Las fotografías y correos que cercan a Montoro: "Agradecerían ayuda para modificar la ley"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro en la cúspide de una presunta trama corrupta que cobró mordidas de empresarios a cambio de reformas legislativas a medida. El sumario del caso, al que ha tenido acceso El Confidencial, destaca fotografías del exministro con empresarios del sector gasístico y pone el foco en una serie de correos electrónicos que también incriminan a otros altos cargos de Hacienda.

Los agentes apuntan a que los pagos se canalizaron a través de Equipo Económico, un despacho fundado por Montoro al que estas empresas contrataron mientras él llevaba las riendas de Hacienda. "La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro", advirtió uno de estos empresarios a sus colegas en diciembre de 2013. "Agradecerían nuestra ayuda en cuanto a la redacción de la modificación de la ley, o sea a la redacción del BOE", confirmó otro en abril de 2014, justo después de reunirse con el entonces secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre Navarrete.

La línea de investigación sobre estos supuestos negocios de Montoro con empresarios del sector gasístico es la que se encuentra más avanzada, pero el sumario avisa de que otras empresas también hicieron pagos millonarios al mismo despacho. "Cabe la posibilidad de que esta operativa desarrollada por Equipo Económico pudiera haberse prolongado en el tiempo y haberse hecho extensiva a otros sectores empresariales que, igual que las gasísticas y gracias a la intermediación de Equipo Económico dentro de la Administración, se podrían haber beneficiado de reformas legislativas o adjudicaciones de contratos públicos", sostiene la UCO.

"El ámbito político apropiado"

La Guardia Civil explica que los primeros intentos de los empresarios investigados por contactar a altos cargos del Gobierno se produjeron en abril de 2013, pero no fue hasta seis meses después cuando cambiaron de plan para sacar adelante una reforma concreta. Así quedó reflejado en un acta de la junta directiva de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) del 15 de octubre de 2013, cuando "se abordó la estrategia de contratación de Equipo Económico".

Uno de los socios de este despacho, Manuel de Vicente-Tutor, fue el encargado de proponerles "la realización de un estudio para justificar la inclusión del sector de los gases industriales" en la bonificación del 85% del impuesto eléctrico, una medida que el Gobierno ya estaba aplicando a otras actividades. Según les indicó en nombre de Equipo Económico, simplemente debían presentar esta idea en "el ámbito político apropiado". El discurso pareció convencer a al menos cinco empresas de AFGIM, que abonaron más de 300.000 euros a Equipo Económico a lo largo de 2014 y, pese a las reticencias iniciales del Gobierno, lograron sacar adelante la reforma.

La UCO destaca que el despacho formalizó su oferta a una de las empresas de AFGIM el 4 de diciembre de 2013. Un día después, uno de los empresarios envió el mencionado correo electrónico en el que apuntaba que Equipo Económico era "la vía más directa" para llegar a Montoro y, el 4 de marzo de 2014, varios de ellos terminaron por reunirse con el propio ministro. "A dicha reunión, tal y como se puede observar en la imagen, asistieron en representación del sector gasístico José Luis Méndez (Carburos Metálicos), Eduardo Gil Elejoste (Praxair), Teresa Rasero (Air Liquide) e Isidro Abelló (Abelló Linde)", detalla la UCO en su informe.

El encuentro demostró la capacidad de Equipo Económico por llegar a lo más alto de Hacienda, pero la UCO señala a que la reforma acabó por negociarse a través del secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre Navarre. De hecho, los agentes no pasan por alto que este mismo alto cargo había enviado en octubre de 2013 una carta a una de las empresas en la que se oponía a incluirles en la bonificación, lo que no impidió que cambiara de parecer en cuestión de meses.

