Tres años y ocho meses de cárcel a cambio de 41.300 €: rechazan elevar la indemnización a un preso que fue absuelto

La Audiencia Nacional ha rechazado elevar la indemnización a un hombre que pasó tres años y ocho meses en prisión provisional antes de ser absuelto. La sentencia avala la decisión del Ministerio de Justicia, que le pagó 41.300 euros en 2022. Su defensa recurrió esta decisión para reclamar 274.600 euros, pero la Audiencia no ha atendido sus argumentos y ha dado su visto bueno a que se le indemnice con 31 euros por cada día que pasó en la cárcel.

El caso se remonta al 4 de enero de 2008, cuando un juzgado de Madrid ordenó su ingreso en prisión provisional por la presunta comisión de un delito de agresión sexual y una falta de lesiones. "Carecía de domicilio, vivía en las inmediaciones de la Casa de Campo y alegó que había mantenido relaciones sexuales consentidas con la denunciante", recoge la sentencia. El procedimiento se alargó casi cuatro años y la Audiencia Provincial de Madrid terminó por absolverle en noviembre de 2011. A partir de ahí, su defensa intentó ajustar cuentas y pidió unos 200 euros por cada día que había pasado en la cárcel. En total, 274.600 euros.

El hombre apuntó al "daño moral producido" y destacó que solo tenía 27 años cuando ingresó en la prisión de Valdemoro, por lo que su "desarrollo personal y profesional" se había visto afectado. También "fue separado de su familia, que residía en Rumanía", y todo ello por un procedimiento que se fue alargando año tras año pese a que "carecía de complejidad". Este último motivo le llevó a reclamar otros 40.000 euros por "funcionamiento anormal de la Administración de Justicia" y "dilaciones indebidas".

El 8 de octubre de 2014, llegó la primera respuesta del Ministerio de Justicia, que rechazó pagarle indemnización alguna. Su defensa recurrió a los tribunales y logró que le reconocieran las mencionadas dilaciones, pero la indemnización se fijó en solo 1.000 euros. Tras recurrir de nuevo esta sentencia, la Audiencia Nacional la confirmó en julio de 2017, pero él decidió ir un paso más allá y acudió al Tribunal Constitucional.

TE PUEDE INTERESAR

Indemnizan a Rosell con 232.500 euros por sus dos años en prisión: él reclamaba 30 millones

Pablo Gabilondo

El tribunal de garantías revisó su caso en 2019, un año que resultó clave para este tipo de reclamaciones después de una sentencia que cambió las reglas de juego. En concreto, una que el propio Constitucional había dictado en junio. Hasta entonces, la ley exigía la “inexistencia” del hecho imputado para poder reclamar una indemnización por el tiempo que se había pasado en prisión preventiva antes de la absolución. En la práctica, esto implicaba que las reclamaciones rara vez prosperaban, pues las absoluciones casi nunca consideran probada dicha "inexistencia" del hecho por el que se acusa.

El Constitucional, sin embargo, tumbó ese requisito y obligó a reescribir ley para que quedara redactada de la siguiente manera: "Tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos o haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios". Según concluyó el tribunal, no existía motivo para diferenciar entre absueltos por hechos que nunca existieron y absueltos por falta de pruebas con hechos que sí han existido.

TE PUEDE INTERESAR

Ser extranjero, factor de riesgo para la prisión provisional: "Decían que me olvidara de salir"

María Álvarez del Vayo Miguel Ángel Gavilanes María Zuil Eva Belmonte

Esa nueva redacción permitió que el Constitucional terminara por dar la razón en noviembre de 2019 a este hombre que había pasado tres años y ocho meses en prisión provisional. El Ministerio de Justicia tuvo que revisar su caso y, en septiembre de 2022, aceptaron pagarle los 41.300 euros. No conforme con esta decisión, su defensa volvió a recurrir a la Audiencia Nacional para exigir otros 233.300 euros, que es lo que ha dado lugar a esta última sentencia.

"Se ha producido arbitrariedad en la fijación de la cuantía reconocida al hacer una remisión genérica a una doctrina, pero sin explicar cómo se lleva a cabo su aplicación al caso concreto", criticaba su defensa en el recurso. "La indemnización ha de aumentar cuanto mayor sea el tiempo de privación de libertad y debe hacerlo a una tasa creciente".

Sin embargo, la Audiencia Nacional ha rechazado una vez más sus argumentos. "Mal puede afirmarse que concurran las infracciones denunciadas, puesto que se han seguido todas las pautas que han marcado el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo al definir el nuevo régimen jurídico y fijar las indemnizaciones compensatorias correspondientes", advierte. Los magistrados tampoco dan por buena la idea de que se ha producido "una afectación objetiva en el desarrollo personal y profesional", pues su defensa no ha acreditado "en qué consiste esa afectación prolongada en el tiempo y su relación con la prisión provisional".

TE PUEDE INTERESAR

Europa abusa de la prisión preventiva: uno de cada cinco encarcelados no ha tenido juicio

Eva Belmonte Carmen Torrecillas David Cabo María Álvarez del Vayo María Zuil

En cuanto a las dilaciones indebidas, la Audiencia considera que su razonamiento tampoco se sostiene. "Si se está indemnizando el tiempo de prisión provisional, ese retraso ya viene incluido en el concepto de lesión indemnizable, puesto que la compensación del daño se extiende a la totalidad del tiempo de duración de la medida cautelar", argumentan los jueces. "El razonamiento empleado por la Administración es adecuado a las circunstancias fácticas y se adapta a las disposiciones legales". La sentencia aún puede recurrirse. El hombre, que ahora tiene 45 años, volvería así a la carga después de haber sido encarcelado con 27.