Las amenazas de las cloacas del PSOE a los fiscales en su soborno: "Esperan una respuesta"

Los fiscales vinculados a Anticorrupción que denunciaron intentos de soborno por parte de la fontanera del PSOE, Leire Díez, y su grupo no solo recibieron propuestas que, en caso de haberse completado, hubieran supuesto la comisión de graves delitos de revelación de secretos. También fueron presionados para que aceptaran ofrecer datos de investigaciones en marcha o, incluso, para provocar su archivo. "Esperan una respuesta", avisó, por ejemplo, uno de los mensajeros que contactó con ellos, mientras trataba de empujarles a atender sus reclamaciones.

La frase textual figura en la diligencia de ordenación en la que la Fiscalía Provincial de Madrid reclama que se investigue a Díez por estos hechos, a la que ha tenido acceso El Confidencial y que firma el fiscal Juan Pablo Nieto. Resume lo sucedido en los encuentros que mantuvieron con el entorno de trama de las cloacas del PSOE José Grinda e Ignacio Stampa. La red trató de acercarse a ellos en busca, entre otras cosas, de informaciones negativas sobre el fiscal jefe Alejandro Luzón, al mando de uno de los departamentos más sensibles en las causas de corrupción que rodean a Ferraz y Moncloa.

Los contactos se produjeron entre los meses de marzo y mayo de este año, justo antes de que este diario desvelara las actuaciones de Leire Díez. En el caso de Grinda, la proposición vino de la mano de un periodista a quien conocía y que hablaba, según precisa, en nombre de terceros. "Se le pedía información reservada de asuntos en curso a cambio de ventajas profesionales y económicas", detalla.

Según expresó este mensajero -identificado por el fiscal como el periodista Pere Rusiñol- el acuerdo "estaría avalado por las más altas instituciones o personas del Estado". La oferta de soborno le fue presentada por este por escrito, pero, cuando preguntó por su origen, su interlocutor se cerró en banda. "No puedo decírtelo", les respondió. Su sospecha es que detrás siempre estuvo el núcleo duro de Leire, a la que distintos hechos vinculan directamente con el exsecretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán.

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Grinda leyó la propuesta y se negó en redondo desde un inicio. A pesar de todo, se le insistió en que aquellos que estaban detrás exigían contestaron. La advertencia sonó a amenaza. El fiscal concretó que "la valedora de la operación" era Díez. Fue el propio Luzón, informado de lo sucedido por el fiscal afectado, quien destapó lo sucedido y cursó la primera denuncia. Pese a ello, de momento, este episodio sigue sin judicializar a la espera de la resolución de distintos recursos.

El acercamiento a Stampa

Al intento de soborno de Grinda se unió, poco después, un segundo que afecta al que fuera el primer fiscal del caso Villarejo, Ignacio Stampa, que abandonó Anticorrupción después de que se le cerrara la puerta a una plaza fija por maniobras que él atribuye a Dolores Delgado. En este caso, el acercamiento vino por sus circunstancias personales, endulzado con la propuesta de que, desde el Gobierno, se le quería hacer llegar una disculpa por su situación.

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Como ya adelantó El Confidencial, la reunión que mantuvo con Leire Díez le fue anunciada en inicio como una cita con Cerdán. Al encuentro no acudió, sin embargo, el que fuera tres del PSOE, y en su lugar, se presentó la fontanera. Stampa comunicó lo sucedido a la fiscal provincial de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, a finales del pasado mayo. Su dación de cuentas desembocó en una investigación de la Fiscalía que ahora ha provocado la petición de imputación tanto de Díez como del empresario Pérez Dolset. Según defiende el Ministerio Público, en base a las manifestaciones del fiscal, se reunió con ambos tras ser citado a través de "un tercero" con la "excusa de transmitirle disculpas de instancias gubernamentales por el trato que se le dio durante su última etapa en la Fiscalía Anticorrupción".

El trato planteado incluía que ofreciera "información sobre supuestas irregularidades de varios funcionarios públicos" y a cambio se le daría "satisfacción en sus recursos frente al Ministerio de Justicia actualmente en litigio". El decreto, firmado el pasado 17 de julio, tuvo entrada en el Decanato de los Juzgados de Madrid cuatro días después y, según un auto de 30 de julio, recayó en el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid. Se trata del mismo juzgado que ya investiga a Díez por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias y que le tomará declaración el 11 de noviembre por los audios en los que se le escucha ofrecer favores judiciales a cambio de información sensible contra miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía.

No obstante, el juez Arturo Zamarriego ha rechazado la petición de la Fiscalía Provincial de Madrid de acumular los casos de Grinda y Stampa con la investigación que ya tiene en marcha contra Díez al considerar que "no guardan relación los hechos denunciados con los contenidos en la denuncia" que dio origen a la causa. Ha devuelto la denuncia del Ministerio Público, que ya ha recurrido esta negativa.