Pujol, el CNI, Sandro Rosell…: la denuncia del soborno de la fontanera del PSOE al fiscal Grinda

El fiscal Anticorrupción José Grinda denunció haber sido víctima de un soborno a principios de año. Le ofrecieron un puesto profesional atractivo en el extranjero a cambio de que lograse archivar hasta siete causas judiciales y ofreciera datos de su relación con los servicios secretos españoles, entre otras condiciones. El fiscal Grinda no aceptó y puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía, que vincula esta oferta con las maniobras de la fontanera del PSOE, Leire Díez, desveladas por El Confidencial.

Este periódico ha tenido ahora acceso íntegro a la documentación de la Fiscalía. En el presunto soborno a Grinda “se decía que si facilitaba secretos supuestamente comprometedores de su jefe y si archivaba siete causas (Caso Pujol Draco, caso 3%, Sumarroca y otros, Aguas de Girona, ZED, Banca Privada de Andorra y otros y Caranjuez), y explicaba el origen de la investigación de Sandro Rosell, así como sus visitas al CNI, si hacía todo eso se le daría un destino en el extranjero y se le resarciría de una demanda civil de contenido económico que actualmente pesa sobre el denunciante”.

“Se añadía –para doblegar la voluntad del investigador– que este acuerdo ‘estaría avalado por las más altas instituciones o persianas del Estado’”. Según las investigaciones de El Confidencial, este era un modus operandi habitual de la fontanera del PSOE. En una reunión dijo a un acusado por corrupción que podría influir a su favor en la Fiscalía. A cambio le pedía datos comprometedores sobre el investigador de la Guardia Civil que dirige las pesquisas sobre los principales casos de corrupción que afectan al Gobierno.

Las causas que cita la denuncia de Grinda afectan al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, investigado junto a su clan familiar por corrupción desde hace años en la Audiencia Nacional. El caso 3% tiene que ver con el cobro de comisiones ilegales por parte del partido nacionalista catalán Convergencia, que gobernó Cataluña durante más de dos décadas de manera interrumpida y que tenía a Jordi Pujol como principal referente. Sumarroca es el nombre de una familia vinculada a Convergencia, también implicada a los citados casos de corrupción.

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El caso ZED son unas diligencias por corrupción que tienen como investigado al empresario Javier Pérez Dolset, uno de los colaboradores de Leire Díez. Banca Privada de Andorra es el nombre de la entidad que presidía la familia de banqueros Cierco. En 2015 fueron acusados por Estados Unidos de lavado de dinero y eso provocó la intervención del banco y el inicio de una larga causa judicial contra sus responsables.

El Confidencial desveló en octubre del año pasado que uno de los antiguos dueños de Banca Privada de Andorra (BPA), Higini Cierco, pagó al menos 300.000 euros a una periodista llamada Patricia López que también admitió haber colaborado con Leire Díez y el empresario Pérez Dolset. Parte de ese dinero terminó en cuentas de Pérez Dolset, según averiguó este periódico.

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Aguas de Girona fue otro caso de corrupción relacionado con un presunto desvío de fondos que llegó a salpicar al expresidente de Cataluña Carles Puigdemont. No obstante, el Tribunal Supremo archivó este caso hace años.

En el caso Cranjuez se investiga en un juzgado de Madrid a una supuesta red de policías nacionales y abogados que extorsionaron y estafaron a ciudadanos venezolanos en España relacionados con el Gobierno de Hugo Chávez y que tenían problemas con la justicia. La investigación apuntó al interés de la cúpula policial durante el Gobierno del PP de Mariano Rajoy de acceder a estas personas para obtener información comprometedora de Podemos.

La primera denuncia de Grinda lleva fecha del 27 de febrero a las 17.53 horas, según la citada documentación. El presunto soborno tuvo lugar ese mismo día, unas horas antes, a las 12.40 horas. La persona que canalizó el ofrecimiento fue un periodista al que conocía previamente. Se citó con él en una terraza del Mercado Barceló de Madrid. Esta persona “le dio un papel, que luego le quitó, pidiéndole que lo leyera solo”.

