La UCO se enfrentó a la fiscal del caso Montoro y rechazó realizar registros por "falta de indicios"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se opuso en diciembre de 2022 a solicitar la entrada y registro de los domicilios y empresas de los investigados del caso Montoro por falta de "indicios suficientes". La fiscal de Anticorrupción Carmen María García Cerdá les había pedido que dieran este paso para buscar "documentación y fuentes de prueba relevantes", pero la UCO le respondió que dicha medida no estaba justificada y le recordó que el juzgado ni siquiera les había autorizado a realizar el "análisis de 397 productos bancarios de los principales investigados" porque ella seguía sin emitir un "informe favorable" al respecto.

El sumario del caso, al que ha tenido acceso El Confidencial, revela las tensiones entre los agentes y la representante del Ministerio Público, que en junio de 2024 terminó por ser sancionada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por una falta disciplinaria grave de "incumplimiento de las órdenes o requerimientos" de sus superiores en Anticorrupción. García Ortiz le impuso esta sanción precisamente por el caso Montoro, donde consideró que García Cerdá había utilizado "subterfugios" y "argucias" para llevar a cabo una diligencia pese a la orden en contra del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Aunque este enfrentamiento entre García Cerdá y Luzón comenzó en abril de 2023, los documentos a los que ha tenido acceso este diario muestran que, en diciembre de 2022, la fiscal ya había protagonizado otro choque con la UCO. En concreto, tras un escrito en el que la fiscal señalaba a los agentes que ella tenía "la potestad de encomendar al jefe de la unidad correspondiente de la Guardia Civil la práctica de cualquier investigación" y "la realización de misiones propias de la Policía Judicial", así como "indicar las líneas de actuación" y "controlar el cumplimiento de sus cometidos o la evolución de sus investigaciones".

Tras esta contundente introducción, García Cerdá les trasladó tres órdenes: que le informaran sobre "la evolución de la investigación" y, en concreto, sobre el análisis que habían llevado a cabo de la información aportada por Hacienda; que le detallaran "el resultado de la actividad operativa" de cara a la "determinación de los responsables penales" junto a sus "estructuras societarias complejas y testaferros", y que emitieran un "informe operativo para la solicitud de la diligencia de investigación consistente en la entrada y registro en los domicilios y sedes" que podían "albergar documentación y fuentes de prueba relevantes".

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La UCO le respondió el 28 de diciembre de 2022. Según advirtieron en su oficio, durante las "diversas reuniones" que habían mantenido con ella a lo largo del "primer semestre" de 2022 ya habían determinado "un reparto de tareas entre las unidades investigadoras" que incluía también a los Mossos d'Esquadra. De esta manera, el análisis de la información de Hacienda que les estaba reclamando García Cerdá había sido elaborado por la policía catalana y "entregado en el juzgado el día 24 de noviembre de 2022", limitándose ellos a "aportar nuevos puntos de vista y apuntalar las conclusiones ya óbtenidas de manera exquisita".

Su oficio recordó además que en mayo habían solicitado el mencionado "estudio y análisis de 397 productos bancarios de los principales investigados". Tras no obtener respuesta, se dirigieron al juez un mes después, pero no tuvieron éxito: "Pese a no ser preceptivo informe de la Sra. Fiscal para autorizar el análisis solicitado, el magistrado no iba a librar mandamiento alguno en ese sentido sin el informe favorable". La petición de la UCO, por tanto, quedó bloqueada: "A día de la fecha no se tiene constancia del libramiento de ese informe, si bien al no haber autorizado el juzgado lo solicitado, se deduce que o bien no fue emitido por V.I. o que si lo hizo fue en sentido negativo", respondieron a García Cerdá.

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La UCO le explicó también que, antes de que la Audiencia Provincial de Tarragona anulara las escuchas a cuatro investigados a finales de 2021, ellos mismos realizaron "actividad operativa sobre los objetivos (...) de forma discontinua". Sin embargo, le avisaron de que desconocían los informes en los que García Cerdá basaba su conclusión de que "los autores de los hechos se estarían valiendo de la utilización de estructuras societarias complejas y testaferros".

Una vez expuestos estos puntos, el mensaje de la UCO fue claro a la hora de rechazar la tercera y última orden: "No obran en esta unidad indicios suficientes para elaborar informe de solicitud de entradas y registros, máxime cuando han sido solicitadas medidas muchos menos gravosas como el análisis de productos bancarios ya referido, y no han sido autorizadas en el marco de la causa".

Los registros quedaron así descartados, pero el juez terminó por dar su visto bueno al análisis de los productos bancarios en octubre de 2023 con el aval de la fiscal. "Habiéndose (...) publicado en diversos medios de comunicación no sólo la existencia de la investigación, sino también de datos concretos sobre la misma, debe atenderse a lo solicitado, en cuanto que los motivos que en su momento aconsejaron posponer la práctica de la diligencia solicitada han decaído en la actualidad", concluyó.

El otro aviso de los Mossos

La sanción que el fiscal general impuso dos años después a García Cerdá muestra que también tuvo problemas a la hora de sacar adelante otra diligencia. En concreto, la de identificar al titular de la cuenta "aromero@minhap" —que sospechaba que podía ser de Cristóbal Montoro— y "aquellas otras cuentas que recoge el informe de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía de la AEAT".

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La fiscal quería comprobar estos extremos para después solicitar el volcado de los buzones de estas cuentas, pero su superior, el teniente fiscal de Anticorrupción Antonio Romeral, lo rechazó al concluir que ninguno de los correos ya intervenidos "evidencia el delito de revelación de secretos que ella propugnaba". La fiscal insistió de nuevo sin éxito ante Romeral y finalmente acudió al fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que también negó que estuviera justificado.

García Cerdá se agarró entonces al artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Público, que permite a los fiscales oponerse a una orden que consideran improcedente. Esto provocó que se celebrara una Junta de Fiscales de Anticorrupción en septiembre de 2023 y, por 18 votos a cinco, avalaron la negativa de Luzón. Pese a ello, los intentos de la fiscal por llevar a cabo esta diligencia no cesaron, hasta el punto de que el inspector jefe de los Mossos d'Esquadra que estaba investigando el caso Montoro envió un escrito a Anticorrupción en noviembre de 2023.

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Según explicaba en este escrito que fue desvelado por El Español, la fiscal le había llamado el 25 de octubre para que solicitase al juzgado "el vaciado de la cuenta de correo corporativo aromero@minhap.es". García Cerdá se encargó de explicarle que, "a pesar de ser ella la fiscal encargada del asunto, no le iban a dejar pedir esta diligencia y tenía que ser la policía la que tenía que ir al juzgado y solicitar el vaciado de esta cuenta".

Esta forma de proceder provocó que el fiscal general terminara por imponer una sanción de 1.000 euros a la fiscal en junio de 2024. "Quiso obtener subrepticiamente lo que ya le habían denegado por escrito, esto es, el volcado de la cuenta aromero@minhap.es, y ello, además de revelar una conducta torticera, acreditaría un incumplimiento de la orden del teniente fiscal de considerar improcedente la solicitud de dicha diligencia", concluyó García Ortiz. La fiscal recurrió esta sanción, pero el Tribunal Supremo confirmó la misma a comienzos de este mismo mes.