El fiscal general a juicio y los magistrados en armas: el último trago amargo de Bolaños

La apertura del año judicial se espera, otro año más, tensa. Como cada curso, el acto de estreno del curso agrupará a los principales representantes de la judicatura y la Fiscalía en una celebración formal presidida por Felipe VI. Sin embargo, el ambiente está ahora más enrarecido que nunca. Eso mucho decir en un periodo en el que la desconfianza mutua entre los poderes ejecutivo y judicial se ha convertido en la nueva normalidad.

La presencia en el acto del fiscal general, procesado por revelación de secretos y al borde del juicio, junto al rey y a la presidenta del Tribunal Supremo se ha convertido en un nuevo elemento de distorsión A él se suma el malestar general de la judicatura al que asistirá en primera persona el ministro de Justicia Félix Bolaños. El pasado año, sentado entre el público, tuvo que escuchar las críticas lanzadas por la recién estrenada presidenta del Supremo, Isabel Perelló. De entonces a ahora las relaciones no han hecho más que empeorar y el enfado de la judicatura es ya un clamor.

Julio arrancó con una huelga de jueces organizada precisamente contra iniciativas legislativas lanzadas por Bolaños. La protesta se centró en el rechazo a dos iniciativas legislativas lanzadas por el Gobierno y destinadas a reformar la Justicia en un momento en el que tanto Moncloa como el PSOE se encuentran rodeados de causas judiciales vinculadas a la corrupción, Las normas en trámite cuestionadas son el proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal y el anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal,

La sensación general en la carrera es que el Ejecutivo ha decidido pasar de las palabras a los hechos. Tras criticar abiertamente la actuación de diversos jueces a cargo de procedimientos sensibles para el presidente Pedro Sánchez -como el que afecta a su mujer o su hermano- la introducción de nuevas leyes se interpreta como un intento de control, una intervención de un poder en el otro. Como es natural por su cargo, buena parte de estas iras se vuelcan en el ministro.

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La crisis se cerró en falso por la llegada del periodo de vacaciones, pero quedó entonces muy lejos de apagarse y amenaza con rebrotar con más fuerza a medidas que estas iniciativas vayan avanzando. La huelga sirvió únicamente para evidenciar la oposición, pero no favoreció la interlocución con el Ministerio ni que se abriera la puerta a introducir cambios que calmaran los ánimos.

El fiscal general

En medio de este ambiente ya caldeado irrumpe, además, la polémica por la presencia en un lugar de honor del acto del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Justo antes del verano, el Tribunal Supremo confirmó su procesamiento por un delito de revelación de secretos y está pendiente de que se dicte la apertura del juicio oral en su contra. Si fuera un fiscal raso y no el máximo responsable del Ministerio Público, ese paso procesal supondría su suspensión.

Opinión

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De forma más callada que pública, una gran parte de las carreras judicial y fiscal viene insistiendo en que su salida es imperativa. En numerosas ocasiones él ha reivindicado su voluntad de continuar y ha recibido siempre pleno respaldo del Ejecutivo. En los últimos días, Bolaños insistió en este punto. "Es muy conocida la posición que tiene nuestro Gobierno de apoyo al fiscal general del Estado, a la magnífica labor que está llevando en la persecución del delito y en contar la verdad", manifestó. "Está en plenitud de sus facultades", dijo también el ministro preguntado sobre si su asistencia alteraría la formalidad del acto.