El despacho fundado por Montoro exige que se declaren "nulos" los correos clave para archivar la causa

El despacho fundado por el exministro Cristóbal Montoro ha exigido a la Audiencia Provincial de Tarragona que declare "nulos" los correos electrónicos que provocaron la apertura de la investigación. "Habrá que ver, una vez excluidos tales correos, hasta dónde alcanzan los efectos de esta nulidad", advierte Equipo Económico en un escrito al que ha tenido acceso El Confidencial. "La nulidad de una prueba vicia a su vez cualquier otra que hubiera sido obtenida como consecuencia de la anterior".

La solicitud trata de tumbar así la causa que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, que sitúa al exministro de Hacienda en la cúspide de una presunta trama corrupta que cobró mordidas de empresarios a cambio de reformas legislativas a medida. Según recuerda Equipo Económico, el juez reconoció en junio que las actuaciones se iniciaron "como consecuencia del hallazgo casual" de estos correos en el marco de otras diligencias, pero ellos cuestionan su validez.

La causa paralela en la que se obtuvo este correo se centraba en concreto en una empresa llamada Messer Ibérica que había construido una planta en la localidad de El Morell. Aunque esta investigación provocó en 2017 el registro de la empresa y la incautación de los correos, Equipo Económico afirma que dicha aprehensión "no se encontraba amparada por la resolución judicial" y critica que los agentes después realizaron "una investigación paralela y prospectiva durante más de cinco meses".

El despacho denuncia que esta forma de proceder choca de forma directa con la resolución que acordó la entrada y registro de la empresa, en la que se incluía la siguiente advertencia: "En el supuesto de que en el curso de la diligencia se descubrieran hechos nuevos que pudieran ser constitutivos de infracción criminal distinta a la que es objeto de la presente autorización, deberá comunicarse inmediatamente a la autoridad judicial, al objeto de que pueda acordar lo procedente”.

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Teniendo en cuenta este aviso, Equipo Económico afirma que es "obvio que los agentes actuantes incumplieron el protocolo establecido por el juzgado". Su escrito incide para ello en que los Mossos podían actuar "ante la presencia de nuevos delitos" que se advirtiesen durante el registro, pero siempre cumpliendo esa orden de "comunicar al órgano autorizante" el correspondiente "hallazgo casual" para que este procediera "a ampliar la autorización concedida a esos nuevos hechos".

"Cualquier acceso o copia a otros ficheros o datos no relacionados directamente con la construcción de dicha planta de fraccionamiento de aire estaba vedada para los agentes que ejecutaron la diligencia de registro", sostiene el despacho. "Es enormemente llamativo que tratándose [la investigación] de la construcción de una nave en 2009, se acepte con normalidad y sin filtro alguno, la aprehensión de unos correos que datan de finales de 2013".

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El despacho considera entonces que los Mossos d’Esquadra en ningún caso deberían haber seguido adelante con su análisis y critica el informe que terminaron por enviar al juzgado para alertarle de unos hechos que "deberían ser objeto de investigación". Según denuncian, "el uso de condicionales evidencia que lo expresado por los agentes no son más que meras sospechas basadas en la ocupación ilegal de unos documentos obtenidos durante la entrada y registro", pero esto no impidió que el juzgado incoara en 2018 "una investigación que no puede calificarse sino de prospectiva, máxime cuando ha sido sostenida durante más de siete años y bajo secreto de sumario".

Apoyándose en este razonamiento, el despacho solicita a la Audiencia que "se acuerde la nulidad de la aprehensión de los correos" y, a partir de ahí, avisa de que la consecuencia más previsible sería la de que el resto de la causa también se archivara.