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Algunos de los detalles del ofrecimiento ya habían visto la luz, como el interés de Leire Díez y su entorno en el responsable de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón. También el interés en torno al origen de la investigación al empresario catalán, Sandro Rosell. El expresidente del Futbol Club Barcelona pasó casi dos años en prisión preventiva, acusado de organización criminal blanqueo de dinero, pero acabó absuelto de todos sus cargos, por lo que tuvo que ser indemnizado.

Rosell compareció en diciembre en la comisión del Congreso de los Diputados sobre la llamada Operación Cataluña, de la que se considera víctima. Pidió que se tomen medidas para atajar la "corrupción" que, a su juicio, afecta a una "parte del Estado" y confía en que se puedan dar pasos en ese sentido ahora que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha probado esa "medicina".

Confluencia de intereses

Dentro de la lista de causas incluidas en el presunto soborno a José Grinda hay una conjunción de intereses. Muchos de sus protagonistas se sienten perjudicados por instituciones que en su día estuvieron dirigidas por el PP o por investigadores que actualmente desempeñan un papel protagonista en las causas de corrupción que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez o el entorno más cercano del presidente del Gobierno. Desacreditar a estas personas y las instituciones que representan era el objetivo de la fontanera del PSOE hasta que fue descubierta.

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Leire Díez era una militante socialista que, con el aval de la cúpula del PSOE, desplegó un plan para recabar información comprometedora de jueces, fiscales, guardias civiles o periodistas que estuviesen investigando las causas de corrupción que afectan a Sánchez, y de ese modo tratar de neutralizarlas. En sus planes también estaba resucitar la corrupción de la era Rajoy para tapar mediáticamente los escándalos que cercan a Moncloa. Prueba de que en esa estrategia se le sumaron otros personajes con una confluencia de intereses es que el empresario Pérez Dolset, investigado en el caso ZED, colaboró con Leire Díez, según reconocieron ambos.

Una vez Grinda puso estos hechos en conocimiento de la Fiscalía, el ministerio público abrió unas diligencias de investigación. A los dos meses, la Fiscalía de Madrid archivó estas pesquisas. El motivo fue que el citado periodista con el que quedó en la terraza fue presentado como un “amigo” por el fiscal Grinda y esta persona se mostró “absolutamente renuente a comparecer, por lo que todo quedaba en una conversación privada”. No había ninguna prueba más en ese momento.

La aparición del fiscal Stampa

Pero la situación cambió el 3 de junio, cuando un segundo fiscal también denunció unos hechos similares. En este caso era el fiscal Ignacio Stampa, quien también había prestado servicios en la fiscalía anticorrupción, concretamente en el macrocaso que investigó por corrupción al comisario José Villarejo. Stampa había quedado excluido de la Fiscalía Anticorrupción y él acudió a los tribunales para recurrir esa decisión adoptada por la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y su número dos y actual responsable de la institución, Álvaro García Ortíz.

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Lo que Stampa comunicó en junio es un posible intento de soborno promovido por Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset. Le pidieron información sobre “asuntos delicados de anticorrupción” y a cambio le ofrecieron ayuda en sus litigios por su salida del caso Villarejo. En consecuencia, la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid reabrió su investigación al entender que “hay una conexión entre los hechos denunciados por ambos fiscales, José Grinda e Ignacio Stampa”.

Las actividades de Leire Díez se investigan ya en un juzgado de Madrid, que ha citado a la fontanera para que declare como investigada. El 17 de julio, el fiscal de Madrid Juan Pablo Nieto solicitó al juzgado que incorporase al caso lo relatado por ambos fiscales, pero el magistrado Arturo Zamarriego por el momento lo ha rechazado.