El caso Koldo apunta a nuevas imputaciones con las empresas en el punto de mira

El caso Koldo y sus dos vertientes en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional se ha ralentizado durante los meses de verano, pero, con la llegada de septiembre y tras el pistoletazo de salida que marca la apertura del año judicial se esperan avances y, lo que es más importante, nuevas imputaciones. Tanto los instructores a cargo de las investigaciones como la Fiscalía Anticorrupción vienen avisando abiertamente de que la causa engordará. Distintos mensajes deslizados en escritos y autos así lo evidencian.

Hace solo unos días tanto el juez Ismael Moreno como el fiscal Luis Pastor lo dejaban claro. El magistrado se refería al numeroso material incautado en las diligencias de entrada y registro practicadas y señalaba los numerosos teléfonos, ordenadores, pendrives y documentación que se encuentra ahora bajo examen de la Unidad Central Operativa (UCO). Se decidía por prorrogar el plazo de instrucción otros seis meses a la espera de nuevos informes ya en elaboración que determinarán "la práctica de nuevas diligencias e incluso de nuevas imputaciones".

Antes de Moreno, Leopoldo Puente, el magistrado del Supremo, tomó la misma decisión. Se refería al "muy significativo volumen de material intervenido a los investigados en el curso de las entradas y registros e intervenciones telefónicas". El magistrado señaló que el análisis de los dispositivos incautados podría desencadenar "la necesidad de practicar nuevas diligencias de investigación". Contienen datos que superan los 10 terabytes, es decir, 65 millones de páginas si todos fueran transcritos.

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Alberto Sanz

La atribución de responsabilidades penales tiene, de momento, una cuenta pendiente que puede dar una pista sobre quienes serán los siguientes. De momento, permanecen imputadas exclusivamente personas físicas pero ninguna jurídica. Se investiga al exministro, José Luis Ábalos, a su antiguo asesor, Koldo García, a los exaltos cargos de Transportes, Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero y al comisionista, Víctor de Aldama. Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE, también investigado, está en prisión provisional. Y, por supuesto, constan como investigados los adjudicatarios de obra pública.

Fue a principios de julio cuando desfilaron por el Supremo cinco empresarios por "su condición, al menos de administradores de hecho de determinadas entidades mercantiles, habrían podido intervenir en la indebida adjudicación en favor de estas de concretas obras públicas a cambio de precio". "Tratándose de personas que, siempre en los términos indiciarios que corresponden a la fase procesal en la que nos encontramos pudieran haber participado en la realización de pagos que en parte habría podido recibir la persona aforada en esta causa especial, la conducta de aquellos aparecería también indisociablemente unida a la de este" y "deben quedar incorporados, en la referida condición de investigados, a la presente causa especial", lo justificaba el juez.

Las empresas adjudicatarias

Había, ya entonces, un mensaje para esas mercantiles. A petición de la UCO se requería la información bancaria con relación a las cuentas o productos que "aparezcan a nombre de cualquiera de los mencionados investigados o al de las empresas Acciona Construcciones, LIC, OPR y Servinabar, en cuyo beneficio podrían haber actuado", así como a nombre de Fialdelso, fundación ligada a Ábalos y en el punto de mira por la recepción de transferencias sospechosas. Que las compañías acaben como imputadas en calidad de personas jurídicas es solo cuestión de tiempo.

Una de las mayores preocupaciones en el PSOE es que ese avance acabe afectando también al propio partido. La sombra de la financiación irregular ha sido una constante casi desde el inicio de la causa, dadas las responsabilidades que ocupaban en la formación los dos principales imputados, Ábalos y Cerdán. Al margen de los posibles indicios que pueden hallarse, es evidente que existió una falta de control y supervisión a los que está legalmente obligada la formación desde 2015 y que hizo aguas con los números tres del partido en la última década.

Se suman, además, pruebas diversas que señalan al partido. Desde la afirmación de la empresaria Carmen Pano de que entregó en Ferraz bolsas de plástico con dinero hasta la de Aldama que habló de que Ábalos y Koldo García le transmitían que una parte de las comisiones que abonaba "como si fuera el banco de España", eran para el partido y que la formación se embolsaba entre un 1 y 1,5% de comisión por obra que supuestamente se extraía de las cantidades que abonaban los adjudicatarios.