El juez Peinado marca el inicio del curso de Sánchez con una citación a su mujer por corrupción

Un nuevo auto del juez Juan Carlos Peinado ha venido a recordar en pleno agosto que, a la vuelta del verano, a Pedro Sánchez le espera una nueva fase en el caso que investiga las actividades profesionales de su mujer. En dos semanas arranca el nuevo curso y las diligencias sobre Begoña Gómez se estrenarán con un nuevo paseíllo ante el juez provocado, en este caso, por la posible comisión por su parte de un delito de malversación de caudales públicos que viene a sumarse a los cuatro por los que ya está imputada.

La pieza separada que ha desembocado en la nueva citación como imputada de Gómez se centra en el desvío de los fondos destinados a pagar el sueldo de su asesora Cristina Álvarez que desempeñó, en su calidad de ayudante, labores de apoyo a las actividades laborales privadas de la mujer de Sánchez. La asistente también tendrá que comparecer ante el juez.

La imputación era previsible, pero quedó en suspenso por la posible implicación de aforados, en concreto del ministro Félix Bolaños, a quien el instructor atribuía un papel en la contratación y supervisión de Álvarez presuntamente delictiva, que elevó para examen del Supremo. El alto tribunal no compartió sus argumentos y archivó su solicitud para que se investigase al titular de Justicia. Aquello no ha influido en la atribución del delito a la propia Gómez, pero, según desvela una de las frases del auto del juez Peinado, sí provocó que se cursara una queja en su contra en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ha dado pie a la apertura de unas diligencias informativas sobre la actuación del magistrado.

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Con Bolaños o sin Bolaños, el juez cuenta con el respaldo de la Audiencia Provincial para avanzar en esta pieza. Se le encomendó desde esta instancia superior que se centrase en averiguar si la asesora "sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo" de la mujer del presidente del Gobierno. La Audiencia hacía referencia al uso de medios públicos "puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados".

Las funciones de su cargo como asistente consistían en la gestión de la agenda, del correo, de dar soporte de seguridad y protocolo en cualquier desplazamiento, reunión o intervención de la mujer del presidente del Gobierno, pero no podían sobrepasar la línea roja de los intereses particulares y remunerados de Gómez. Existen, pese a ello, indicios sólidos de que esa línea no se respetó.

Los indicios

Por ejemplo, el vicerrector de la Universidad Complutense donde la esposa de Sánchez dirigía un máster dijo en su declaración como testigo que tenía muchos correos con Begoña Gómez y su asistenta Cristina Álvarez Rodríguez y explicó que esta era su persona de confianza y que siempre la acompañaba cuando iba a la Universidad. Precisió que era quien recibía todos los correos.

También se han detectado emails con patrocinadores del curso. Le pidió en nombre de su jefa a la directora de comunicación institucional de Reale Seguros que continuara con su contribución. Para la Audiencia, todo esto supondría, en caso de confirmarse, "una clara desviación del cumplimiento de su función como personal eventual de la Administración", agravada por la amistad personal previa que ambas mantenían.

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La Audiencia destacaba que este favorecimiento a los intereses privados de Gómez se habría ofrecido "dentro de una estructura institucionalizada de poder que sirve para reforzar una indudable influencia como es la Presidencia del Gobierno".

La citación está prevista para el 11 de septiembre. Solo seis días antes, se celebrará el acto de apertura del año judicial. Coincidirá, además, con un momento especialmente delicado para el presidente del Gobierno que afronta la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026 después de dirigir una legislatura apoyada en cuentas públicas prorrogadas desde la anterior.