La gestión de la inmigración en España alarma en Europa: segunda misión en cuatro meses

Uno de los asuntos polémicos que ha marcado la actualidad política durante el verano de 2025 ha sido la inmigración. A la habitual llegada de cayucos y pateras a las costas españolas y al choque perenne entre el Gobierno y las comunidades autónomas por el reparto de menores no acompañados se ha sumado un tercer elemento para la controversia: el escándalo surgido en Jumilla a raíz de la prohibición de que una celebración musulmana en instalaciones públicas. Tres asuntos de distinta naturaleza con un nexo común, la inmigración, y una alarmante incapacidad para el acuerdo entre los partidos políticos.

El último capítulo de esa flagrante falta de entendimiento tuvo lugar este martes, cuando el Gobierno decidió unilateralmente aprobar el sistema de reparto de menores por comunidades autónomas que excluye al País Vasco y Cataluña, lo que provocó el inmediato rechazo del Partido Popular y de algunas de las comunidades donde gobierna. Aragón, Castilla y León y Madrid se apresuraron a anunciar un recurso judicial por invasión de competencias contra un decreto que calificaron de "vergonzoso".

Es en este contexto de contienda política en torno a la inmigración -con Canarias, Ceuta y Melilla desbordadas y con Baleares recibiendo inmigrantes como nunca- en el que una delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo visitará las islas Canarias entre el 16 y el 18 de septiembre. El objetivo es conocer de primera mano cómo se está abordando en España la gestión de los flujos migratorios, un asunto que preocupa en Europa y que también genera muchas y dispares tensiones en los distintos países miembros. Las sensibilidades no son sólo ideológicas, sino que también dependen de si el análisis llega desde la frontera sur, desde el este de la Unión o desde el centro o el norte de Europa.

La preocupación comunitaria queda patente si se observa que, precisamente, la inmigración es el primer asunto en el que se ha organizado más de una misión de eurodiputados: entre el 26 y el 28 de mayo ya se organizó una visita oficial a las islas Canarias centrada en la gestión de los flujos migratorios, el estado de los sistemas de acogida y la cooperación con autoridades locales y europeas. Organizada por la Comisión de Libertades (Libe), se desplazaron su presidente, Javier Zarzalejos (PPE), y los eurodiputados Dolors Montserrat (PPE, España) Juan Fernando López Aguilar (S&D, España), Cecilia Strada (S&D, Italia), Nicolas Bay (ECR, Francia), Fabienne Keller (Renew, Francia), así como tres parlamentarios españoles acompañantes: Gabriel Mato (PPE), Jorge Buxadé (Patriots) y Diego Solier (ECR).

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La visita de los eurodiputados a El Hierro tuvo lugar ante el comienzo de la aplicación del Pacto de la UE sobre Migración y Asilo, adoptado en mayo de 2024, al que sucedió la aprobación ese junio de un plan para apoyar a los Estados miembros. La puesta en marcha plena de esas nuevas normas está prevista para mediados de 2026.

Además, el 22 de mayo de 2025 tuvo lugar otra visita oficial, aunque en este caso fue exclusivamente de miembros del Partido Popular Europeo (PPE). Esta misión de investigación viajó a Melilla y se centró en la situación crítica en la frontera sur de Europa, la inmigración ilegal facilitada por redes criminales y las medidas de protección fronteriza. Participaron los eurodiputados del PP Tomas Tobé, Lena Düpont, Dolors Montserrat, Javier Zarzalejos y Juan Ignacio Zoido.

Sexta misión en un año de legislatura

El Parlamento Europeo no cede en su plan de realizar un estrecho marcaje a España a través del envío de misiones de eurodiputados para conocer la situación sobre el terreno. A las cuatro visitas que se han realizado en el primer año de legislatura -más una pendiente de fecha- se suma ahora la que tratará de conocer de cerca cómo se está afrontando en España el fenómeno migratorio.

