PP y Junts amargan a Sánchez el fin de curso y tumban el decreto energético en el Congreso

El Gobierno no logra alcanzar el aprobado en el final del curso político, con la votación de siete iniciativas en el último pleno del Congreso, que preveía sacar adelante después de haber dejado fuera los dos proyectos cuyo apoyo no tenía garantizado: la reforma de la justicia conocida como ley Bolaños y la reducción de la jornada laboral. Estas dos exclusiones dejaban la sesión descafeinada pero la debilidad que acompaña al Ejecutivo cada día, sin contar con garantías de lo que harán sus socios parlamentarios, ha provocado que caiga también el real decreto ley antiapagones, concebido para reforzar la supervisión y el control de las oscilaciones eléctricas.

La negativa de Podemos a respaldarlos con el argumento de que "lo podría haber escrito Sánchez Galán de Iberdrola" dejaba en manos del PP su convalidación. Pero Alberto Núñez Feijóo, y pese a las presiones del sector para que facilitase su aprobación, ha optado por dejarlo caer. El bloque del 'no' resultó más abultado de lo previsto, y ratifica, una vez más, las dificultades parlamentarias del Ejecutivo. En el turno de fijación de posiciones confirmaron su voto en contra PP, Junts, Podemos, BNG, Vox y UPN. En total, la votación se saldó con 165 votos a favor y 183 en contra.

Tras la explosión del caso Cerdán, y después de superar el Comité Federal del PSOE y de ratificar el aval de su mayoría parlamentaria, este 'pleno escoba' era de nuevo importante para comprobar la temperatura de los socios en sus relaciones con el Ejecutivo. Podemos ya había dejado claro que continuará marcando distancia y buscando un hueco netamente de izquierdas. Su portavoz, Ione Belarra, destacó que sus votos "no están para beneficiar al oligopolio eléctrico" y censuró que el texto no sancione a las eléctricas "por su responsabilidad en la escalada de sobretensión que finalmente provocó el apagón de abril", aunque fue sólo una parte de la cadena de factores del cero energético donde también tuvo incidencia la planificación de Red Eléctrica.

Con el 'no' de los morados, la votación volvía a depender de Feijóo. El decreto energético situó al líder del PP en una disyuntiva: ir al choque con las energéticas y la industria electrointensiva, que lleva días presionando al primer partido de la oposición para que se abstenga; o regalar a Sánchez una victoria parlamentaria significativa en su momento de mayor debilidad. El PP se dividió con este debate, con corrientes favorables hacia uno y otro supuesto, aunque la mayoritaria abogaba desde el principio por el voto en contra.

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Los populares mantuvieron la tensión hasta el final. Querían esperar al posicionamiento de los distintos socios parlamentarios para comprobar si, efectivamente, sus votos eran o no decisivos, y jugar con los nervios del Gobierno. La duda estaba en Junts. Los guiños que incluía el real decreto al independentismo, con una subvención de dos millones de euros para Cataluña para la gestión der los purines, no fue suficiente para el partido de Puigdemont. Y Miriam Nogueras azotó con dureza a la bancada del Gobierno. "Negociar no consiste en poner cuatro zanahorias para contentarnos. Eso no es negociar. Si quieren nuestros votos, deben cumplir. Y no lo han hecho", espetó.

De este modo, tanto el PP como Junts amargaron la intención del presidente del Gobierno de poner el broche parlamentario y engrasar la relación con sus socios antes del verano. Sánchez se ausentó del último pleno antes del paréntesis de agosto por estar de viaje oficial en Chile, Uruguay y Paraguay. Desde Montevideo, el presidente del Gobierno minimizó la derrota, con el pretexto de que "si hemos perdido una votación de seis, ni tan mal". Anunció además que volvería a presentar el decreto en el Congreso, evitó cargar contra sus socios —pese a haberle fallado tres de los seis que le apoyaron en la investidura— y atacó al PP.

