La Fiscalía apoya abrir una causa contra la fontanera del PSOE en un juzgado de Madrid

La Fiscalía de Delitos Económicos ha apoyado abrir diligencias contra la fontanera del PSOE, Leire Díez. El Ministerio Público ha dado este paso después de que el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid le pidiera pronunciarse sobre la denuncia que Hazte Oír presentó contra Díez por los delitos de revelación de secretos, estafa procesal, cohecho y tráfico de influencias. Fuentes jurídicas explican que la Fiscalía ha contestado al juez que los hechos que relata esta denuncia revisten carácter delictivo y, por tanto, deben ser investigados.

La respuesta de la Fiscalía se produce en paralelo a lo ocurrido la pasada semana en el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, que incoó diligencias para investigar a la fontanera del PSOE por tráfico de influencias. Como desveló El Confidencial, Díez pidió el pasado febrero a un investigado en la Audiencia Nacional información comprometedora del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) y responsable de las pesquisas sobre la mujer y el hermano de Pedro Sánchez; el fiscal general del Estado, y el caso Koldo, entre otros.

El audio de esta reunión provocó que distintas organizaciones denunciaran los hechos ante los tribunales, pero la que en principio se encontraba más avanzada era la que asumió el mencionado Juzgado de Instrucción número 2 y que había sido presentada por la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC) El apoyo que la Fiscalía ha mostrado ahora a abrir otra causa en el número 9, que ha sido adelantado por La Razón y confirman a este diario fuentes jurídicas, abre la puerta a que las denuncias de esta asociación y de Hazte Oír se acumulen en uno de los dos juzgados para evitar dos causas paralelas sobre los mismos hechos.

En el caso del número 9, las fuentes consultadas destacan que también se ha hecho cargo de una de las denuncias que inicialmente se presentó en los juzgados de Badajoz, donde tanto Hazte Oír como Manos Limpias se querellaron contra Díez al considerar que también maniobró contra de la jueza que ha procesado por corrupción al hermano del presidente del Gobierno. Como estos hechos en principio habrían tenido lugar en Madrid, los juzgados de Badajoz se inhibieron entonces a favor de los de la capital.

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Esta segunda línea de investigación también se centra en un exjuez condenado por violencia de género llamado Luis Sáenz de Tejada. Este individuo trató de personarse en el caso del hermano de Sánchez y de recusar a la magistrada al frente de las pesquisas para apartarla. Lo hizo cuando la causa ya estaba avanzada y el sumario acumulaba indicios contra David Sánchez y otros cargos extremeños, entre ellos el líder del PSOE en la región, Miguel Ángel Gallardo. Tanto la magistrada como la Audiencia Provincial de Badajoz frenaron sus pretensiones.

"Actuaba en nombre del Gobierno"

En la denuncia que ha quedado en manos del Juzgado de Instrucción número 9, Hazte Oír destaca que Díez "desplegó medios para encontrar y aportar en los diversos procedimientos informaciones dirigidas a desprestigiar a los profesionales intervinientes y a provocar error en el juez". Como se le escucha decir en el audio desvelado por El Confidencial, la fontanera aseguró además al investigado que le podía "sentar con Fiscalía" a cambio de información comprometedora sobre el jefe de la UCO. "¿Qué es lo que nosotros podemos traer a la mesa? Y te lo digo así a lo bestia. Un acuerdo con la Abogacía del Estado y con la Fiscalía", llegó a transmitirle.

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Para Hazte Oír, esta afirmación resulta determinante, pues echa por tierra los intentos de Díez por defender que simplemente estaba recabando información para escribir un libro. "Este reconocimiento de su capacidad de influencia permite colegir, al menos de forma indiciaria, que bien que actuaba oficial u oficiosamente en nombre del Gobierno", denuncian. "Es evidente que, sin contar con el apoyo del gobierno, o al menos del presidente del mismo, Pedro Sánchez, es imposible que pudiera dar órdenes a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado".

Sin embargo, lo cierto es que el empresario al que solicitó esta información, Alejandro Hamlyn, no tenía ningún dato que permitiera poner en cuestión la ética o la profesionalidad de Antonio Balas ni del resto de agentes del Departamento de Investigaciones Económicas de la UCO. El intento de acuerdo no prosperó y, semanas después, llegaron una serie de cartas anónimas a la Abogacía del Estado, la Fiscalía y la Guardia Civil. Todas ellas contenían el mismo texto y denunciaban que Hamlyn se había marchado a Dubai para evitar el juicio que comenzó el pasado mayo en la Audiencia Nacional.