El nuevo curso consolida la guerra total entre Sánchez y Feijóo: sólo puede quedar uno

Primero de septiembre de 2025. Comienza la carrera hacia las elecciones generales de, a lo más tardar, verano de 2027. Es la batalla final porque aunque el presidente del Gobierno intente agotar el plazo, el ciclo electoral comienza este curso en Andalucía y Castilla y León y no parará hasta que todos los españoles voten en elecciones generales, lo que supone que la conversación pública se instalará en el modo electoral. Frente a un Gobierno exhausto se levanta un PP ahora sí conjurado en combatir al presidente del Ejecutivo en su terreno y con sus mismas armas.

El mes de agosto ha sido clarividente en este sentido, con una confrontación en los incendios y la inmigración que ha puesto en solfa hasta el mismo modelo autonómico. Bienvenidos, pues, a la última batalla entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, bienvenidos a la guerra total entre los dos modelos que aspiran a gobernar España. Sólo puede quedar uno y no hay espacio para la paz.

Septiembre llega fuerte, con una serie de hitos más o menos previstos, a lo que hay que sumar lo imprevisible, eso que desde una perspectiva de táctica electoral muestra cuán engrasadas están las maquinarias: llámese pandemia, caos ferroviario, incendios o apagón. Alberto Núñez Feijóo ha aprendido la lección: no va a haber tregua, y eso obliga al Gobierno a estar atento. Tratándose de Pedro Sánchez que nadie dude de que lo está, para él la remontada empezó el mismo día en que compareció compungido en Ferraz para pedir perdón.

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Las incógnitas que se desvelarán en los próximos meses se dividen en cinco ámbitos: las investigaciones judiciales que cercan al Gobierno, la soledad parlamentaria que le impide legislar, el marcaje europeo ante el desgaste institucional, la incapacidad para resolver fenómenos que tensionan socialmente, como la inmigración o la vivienda, la pérdida de influencia y prestigio internacional y la evolución de la paradójica situación económica española, tan dispar entre lo macro y lo micro.

Ojo y medio en los tribunales

Lo más urgente tiene que ver con los tribunales, pues en septiembre habrá novedades en todos los casos que copan las portadas de los periódicos: Koldo, Begoña, hermano y fiscal general. Hay una pregunta recurrente: de todos los escándalos de corrupción que cercan al presidente del Gobierno, ¿cuál le hace más daño? No hay respuesta fácil, aunque todos tienen un efecto pernicioso.

Si se mide en función del grado de preocupación en La Moncloa, resulta obvio que el primero de la lista es el llamado caso Koldo evolucionado a caso Cerdán, una trama de corrupción que ha puesto contra las cuerdas al presidente del Gobierno porque alcanza a la cúpula del PSOE y alcanza al Ejecutivo y porque nadie sabe hasta dónde podrá llegar la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El problema para el Gobierno es que no puede controlar los tiempos ni calibrar la dimensión de los golpes.

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La investigación trabaja ya en dos ejes: los informes patrimoniales de los principales afectados de la trama, dos de ellos ex secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán; y los tentáculos de la trama que puedan afectar a Navarra, donde gobierna la socialista María Chivite gracias a Bildu; a la presidenta del Congreso, Francina Armengol; y al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, los dos últimos por sus etapas como presidentes de los gobiernos de los archipiélagos españoles. Las novedades en la investigación del caso Koldo se esperan para este otoño, desde este mismo mes de septiembre, pero públicamente no hay certezas sobre cuándo recibirá los informes el instructor del caso en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente.

También en septiembre, más pronto que tarde, su compañero en la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, Ángel Hurtado, tendrá que tomar la decisión definitiva sobre si enviar o no al banquillo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Las fuentes judiciales consultadas por este periódico confirman que la respuesta será afirmativa y pronto y que el juicio se celebrará previsiblemente antes de Navidad.

Si el caso Koldo preocupa mucho en la Moncloa, el caso fiscal general enerva al mundo judicial, por lo que tiene de antecedente que el jefe de la Fiscalía esté siendo investigado y no dimita. La erosión es para el sistema en su conjunto, sobre todo si García Ortiz se atornilla aún más a su puesto como punto de apoyo para la estrategia de bunkerización del Gobierno ante los escándalos. Conviene no olvidar que uno de los principales argumentos para que Sánchez permanezca en La Moncloa es la garantía de contar con la protección de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado ante los escándalos que le cercan familiarmente.

Opinión

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Desde una perspectiva política, en La Moncloa ya lo dan por amortizado e incluso lo ven como una oportunidad para victimizarse y tratar de utilizarlo contra una de sus adversarias políticas, Isabel Díaz Ayuso, a través de su novio, Alberto González Amador. Por tanto, la preocupación en este caso no es tanto política, pues el Gobierno ya tiene estudiado su posicionamiento en todos los escenarios, como institucional.

En tercer lugar, está el caso Begoña. Su declaración ante el juez tras su quinta imputación está prevista para el 11 de septiembre, Diada en Cataluña. Superadas las fronteras de lo ético y lo estético, el caso avanza hacia la responsabilidad penal de la esposa del presidente del Gobierno con el Ejecutivo tratando de señalar y amedrentar al juez del caso, Juan Carlos Peinado, que a diferencia de otros magistrados apenas ha disfrutado de vacaciones este agosto.

