La Fiscalía dice que se han reabierto "la mayoría" de casos archivados por el fallo con las pulseras antimaltratro

La Fiscalía General del Estado ha emitido un comunicado este jueves en el que dice que las víctimas de violencia de género "estuvieron protegidas en todo momento" pese a la pérdida de datos temporal sobre la localización de sus agresores por culpa de un problema informático en el sistema de control mediante pulseras telemáticas. Añade que las pulseras de geolocalización cometa “funcionaron”.

Pero la misma nota admite que el apagón temporal afectó a la información de la que disponían los juzgados y reconoce que eso provocó que se archivasen provisionalmente denuncias por quebrantamientos de condena. La principal novedad que aporta este comunicado es que la Fiscalía dice ahora que, una vez solventado el problema, “la mayoría” de los casos se reabrieron, aunque no ofrece datos concretos.

De la propia redacción se deduce que no todos se solucionaron y que hay víctimas que sí vieron perjudicadas sus denuncias por este fallo: “La mayoría de los casos en los que no se pudieron aportar datos se resolvieron posteriormente, pues los sobreseimientos provisionales se reabrieron una vez recuperados los datos”. La Ministra de Igualdad, Ana Redondo, de la que depende la gestión de este sistema de geolocalización, fija los casos en un 1 por ciento.

Con esta nota, la Fiscalía busca aclarar algunos aspectos de la polémica suscitada a partir de la alerta incluida en su propia Memoria Anual. La nota dice que “lamenta profundamente la inquietud que una información de la Memoria 2024 relativa al dispositivo Cometa pueda estar provocando en las mujeres víctimas de violencia”.

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En concreto, en ese documento –que se presenta todos los años para analizar el trabajo de la Fiscalía– se decía que “un denominador común apuntado por muchas fiscalías con informes y datos que fueron facilitados y de las que se dio oportuno traslado a la Delegación del Gobierno de Violencia de Género para que se procediera a su solución, ante la potencial desprotección de las víctimas, es el relacionado con el seguimiento y control de las penas y medidas cautelares de alejamiento”.

El problema, según la Memoria tenía que ver con “el cambio de prestatario y de la nueva adjudicación del servicio al no disponer, por problemas de descarga, de la información del anterior proveedor de servicios y de la información relativa al uso de los dispositivos por parte de investigados y penados o la ubicación de estos”. Añadía que “el propio centro de control «Cometa» ha informado reiteradamente a los juzgados que no pueden facilitarles la información que sea anterior al día 20 de marzo de 2024, fecha en que finalizó la migración a los nuevos dispositivos”.

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El comunicado de la Fiscalía de este jueves admite que “hubo problemas puntuales debidos a la migración de datos que afectaban a procesos penales”, reconoce que “no se pudo obtener la información requerida por los juzgados en un concreto periodo de tiempo”. “Pero insistimos en que el dispositivo funcionaba correctamente”, añade. Es decir, en caso de que un maltratador se saltase su orden de alejamiento, la alarma que activa a las fuerzas de seguridad se ponía en marcha. El problema llegaba después cuando había que acreditarlo ante un juez, porque en la base de datos no estaban sus movimientos.

La Memoria de la Fiscalía alertaba de que “esta anomalía produce sus consecuencias tanto en la fase de instrucción ante el Juzgado Violencia contra la Mujer como en la fase de enjuiciamiento, provocando una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios”. Supuso, de facto, “la pérdida de un elemento probatorio en ocasiones imprescindible para poder formular acusación”. La Memoria insistía en que “se tiene constancia que no ha sido resuelto y ante la petición de una previsión de tiempo su respuesta es: «este Centro de control desconoce cuándo pueda quedar solventada la situación mencionada».

Este el punto más relevante que aclara la nota de la Fiscalía de este jueves para contestar a una polémica que ha llevado al Partido Popular a solicitar la dimisión de la Ministra de Igualdad, Ana Redondo. Lo que matiza el comunicado es que después la mayoría de casos se solucionó a recuperar la información, pero eso no dio tiempo a reflejarlos en la Memoria Anual. “Queremos recordar también que la Memoria de la Fiscalía de 2025 recoge datos de 2024 y se redacta con mucha antelación. El problema quedó resuelto a finales de 2024 y, de hecho, en 2025 no se ha registrado ninguna incidencia”, afirma.

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Otras voces, como la ex presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, afirman que el problema es más profundo. Sitúa el origen de este conflicto en lo sucedido a finales de 2023, cuando el servicio que hasta entonces estaba prestando Telefónica pasó a ser adjudicado a Vodafone. "No nos fiábamos de que el nuevo sistema fuera a funcionar. Entre otras cosas, porque Vodafone no tenía experiencia anterior en el control de esta clase de dispositivos", afirma. Este cambio provocó la adquisición de nuevas pulseras que, según afirma la expresidenta del observatorio, tampoco eran fiables: "Nosotros comprobamos que se habían comprado en AliExpress. Lo comprobé yo".

Apunta a tres problemas que se han repetido durante los últimos meses: los agresores pueden quitarse las pulseras con mayor facilidad, el sistema de alertas ha fallado en varias ocasiones y el mencionado error en el volcado de los datos amenaza con provocar el sobreseimiento de distintas causas contra agresores sexuales y maltratadores. La nota de la Fiscalía destaca que “el informe del técnico de COMETA no es siempre la única prueba inculpatoria, puede haber otros elementos probatorios”.