Entre el 26 y el 28 de mayo una delegación oficial acudió a Barbate y Algeciras para conocer de primera mano los peligros a los que se enfrentan la policía y otras autoridades en la lucha contra el crimen organizado, las razones por las que se produjo el asesinato de los guardias civiles en febrero de 2024 y para brindar apoyo a los familiares de los agentes. La delegación está encabezada por el presidente de la Comisión de Peticiones, el polaco Bogdan Rzonca (ECR), junto a Alexander Bernhuber (PPE, Austria), Isilda Gomes (S&D, Portugal), Anders Vistisen (PfE, Dinamarca) y Kosma Zlotowski (ECR, Polonia). Los representantes españoles que acudieron como acompañantes fueron Maravillas Abadía (PPE), Mireia Borrás (PfE), Nora Junco (ECR) y los andaluces Juan Ignacio Zoido (PPE) y Lina Gálvez (S&D).

Otro de los asuntos que preocupa en Europa es la vivienda. Es una de las banderas del grupo de los Socialistas y Demócratas, en el que está el PSOE, porque es un asunto que afecta en todas las latitudes. Por eso en esas mismas fechas otra delegación visitó España a propuesta de S&D. Fue una misión de la Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda en la Unión Europea (Hous), que acudió a Barcelona y Badalona, dos ciudades de distinta dimensión, con problemas distintos en este aspecto y con alcaldes del PSC (Jaume Collboni) y del PP (Xabier García Albiol). En Barcelona, la visita se centró en los límites al alquiler, y en Badalona en la ocupación ilegal.

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Una semana antes, el 19 y el 20, fue el turno de la Comisión de Asuntos Constitucionales (AFCO). La delegación quiso conocer los motivos por los que España era el único Estado miembro que no había ratificado aún la decisión del Consejo del año 2018 para que los países con más de 35 eurodiputados introdujeran en su legislación un umbral electoral de entre el 2 y el 5%. Tras la ratificación alemana en 2024, España quedó como el único país bloqueando la entrada en vigor de la reforma. En esta ocasión la polémica se centró en que ni el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ni el de Justicia, Félix Bolaños, recibieron personalmente a los representantes de la Eurocámara.

La conexión transpirenaica

Por último, una delegación de nueve eurodiputados de la comisión de Transportes y Turismo (TRAN) del Parlamento Europeo viajó a Aragón entre el 24 y el 27 de febrero para reunirse con autoridades nacionales, regionales y locales y con diversos representantes del sector del transporte con el objetivo de evaluar el potencial de la región como hub logístico en el sur de Europa. Centrada en la conexión transpirenaica, visitó la estación de Canfranc y la Plaza Logística de Zaragoza (PLAz-A).

Opinión

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La delegación estuvo encabezada por la eurodiputada Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE, Grecia), e integrada por los eurodiputados Magdalena Adamowicz (PPE, Polonia), Sérgio Humberto (PPE, Portugal), Borja Giménez Larraz (PPE, España), Andreas Schieder (S&D, Austria), Rosa Serrano Sierra (S&D, España), Margarita de la Pisa Carrión (PfE, España), Roberts Zile (ECR, Letonia), y Cynthia Ní Mhurchú (RENEW, Irlanda).

La misión que está en stand by corresponde a las comisiones de Economía y Presupuestos y tiene previsto viajar a España para conocer de primera mano la gestión de los fondos Next Generation. En este caso, la visita estaba prevista para antes del verano, pero fuentes del Parlamento Europeo confirmaron a El Confidencial que se mantiene aplazada sine die.

Los próximos 16, 17 y 18 de septiembre el Parlamento Europeo volverá a fijar su atención en España, y en particular en las islas Canarias, la frontera sur de Europa. Es un síntoma de dos realidades. La primera es que en las instituciones comunitarias son conscientes de que la inmigración es un fenómeno que conviene gestionar adecuadamente y con mirada larga. El segundo, que la Eurocámara presta una especial atención a España, especialmente en el tema inmigración, pero no solo.