¿Es este el caso más grave? No desde una perspectiva de corrupción sistémica, lo es más el caso Koldo; y no lo es desde el punto de vista institucional, lo es más el caso fiscal general; pero desde el punto de vista de la capacidad de desestabilización personal del presidente del Gobierno ocupa la primera posición, y los cinco días de reflexión y los ataques al juez instructor (que ha tomado un puñado de decisiones controvertidas), son las mejor prueba.

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No obstante, no todo serán malas noticias para el Gobierno en los tribunales. En este curso habrá dos hitos judiciales que afectan al PP: el avance de la instrucción del caso Montoro, que apunta un otoño intenso; y el juicio del caso Kitchen, que comenzará en mayo en la Audiencia Nacional y se convertirá en un desfile de altos cargos de los gobiernos de Mariano Rajoy.

Hiperactividad judicial, parálisis legislativa

En contraposición a esa hiperactividad en los tribunales, en el curso pasado saltó a la vista la incapacidad del Gobierno para aprobar leyes en el Parlamento. Hace ahora un año el presidente del Gobierno dijo públicamente que gobernaría “con o sin el concurso del Legislativo”. Dijo la verdad, como demuestran las más de 40 derrotas que sus socios le propinaron en los primeros siete meses de 2025.

La novedad este curso es que después del desgaste provocado por el escándalo Cerdán, el Gobierno quiere trasladar la imagen de que puede gobernar, y por eso Sánchez se ha comprometido a presentar los Presupuestos para 2026, una obligación constitucional que ya se ha saltado en dos ocasiones. Sin embargo, todos sus socios, salvo Bildu, son escépticos: Junts está subiendo el precio y quiere recuperar poder real en forma de diputaciones y ayuntamientos; ERC pone como requisito previo aprobar un nuevo modelo de financiación para Cataluña, otro de los asuntos que tensionará el modelo autonómico; y Podemos está en una estrategia maximalista que hace muy difícil satisfacerle.

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Como consecuencia de la necesidad de atraerse de nuevo a los independentistas, mañana mismo el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar la quita de deuda para las autonomías, un asunto que satisface a los socios catalanes y pone en una situación difícil a los presidentes autonómicos del PP, comprometidos a renunciar a que les perdonen sus deudas a cambio de ser coherentes en la defensa de la igualdad entre los ciudadanos.

Este es uno de los asuntos que va a marcar el curso político: el choque entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, como este agosto ha quedado patente con los incendios y el reparto de menores. Lo más novedoso es que el PP ha aprendido la lección y el presidente Feijóo ha dado dos órdenes: todo el partido coordinado siguiendo la estrategia nacional y todos los portavoces dando absolutamente todas las batallas al Gobierno. Este lunes se reúnen en Aranjuez para preparar el asedio a La Moncloa.

Europa vigila

Otro de los elementos a tener en cuenta en el inicio de este curso político tiene que ver con Europa. Al comienzo del otoño está previsto que el abogado general de la UE tome posición sobre la amnistía, tras la vista celebrada antes del verano. Su decisión será la antesala de la que a principios de año adopte el Tribunal de Justicia (TJUE), que será definitiva para dilucidar la dispuesta entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo sobre el alcance de la amnistía al procés. De esa decisión depende que Puigdemont deba seguir en Waterloo a espera de juicio y que Oriol Junqueras continúe inhabilitado hasta 2031, lo que sin duda condiciona las relaciones entre el Gobierno y sus socios independentistas.

Además, entre el 16 y el 18 de septiembre el Parlamento Europeo va a enviar una misión a Canarias para supervisar la gestión del fenómeno migratorio y una delegación de la Comisión de Venecia viajará a Madrid para interesarse por qué el Gobierno ni impulsa el cambio del modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como pactaron Félix Bolaños y Esteban González Pons en junio del 2024. En Europa preocupa la situación de la Justicia y de los medios de comunicación, y la Comisión de Libertades del Parlamento celebrará este mes de septiembre una sesión para interesarse por ambos sectores.

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Entre tanto, el ministro Bolaños tratará de aprobar cuanto antes la reforma de la Justicia que lleva su nombre, ya que antes del verano no concitó el apoyo de sus socios. Lo mismo le sucedió a la vicepresidenta Yolanda Díaz, incapaz hasta el momento de sacar adelante su medida estrella de la legislatura, la reducción de la jornada laboral.

Más allá de la medida en sí, la vicepresidenta necesita reivindicarse, pues su liderazgo está en entredicho y en este curso debe empezar a resolverse el enigma Sumar, un conglomerado de formaciones que está más cerca de estallar en mil pedazos que de conformar una opción ganadora en el espacio de la izquierda radical. Y Podemos lo sabe, por eso su planteamiento va a seguir siendo la confrontación con el Gobierno para mostrarse como la auténtica opción de izquierdas.

Este 1 de septiembre se inicia un curso electoral atípico, porque la situación política española está plagada de situaciones anómalas, porque los escándalos que afectan al Gobierno son muchos, importantes y diversos, porque la gobernabilidad está más que en entredicho, porque el desgaste institucional es palmario y Europa lo sabe y porque las tensiones en la política nacional se han trasladado ya al Estado autonómico. Con estos ingredientes, la conversación pública será de alto voltaje y los dos aspirantes a ser el próximo presidente del Gobierno están dispuestos a afrontar la guerra de los dos años. O quizá menos. Sólo puede quedar uno.