Una reforma da a la Mesa del Congreso el poder de sancionar a periodistas y medios

La Mesa del Congreso de los Diputados, que cuenta con la mayoría de PSOE y Sumar, ha aprobado este martes una resolución para desarrollar la reforma del Reglamento de la Cámara que se aprobó en el pleno el pasado mes de julio, y con el que se pretende acotar la actividad de los medios acreditados. El texto detalla la creación de un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria que se encargará de evaluar eventuales procedimientos de sanción ante posibles denuncias internas contra periodistas y medios.

Dicho órgano estará compuesto por la presidenta de la Cámara, Francina Armengol; el vicepresidente segundo —que ahora ostenta el PP, de la mano de José Antonio Bermúdez de Castro—; un miembro de cada grupo parlamentario —en el pleno impera la mayoría del bloque de investidura—; dos periodistas designados por la Mesa de la Cámara a propuesta de la Asociación de Periodistas Parlamentarios; el secretario general del Congreso, Fernando Galindo; y el director/a de comunicación.

Sin embargo, el texto establece también una salvedad y confiere a la Mesa del Congreso la posibilidad de actuar "de oficio" y de abrir un procedimiento sancionador exista o no denuncia previa. El órgano de gobierno del Congreso "tendrá en cuenta el informe instruido" de Consejo Consultivo, pero sin que exista, al menos sobre el papel, la obligación de respetar el criterio de dicho órgano, donde sí están representados todos los grupos.

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A. B. Ramos

El documento, que ha contado con el voto en contra de PP y Vox, establece también el régimen de exclusiones. No tendrán autorización para acceder al Congreso de los Diputados aquellos medios que no tengan en plantilla a más de diez trabajadores, y se veta también la entrada a representantes de páginas webs, blogs, canales de YouTube y perfiles individuales de las redes sociales. Tampoco podrán acceder emisoras de radio o cadenas de televisión de difusión digital, así como a aquellos que "trabajen o colaboren en los equipos de comunicación" de organizaciones políticas, think tanks o consultoras.

La reforma limita también a los redactores literarios acreditados por los medios de comunicación realizar grabaciones dentro de la Cámara, y los reporteros gráficos tampoco podrán grabar vídeos en los pasillos del Palacio de la Carrera de San Jerónimo. Cualquier posible grabación deberá estar autorizada a partir de ahora previamente por la dirección de comunicación.

El PP califica el documento como "un ataque sin precedentes al derecho fundamental a la libertad de información"

Fuentes de la Presidencia del Congreso reiteran que el objetivo de la normativa es garantizar que los "profesionales del periodismo puedan ejercer su labor en libertad y sin coacciones", y está consensuada con la Asociación de Periodistas Parlamentarios y la Federación de Asociaciones de la Prensa de España ante los "episodios de ataques sufridos" en los últimos años por determinados agitadores que fueron denunciados previamente, sin que existiese ninguna normativa sancionadora.

El PP, por su parte, se ha levantado contra el texto. Denuncian que la presidenta del Congreso no les ha permitido presentar enmiendas a la resolución y califican el documento como "un ataque sin precedentes al derecho fundamental a la libertad de información".