Sánchez entrega la lucha contra la corrupción a Montero, cinco ministros y su jefe de gabinete

"Si quieres resolver un problema, nombra un responsable. Si quieres que se demore eternamente, monta una comisión". Esta frase atribuida a Napoléon Bonaparte viene al pelo de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la primera medida del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez el pasado 9 de julio en el Congreso de los Diputados: la constitución de una Comisión Interministerial para el impulso del citado plan.

En el real decreto publicado en el BOE, de cuatro páginas y repleto de circunloquios y expresiones voluntaristas, el Ministerio de Justicia explica que el nuevo organismo se encargará de "implementar, seguir y evaluar" las medidas que el Gobierno va a poner en marcha para luchar contra la corrupción, todas ellas enfocadas "en la prevención y el castigo de este tipo de conductas" y concebidas como respuesta al escándalo de Santos Cerdán, hasta dos semanas antes número tres del Partido Socialista (PSOE).

Justicia también establece quiénes formarán parte de la comisión. La presidenta será la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que también ostenta el cargo de vicesecretaria general del Partido Socialista. Es decir: el número 1 del PSOE, a la sazón presidente del Gobierno, encarga a la número dos del partido, a la sazón vicepresidenta del Gobierno, que presida la comisión que trata de adoptar un plan contra la corrupción surgido a raíz de un escándalo que afecta a la persona en la que ambos delegaron la gestión diaria del partido y de cuya conducta presuntamente corrupta ambos dicen no haber tenido constancia. Es más, hasta el último minuto, y ante la insistencia de los medios de comunicación por las crecientes sospechas sobre Cerdán, ambos defendieron con bravura su inocencia.

Así, la encomienda de Sánchez recae principalmente sobre la vicepresidenta Montero, a la que se le empieza a acumular el trabajo: es también ministra de Hacienda en un momento en el que el presidente ha fijado como prioridad la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE), a pesar de que aún no han sido aprobados ni el techo de gasto ni la senda de déficit y de que la Constitución establece que el proyecto debe ser presentado en las Cortes Generales antes del 30 de septiembre, dentro de poco más de un mes.

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Es más, sobre su mesa está también la elaboración de un nuevo modelo de financiación autonómica que debía haber entrado en vigor el pasado 30 de junio, tal y como se pactó con ERC para garantizar la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Y también es la secretaria general del Partido Socialista andaluz (PSOE-A) en un curso político en el que tendrán que celebrarse elecciones autonómicas. Pese a todo, tendrá tiempo para reunir a esta nueva comisión trimestralmente, o incluso cada menos tiempo "siempre que lo considere necesario".

El octavo pasajero

Tal vez por eso, la comisión está integrada por otros siete miembros, todo salvo uno estrechamente vinculados con el presidente del Gobierno: la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que ejercerá la vicepresidencia; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el de Cultura, Ernest Urtasun; el de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López; y el jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, Diego Rubio.

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El último integrante de la comisión aún no tiene identidad, dado que su existencia depende de la creación de un nuevo organismo: la Agencia Independiente de Integridad Pública, una vez se haya constituido y puesto en funcionamiento. Ya han transcurrido 49 días desde que el presidente del Gobierno anunció su creación como medida número uno de las 15 que incluyó en su plan contra la corrupción. Ni en la la comparecencia de Sánchez ni en la posterior nota de prensa de Moncloa se afirmaba nada que garantizase que tal organismo vaya a hacer honor a su nombre y ser verdaderamente independiente.

De nuevo, la nota de prensa pecaba de voluntarismo: "Para garantizar la rendición de cuentas y una evaluación constante, se establecerán indicadores verificables para cada medida, así como informes públicos anuales sobre el grado de cumplimiento y los impactos generados. Además, el conjunto del plan contará con un mecanismo de revisión y evaluación externa diseñado por la OCDE. En este sistema, se dará cuenta de los avances realizados a los 12 y a los 24 meses de la activación del plan. A partir del segundo año, se realizarán evaluaciones periódicas para monitorizar el impacto de las medidas".

Una comisión para elaborar un plan

Tal y como explica el real decreto, el plan contra la corrupción pivota sobre cinco ejes: prevenir los riesgos y fortalecer los controles; garantizar la protección efectiva de las personas informantes; recuperar los activos procedentes de actividades corruptas como elemento esencial para reparar el perjuicio causado al interés público; promover una cultura anticorrupción y de integridad entre la ciudadanía, las empresas y las administraciones; e investigar, juzgar y sancionar la corrupción. Sobre este último punto habrá que esperar para conocer qué papel juegan los tribunales de justicia y si existirá una dotación presupuestaria para poder garantizar su cumplimiento.

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Así, y como presidenta de la Comisión, es María Jesús Montero quien asume la dirección estratégica y el impulso de las distintas medidas y actuaciones contenidas en el plan, la coordinación y supervisión de las propuestas y actuaciones de los ministerios y organismos afectados y la toma de conocimiento, de forma periódica, de las distintas actuaciones que se vayan adoptando.

Dos meses después de que a Pedro Sánchez le estallara el caso Cerdán, diseñado para contrarrestarlo ya cuenta con una comisión legalmente constituida para elaborar un plan que de momento es poco más que una intención. Pero no sólo eso. Por si no fuera suficiente con una comisión que implemente, siga y evalúe la lucha contra la corrupción, la disposición aprobada en el BOE establece en su artículo cinco que podrá "acordar la creación de grupos de trabajo con la composición y régimen de funcionamiento que se acuerde por la misma". Grupos de trabajo dependientes de la comisión para elaborar el plan en el que participarán siete ministros y un -presunto- independiente.

Paralelismos en Moncloa

Se da la circunstancia de que esta comisión para poner en marcha un plan contra la corrupción guarda un enorme paralelismo con la comisión que montó el Gobierno un año atrás para supervisar el Plan de Acción por la Democracia, el que Sánchez anunció tras sus cinco días de reflexión y al que en La Moncloa se refieren como PAD. En este caso, el presidente es Bolaños, pero también la integran las vicepresidentas primera y segunda, y los ministros Grande Marlaska, Urtasun, y López. Aunque a este periódico le consta que la comisión se ha reunido, aún no hay noticia de sus conclusiones, ni parciales ni definitivas. Tal vez, por una cuestión de eficiencia dado el alto grado de coincidencia entre los miembros, ambas comisiones puedan reunirse el mismo día y en el mismo lugar para defender la democracia y acabar con la corrupción.