Sánchez cierra curso más débil que nunca: más de 40 derrotas en 7 meses en el Congreso

El Gobierno llega al ecuador de la legislatura sin haber encontrado la vía para engrasar la mayoría parlamentaria que le permita esquivar votaciones de infarto, carambolas de sus socios o derrotas imprevistas. El último período de sesiones —que va de enero a julio por el 'pleno escoba' extraordinario del pasado día 22— ha sido especialmente descafeinado. Pese al triunfalismo mostrado por Pedro Sánchez en su balance, el Ejecutivo ha evitado enfrentar al aval de las Cortes múltiples proyectos de calado por la falta de garantías con sus socios, desde los propios Presupuestos Generales del Estado hasta el proyecto estrella de Sumar con la reducción de jornada.

Esa 'sequía' legislativa ha provocado que, de los 14 plenos convocados en los últimos siete meses, muchos hayan sido sólo de dos días por la falta de contenido. El PSOE saca pecho de haber conseguido aprobar 10 leyes, de las cuales ocho son decretos. Muchos de estos proyectos han versado sobre cuestiones que concitan un consenso mayoritario, como las medidas para favorecer a los usuarios de transporte o la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades. Pese a la oposición del PP, sí sacaron adelante, con poco margen, medidas como el escudo antiaranceles o la distribución de los menores migrantes.

Sin embargo, el Gobierno se ha visto obligado a dejar 'dormir' algunos de sus grandes proyectos por el comportamiento imprevisible de socios como Junts y Podemos, desde la 'ley Díaz' sobre la jornada laboral a la 'ley Bolaños' para reformar la Justicia, pasando por la ley de familias que lleva más de un año congelada en el plazo infinito de presentación de enmiendas. La elaboración de los Presupuestos ha caído, de nuevo, en saco roto (aunque Sánchez prometa que lo volverá a intentar), y Hacienda tampoco ha presentado ante la Cámara los objetivos de estabilidad. Y pese a todo, el presidente se ha encontrado con más de 40 derrotas parlamentarias en lo que va de año, entre decretos, proposiciones de ley o mociones.

La condena a la que se enfrenta el Gobierno es que cuenta con los mimbres para resistir, pero no para gobernar. El último gran síntoma de debilidad se produjo en el último pleno del año, que el Ejecutivo diseñó con el fin de irse de vacaciones con el mensaje de que la mayoría que le dio la investidura sigue de su lado a pesar de los avisos por los múltiples casos de corrupción que se amontonan a las puertas de la Moncloa. Pero se encontró con un nuevo y doloroso portazo que terminó enterrando el decreto energético. Pese a su carácter "técnico", no concitó apoyos. Al bloque de oposición de PP, Vox y UPN se sumaron Podemos, Junts y el BNG.

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Sánchez ya comprobó a principios de año que el Congreso no se lo pondría fácil tampoco en 2025. Una y otra vez, ha sido Junts el socio que más veces ha puesto en aprietos al Gobierno, siempre bajo la misma advertencia: "mientras no cumplan, no cuenten con nuestros votos". La lista de cesiones es ya interminable, pero los gestos inacabados no son suficientes para los posconvergentes. A la amnistía, la oficialidad del catalán en la UE o el traspaso de las competencias migratorias se suma ahora la búsqueda de poder municipal y provincial en Cataluña para frenar a Aliança Catalana.

El Gobierno ya se quedó sin oxígeno en enero al ver cómo caían dos de sus decretos más importantes. El ómnibus, que incluía la revalorización de las pensiones, ayudas al Transporte y apoyo económico a los afectados por la DANA; y el del nuevo impuesto a las energéticas. El primero no convenció a PP y Junts, y al segundo se sumó también el PNV al bloque del 'no'.

