El nuevo precio de Junts a Sánchez en Madrid: diputaciones y grandes ayuntamientos en Cataluña

La relación entre Junts y el Gobierno es un amor imposible: se necesitan, pero no se soportan. Por eso, desde que Carles Puigdemont por los independentistas y Santos Cerdán por el PSOE firmaron en noviembre de 2023 el acuerdo de investidura a cambio, entre otras cesiones, de la amnistía al procés, la relación ha pasado por diversos escenarios con el elemento común de la desconfianza.

Ahora, con el Gobierno en su momento de mayor debilidad y el presidente, Pedro Sánchez, dando orden de agotar como sea la legislatura, Junts se siente fuerte. Por eso le ha negado su apoyo a los proyectos estrella de los dos ministros más importantes del Gobierno de coalición: no a la rimbombante ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; y no a la ley de reducción de la jornada laboral de la ministra de Trabajo, vicepresidenta del Gobierno y líder del socio de coalición, Yolanda Díaz. Ninguno de los dos anteproyectos será sometido a votación en el pleno de este martes en el Congreso.

Pero la realidad es que Junts tampoco está para lanzar cohetes. Como ya venían anunciando las encuestas privadas y los trackings de los partidos catalanes, y ha confirmado el sondeo del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat (CEO), Puigdemont está perdiendo la batalla en Cataluña: mientras que el PSC de Salvador Illa mantiene sus 42 escaños, e incluso podría mejorar (41-43), Junts baja de 35 a 27-29. Pero eso no es lo más importante para Puigdemont: el partido de Silvia Orriols, Aliança Catalana, multiplica de 2 a 8-10.

Es por eso que el líder independentista ha decidido dar un giro a su estrategia, tal y como han confirmado a El Confidencial desde su entorno. La idea es simple: hace falta poder político, capacidad de gestión, para demostrar a los votantes de Cataluña que Junts es la mejor opción para abordar la inseguridad ciudadana, un asunto que ya es el principal factor movilizador de voto en los grandes municipios de Cataluña, por delante de la cuestión independentista.

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En resumen: sus siete votos en el Congreso, incluso para los Presupuestos Generales del Estado de 2026, a cambio del apoyo del PSC para que Junts asuma el mando en instituciones catalanas. Si este acuerdo llegara a cuajar, el partido de Puigdemont conseguiría otro beneficio directo: la posibilidad de colocar a sus cuadros, pues en este momento la gran mayoría poder en Cataluña está en manos del PSC de Salvador Illa.

"Un cambio de caballo"

No obstante, esta no ha sido la primera opción barajada en el cuartel de Waterloo. El debate en Junts en torno al futuro de Sánchez ha sido intenso, como en todos los socios de investidura. En su caso, según ha podido saber este periódico, es mayoritaria la opinión de que la figura del presidente del Gobierno está amortizada.

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No obstante, en el partido de Puigdemont no quieren que caiga el Gobierno porque son conscientes de que ninguna de las hipótesis que se puedan plantear a futuro va a darles mayor influencia que la que tienen en este momento con sus siete votos en el Congreso. La prueba es el pleno de este martes.

Sobre este punto de partida, y cumpliéndose dos años de legislatura, en el partido de Puigdemont piensan que la mejor forma de seguir adelante es mantener el Gobierno, pero sin Sánchez, un "cambio del caballo" a mitad de legislatura. No obstante, y a pesar de que entienden que, conociendo al presidente del Gobierno, esta opción no es verosímil, sí se han planteado quiénes serían los candidatos ideales: José Luis Rodríguez Zapatero y Salvador Illa, siendo este caso aún mejor dado que dejaría de ser el presidente de la Generalitat.

Como ha contado El Confidencial, la negativa de Junts a apoyar la ley Bolaños no es un veto, sino un retraso. En cambio, la cuestión de la reducción de la jornada tiene más fondo. Foment del Treball se opone y esta organización es en este momento el principal aval de legitimidad para los de Puigdemont, que muchas veces han estado ejerciendo de correa de transmisión de esta patronal.

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Es más, la labor de su presidente, Josep Sánchez-Llibre, entre Madrid y Barcelona ha sido clave para tender puentes entre el independentismo y el poder económico madrileño. No en vano, son numerosos los nombramientos de personas del entorno de Junts (y de ERC) que están ocupando puestos relevantes en la gran empresa pública española y en los organismos reguladores: Banco de España, CNMV, CNMC, AENA, Enagás, Renfe o RTVE.

En esa etapa, con el poder económico como objetivo y el pragmatismo como bandera, el empresariado catalán logró que el PSOE apartara a Zapatero de las negociaciones en Suiza con Puigdemont. Sin embargo, cuando saltó el escándalo de Santos Cerdán, Sánchez volvió a recurrir al expresidente del Gobierno, que acudió a Suiza a un nuevo encuentro con el prófugo y con un punto en el orden del día, como adelantó El Mundo: pedirle su apoyo a la ley Bolaños. Puigdemont les respondió con otra petición no menos ambiciosa: la creación de un consejo del poder judicial catalán.

La semana pasada, el Gobierno hizo dos nuevos gestos para intentar atraer a Junts, ambos infructuosos. El primero fue volver a llevar al Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europa (CAG) el debate sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en las instituciones comunitarias, propuesta que cosechó el séptimo fracaso en lo que va de legislatura. El segundo fue acudir a la vista del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) con la misma estrategia que Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont, y enfrentándose a los argumentos del letrado de la Comisión Europea.

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Mientras, el expresidente prófugo de la Generalitat presentó el pasado día 17 un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para solicitar que se le aplique la amnistía que le denegó el Tribunal Supremo y, entre tanto, se suspenda la orden de detención nacional que sigue vigente. En su recurso, Boye concluye que la citada orden "carece del respaldo de una condena firme", en un contexto en el que el legislador "ha expresado su voluntad de extinguir la responsabilidad penal" de su cliente mediante "una norma orgánica cuya constitucionalidad ya ha sido confirmada".