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Desde Génova se quejaban de que el Gobierno sólo había telefoneado a varias de sus comunidades autónomas con el fin de presionarles para optar con la abstención, pero no habían abierto negociación alguna para conseguir sus votos. Desde el Ejecutivo, sin embargo, recuerdan que el PP declinó participar en la ronda de contactos que inició el Ministerio de Transición Ecológica antes de redactar el real decreto-ley. Podemos también rechazó aquella reunión.

El PP aseguró en un comunicado que presentaría su propia proposición de ley en el Congreso "para garantizar las inversiones que nuestro país necesita en materia de energía", un texto que elaborará de la mano de las comunidades autónomas. Y hurgó en la debilidad del Ejecutivo. Recuerdan que el Gobierno convocó este 'pleno escoba' para aprobar otras leyes de calado y que tuvieron que quedarse en el tintero por su debilidad. Con el varapalo al decreto energético, dicen, "la derrota es total". "Sánchez tuvo votos para llegar, pero no para seguir", recalcan. "Hasta aquí ha llegado la escapada".

Sesión marcada por la corrupción

Pese al importante bache del decreto energético, el Ejecutivo sí consiguió avanzar en otras iniciativas. Al margen de las enmiendas del Senado a la ley sobre responsabilidad civil en vehículos de motor; a la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública; y la modificación del régimen económico de Canarias, en el pleno de este martes se discutió también el decreto para actualizar las entregas a cuenta a las comunidades autónomas.

Pese a tumbar el decreto energético, el PP sí 'salvó' este último. Porque un Junts especialmente crítico con el Ejecutivo también optó en este caso por el voto en contra. Feijóo tenía una presión extra en este punto: la de sus propios barones territoriales. El líder del PP se comprometió a respaldar la medida si el Gobierno llevaba la actualización de las entregas al Congreso sin mezclarlo con otras normativas, como hizo hace unos meses con un decreto ómnibus que los populares tumbaron en sede parlamentaria.

El Congreso también aprobó este martes la reforma del Reglamento del Congreso, dividida en dos puntos: una que establece un régimen sancionador contra los agitadores vestidos de periodistas que impiden el desarrollo de las ruedas de prensa y señalan en las redes a los verdaderos informadores; y otra sobre lenguaje inclusivo para que el Congreso de los Diputados pase a llamarse sólo 'Congreso' en el reglamento interno.

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Al margen de quedar negro sobre blanco que el Gobierno mantiene las mismas dificultades para sacar adelante sus proyectos legislativos, la sesión de este martes fue un adelanto de los debates que se reproducirán a partir de septiembre: un continuo pimpampum entre PP y PSOE a cuentas de los distintos casos de corrupción que afectan a cada sigla. Los socialistas han intentado neutralizar el caso Ábalos y el caso Cerdán con un recuerdo permanente a los asuntos que implicaron a políticos populares en las etapas de José María Aznar y de Mariano Rajoy.

La imputación del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y de parte de su equipo por hacer leyes a medida a cambio de pagos cuestionables ha dado a esta cuestión una enorme pátina de actualidad. Y los reproches cruzados fueron una constante en el pleno, tanto en el propio hemiciclo como en los pasillos. "Estamos hablando de un nivel de corrupción premium sin límites, y todavía no hemos escuchado al PP adoptar ningún tipo de medidas", refirió, por ejemplo, la diputada socialista, Alicia Álvarez.

Algunos de los socios parlamentarios del PSOE también atizaron al PP por esta cuestión de forma recurrente a lo largo del día, acusándoles de "mafia" y calificando a Montoro de "capo", como hizo el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. Vox, por su parte, aprovechó para reivindicarse frente a la "corrupción transversal del bipartidismo", y los portavoces populares hicieron lo propio por los casos que atenazan al Gobierno y que emanan del propio Palacio de la Moncloa.

"España tiene un presidente del Gobierno cercado por la corrupción en su partido, en su Ejecutivo y en su entorno personal y familiar", espetó Tellado en una entrevista mientras el pleno seguía en marcha. Los puentes seguirán completamente rotos, y los ataques, incluso personales, entre los dos grandes partidos amenaza con llegar a su cota máxima de tensión a la vuelta de las vacaciones.