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Feijóo inauguró entonces su estrategia de choque frontal contra el Gobierno al votar en contra del escudo social, a pesar de que incluía medidas que reclamaba su propio electorado, especialmente en el caso de las jubilaciones. Pero la introducción de una cláusula para traspasar un palacete de París al PNV colmó la paciencia del gallego. La institucionalidad y la búsqueda de pactos de Estado salió definitivamente por la puerta de Génova cuando el 'caso Koldo' y las causas abiertas contra la mujer o el hermano del presidente comenzaron a escalar. Feijóo se abonó al 'no' a todo, y ni siquiera hubo acuerdo con el escudo antiaranceles meses después.

Derrotas en política fiscal, energía o defensa

La denominada "mayoría negativa", en palabras del presidente del PNV, Aitor Esteban, ha cuajado en los últimos meses. Tras el golpe de enero, el Gobierno vio cómo sus socios le abandonaban en otras seis votaciones en febrero. El PSOE se quedó solo en el Congreso al votar en contra de una proposición de ley de Sumar, socio minoritario de la coalición, para conceder la nacionalidad a saharauis nacidos antes de 1976, y que volvió a demostrar la soledad de los socialistas en el giro diplomático para satisfacer a Marruecos.

El Congreso también tumbó por segunda vez el intento del PSOE para reformar la ley del suelo, una iniciativa que evidenció una nueva fractura con el partido de Yolanda Díaz y en la que el PP volvió a votar en contra pese a identificar puntos comunes. Feijóo reunió también el aval de parte de los socios del Ejecutivo para iniciativas, sin carácter vinculante, sobre vivienda y energía. En concreto, logró doblegar al Gobierno y sacar adelante una proposición no de ley para prorrogar la vida útil de las centrales nucleares, medida que convirtió en 'ley' el pasado mes de junio gracias a la abstención de Junts... pero que sigue en el 'congelador' de Armengol.

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En marzo, el PP también logró atraer a los socios del arco conservador del Gobierno a iniciativas para combatir el "infierno fiscal" del PSOE. Además, Junts y PNV se posicionaron junto a Feijóo en los distintos puntos de una moción sobre política de defensa, y la mayoría de investidura volvió a fracturarse en una propuesta de Podemos sobre la retribución de permisos parentales, a la que sólo votaron en contra PSOE y Vox. La mayoría de la Cámara también tumbó la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, de nuevo gracias a la pinza del PP con los de Puigdemont, aunque el Gobierno retomó y aprobó la propuesta meses después.

En los meses siguientes, los conservadores sacaron adelante algunas iniciativas con las que "retratar" en sede parlamentaria los casos de corrupción que atenazan al Gobierno. Junts y ERC facilitaron, por ejemplo, aprobar una moción sobre la presunta implicación de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, en el caso Koldo-Ábalos-Cerdán. El Congreso también reprobó en mayo, por segunda vez, al ministro de Transportes, Óscar Puente, y en junio arrinconó a la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, por el apagón ibérico. La frustración con la que conviven en Génova es que, pese a esos guiños, los socios no dejarán caer al presidente.

A todo ello se suman las más de 40 propuestas legislativas presentadas por el PP que permanecen 'bloqueadas' por la Mesa del Congreso, presentadas en el Congreso o tramitadas en el Senado. Algunas de ellas, como la ley contra la okupación o la ley de conciliación podrían suscitar un respaldo mayoritario si se llevasen a Pleno, pero la mayoría progresista de la Cámara no dará esa satisfacción a los de Núñez Feijóo.

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En el Gobierno, sin embargo, intentan minimizar las derrotas y se centran en las victorias. Sánchez se conjura para resistir hasta 2027 con un ojo puesto en los informes de la UCO y otro en el cada vez más difícil equilibrio con sus socios parlamentarios. En el PSOE reivindican que, en lo que va de legislatura, 42 leyes y decretos han sido publicados en el BOE, y otras 42 están en distintas fases de tramitación parlamentaria. El Congreso ha cerrado sus puertas hasta septiembre, pero el laberinto del presidente del Gobierno amenaza con volverse más intrincado a la vuelta de las vacaciones.