El PP prepara una encerrona al Gobierno con sus socios antes de la negociación de los Presupuestos
Génova trata de aumentar la presión sobre el Ejecutivo ante la dificultad de aprobar las cuentas de 2026 y busca el respaldo de parte del bloque de investidura a iniciativas delicadas como el gasto en Defensa o la corrupción
Alberto Núñez Feijóo, Ester Muñoz y Miguel Tellado. (Europa Press)
Septiembre está a la vuelta de la esquina y, con él, comenzará un nuevo test de estrés para el Gobierno. El Ejecutivo asegura que esta vez sí presentará un proyecto de Presupuestos Generales del Estado, pero se enfrenta a una complicadísima negociación con el bloque que conforma la mayoría de investidura. ERC, Junts o Podemos ya han puesto encima de la mesa condiciones endiabladas que obligan a Pedro Sánchez a mirar al abismo de una posible tercera prórroga presupuestaria, un escenario inédito en democracia. Y el PP, consciente de la enquistada debilidad del presidente, no rebajará la presión. Ni al Gobierno, ni a sus socios.
La bronca política no ha dado una tregua ni en plena canícula. La oleada de incendios ha llevado a los dos grandes partidos a una nueva escalada verbal que sirve de preámbulo a la guerra sin cuartel que se vivirá en el nuevo curso, y que viene marcado por la apertura de otro ciclo electoral. Aunque la crisis desatada por el fuego sigue estando en la primera página de prioridades, Génova ha comenzado ya a perfilar su estrategia de desgaste con diversas iniciativas parlamentarias con las que busca evidenciar la "soledad" parlamentaria de Sánchez, cuya única salida, insisten, es la de disolver las Cortes y convocar elecciones.
Esta misma semana, el PP registró una proposición no de ley (PNL) para su debate en el pleno del Congreso con la que intentarán tensar las costuras del debate presupuestario. No tiene carácter vinculante, pero sí simbólico ante la difícil situación en la que se encuentra el Gobierno. La iniciativa versa sobre el incumplimiento de los compromisos fiscales del Ejecutivo por la ausencia de unas cuentas públicas desde que arrancó la legislatura, e insta, a través de diversos puntos, a presentar cuanto antes un nuevo Plan Económico y Financiero y a llevar ante la Cámara "a la mayor brevedad posible" los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Antes del parón veraniego, ERC, Podemos o BNG apoyaron una iniciativa similar del PP en la que se exigía al Gobierno cumplir el "mandato constitucional" de presentar Presupuestos, cuente o no con los apoyos para sacarlos adelante. En la dirección popular confían en que esta petición se convierta en uno de los primeros varapalos parlamentarios del nuevo período de sesiones y eleve la presión sobre el Ejecutivo, que ya ha retrasado la presentación del techo de gasto precisamente por el bloqueo político.
La PNL incluye un punto con el que también persiguen hurgar en la herida abierta en el propio Gobierno de coalición, una cuestión delicada de la que dependen también los votos de Podemos: la subida del gasto militar. En concreto, exigen al Ejecutivo detallar el Plan de Seguridad y Defensa, tanto en términos presupuestarios como en contabilidad nacional, después de que Sánchez "se haya comprometido a aumentar" esa partida en más de 10.400 millones de euros sin pasar por el Parlamento. La formación morada ya puso como condición a los Presupuestos revertir esa inversión, además de reclamar la salida de España de la OTAN.
El PP cree que Podemos y otros socios del Ejecutivo podrían apoyar al menos varios puntos de la propuesta. Hay que recordar que Feijóo, a través de su nueva portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, mantendrá un hilo de comunicación abierto con formaciones como Junts y PNV, al menos a nivel parlamentario, para presionar con el fin de una legislatura que ven "en vía muerta". Hay que recordar que Carles Puigdemont se ha fijado otoño para decidir sobre su apoyo al PSOE aunque, por ahora, sigue sin haber opción alguna de que prospere una hipotética moción de censura que Feijóo sigue guardando en un cajón.
Batería de peticiones de comparecencia
Génova también ha precipitado una larga hilera de peticiones de comparecencia dirigidas al Gobierno por diversos asuntos que se debatirán y votarán el próximo martes durante la sesión de la Diputación Permanente, el órgano que se encarga de ejercer la función del pleno en período inhábil. El PP confía en sacar adelante algunas de esas propuestas de la mano de los socios del Ejecutivo y calentar, con ello, un inicio de curso especialmente complicado para Sánchez.
El PP volverá a la carga con los escándalos de corrupción del Gobierno. Este mismo viernes registró una petición de comparecencia "urgente" de Pedro Sánchez para que rinda cuentas sobre la situación judicial de su familia y de su partido tras el encarcelamiento del exsecretario general del PSOE, Santos Cerdán, y la imputación de nuevos delitos que atesora su mujer, Begoña Gómez. Los socios finalizaron el curso anterior sin soltar amarras con el Ejecutivo, pero con la advertencia de que si los casos escalaban, se complicaría su apoyo parlamentario.
De las nueve peticiones de comparecencia registradas por el PP, la que tiene más visos de salir adelante con el apoyo de parte de la mayoría de investidura es la que afecta al ministro de Transportes, Óscar Puente, al que pretenden fiscalizar por el permanente caos ferroviario y que cuenta también con las críticas de los socios, aunque las evidentes grietas en la mayoría parlamentaria del Gobierno podría precipitar más derrotas.
El PP también lleva a la Diputación Permanente la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para dar cuenta de la quita de deuda autonómica con la que el Gobierno pretende atraer a Junts y ERC; o del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska por los contratos con Huawei en plena tensión con Estados Unidos. También incluye a la responsable de Transición Ecológica, Sara Aagesen; y a la titular de Defensa, Margarita Robles, por la gestión de la crisis de los incendios, aunque las dos ya prevén comparecer, junto a Marlaska, en el Senado la próxima semana.
De aprobarse alguna de estas comparecencias en la Diputación Permanente, el PP podría forzar la celebración de un pleno extraordinario antes del 9 de septiembre, día en que arranca formalmente el nuevo período de sesiones en el Congreso, y forzar un choque parlamentario justo en el momento en que el Ejecutivo más necesita la unidad de sus aliados parlamentarios. La aprobación de los Presupuestos permitiría al Gobierno lanzar un mensaje de resistencia en mitad del caos judicial, pero a día de hoy el sudoku es endiablado y las posibilidades, escasas. Y Sánchez necesita todos los votos.
Septiembre está a la vuelta de la esquina y, con él, comenzará un nuevo test de estrés para el Gobierno. El Ejecutivo asegura que esta vez sí presentará un proyecto de Presupuestos Generales del Estado, pero se enfrenta a una complicadísima negociación con el bloque que conforma la mayoría de investidura. ERC, Junts o Podemos ya han puesto encima de la mesa condiciones endiabladas que obligan a Pedro Sánchez a mirar al abismo de una posible tercera prórroga presupuestaria, un escenario inédito en democracia. Y el PP, consciente de la enquistada debilidad del presidente, no rebajará la presión. Ni al Gobierno, ni a sus socios.