolocalizarles.

Como ha adelantado este diario, el CGPJ avisó en una reunión a la sucesora de Montero, Ana Redondo, de que el nuevo sistema carecía de garantías. Después de completada la migración, Igualdad adquirió los dispositivos que hasta entonces estaban sujetos a un sistema de renting. Personas como la anterior presidenta del observatorio de violencia de género, María Ángeles Carmona, aseguran que las nuevas pulseras no funcionan correctamente y que los agresores pueden quitárselas con mayor facilidad o que las alertas automáticas han fallado en varias ocasiones.

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Estos fallos han provocado una nueva tormenta política. Ha llevado al Partido Popular a solicitar la dimisión de la actual ministra de Igualdad, Ana Redondo. Desde el Ministerio aseguran que los casos registrados han sido puntuales y que la mayor parte de los errores se solucionó a lo largo de 2024 a medida que avanzaba su uso y se implementaba el nuevo servicio. Pese a ello, la anomalía ha generado consecuencias en los tribunales, tanto en la fase de instrucción como en la fase de enjuiciamiento y provocado "una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios". Según ha concretado después la Fiscalía, algunos de ellos se han resuelto después.

Hasta 2026

Según precisan los pliegos, el presupuesto base de licitación ascendió a un total de 50.075.078,29 euros aunque se fijó primero en 45,4 e incluyó las tarifas por prestación de servicios y suministro de sets de dispositivos electrónicos entre 2024 y 2026 ambos incluidos. Se compraron de forma inicial de 7.600 nuevos sets con una estimación de 3.771 suplementarios para sustituir los que se dañaran por algún motivo. El precio unitario de cada set se fijó en 1.200 euros.

Este volumen de aparatos se justificaba por la ampliación de estos sistemas de control a las víctimas de violencias sexuales y no únicamente a las de género. Se realizó para el cálculo "una estimación de casos en base a la información estadística disponible respecto de los delitos sexuales" con la previsión de que la cifra pudiera incrementarse en los años siguientes.

Buena parte de la decisión vino provocada por los efectos de la ley del solo sí es sí. Montero ordenó que se facilitaran pulseras a aquellas mujeres que pidieran dispositivos telemáticos de control de sus agresores cuando estos hubieran visto recortada su pena por la norma. Según los últimos datos oficiales disponibles, de 2023, el número de excarcelaciones ascendió a 126 personas combinadas con 1.233 reducciones de pena.