El cambio de postura se plasmó en otro correo enviado por uno de los empresarios que se había reunido con Montoro, José Luis Méndez, a un miembro de AFGIM el 21 de abril de 2014, después de reunirse con el propio Ferre y con el director de gabinete del secretario de Estado de Hacienda, José María Buenaventura Zabala. "Indica José Luis Méndez en el correo que el secretario de Estado habría mostrado interés en incluir el sector gasístico en la bonificación del impuesto eléctrico, e incluso les habría solicitado ayuda en la redacción de la modificación de la ley", explica la UCO. "Asimismo, el Sr. Méndez comunicaba en el correo las dudas que tenía el ministerio en realizar una transposición completa de la Directiva Europea, por el temor a que 'se abra una ventana por la que se puedan colar otros sectores'", añade el informe.

Tras reunirse de nuevo con Equipo Económico, la confirmación final de que la reforma iba a salir adelante llegó en julio de ese mismo año. "La reforma tributaria ya en marcha", anunció el secretario de AFGIM a distintas empresas del sector gasístico el día 4 de ese mes. En ese correo, les informó además de que seguirían "manteniendo contactos con el Ministerio de Hacienda para comentar las cuestiones que se han de tener en cuenta de cara a los desarrollos reglamentarios".

La UCO sostiene que estos contactos terminaron por plasmarse en un nuevo cambio legislativo que comenzó a fraguarse a partir de 2017, cuando la AFGIM recurrió una vez más a Equipo Económico. "Uno de los aspectos tratados en la reunión fue la posibilidad de incluir una modificación de las tarifas y notas aclaratorias del Impuesto sobre Actividades Económicas, a través de una Ley de Presupuestos, aspecto sobre el que Equipo Económico se comprometió a estar pendiente", destaca el informe. La UCO sospecha que este nuevo encargo se alargó varios años y detalla que, entre 2017 y 2019, AFGIM terminó por abonar más de 254.000 euros a Equipo Económico.

Catalá y los pagos de Codere

Equipo Económico cobró además "numerosos y cuantiosos pagos" de la multinacional del juego Codere, una firma vinculada al exministro Rafael Catalá. Una vez más, la sospecha se centra en que esta empresa trató de influir en la legislación del sector. Así lo mantienen los Mossos d'Esquadra, que también han participado en la investigación. En un informe de noviembre de 2022, ellos apuntan a presuntas irregularidades en el proceso de otorgación de licencias de juego en línea para operar en España.

Según concluyen los Mossos, Hacienda realizó inspecciones a empresas de juego extranjeras para que pagaran impuestos con retroactividad como condición para obtener las licencias, lo que beneficiaba a Codere. El informe señala que esa firma "habría hecho labores de lobby junto o a través de Equipo Económico" durante la redacción de la ley del Juego con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y, posteriormente, durante su periodo de implementación con el PP para las mencionadas licencias.

Otra de las líneas de investigación se centra además en que Montoro presuntamente obtuvo a través de la Agencia Tributaria información reservada sobre políticos y famosos mientras ejercía como ministro de Hacienda. Esta sospecha se basa en el hallazgo de una serie de mails que incluían información sobre los políticos Rodrigo Rato, Esperanza Aguirre y "J.Piqué", así como sobre el deportista Rafa Nadal y sobre los procedimientos del caso Gürtel, el caso Pujol y el Canal de Isabel II.

En el caso concreto de Nadal y Aguirre, los correos aludían a inspecciones fiscales a ambos. Una de las direcciones de correo corporativo que recibía esas informaciones con información relevante y protegida era 'aromero', "a quien, según destaca la Fiscalía Anticorrupción, se dirigían los remitentes como "ministro". "Corroborarían que la dirección de correo electrónico "aromero" correspondería al entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro", añade el sumario.

El juez investiga por el momento a la trama por cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad en documentos. Entre los investigados, destacan Montoro y el mencionado Miguel Ferre, así como los principales socios de Equipo Económico. "Les será notificada la presente resolución (...), siendo citados para declarar en calidad de imputado y con asistencia letrada en el día y hora pendiente de señalar", acordó el juez el pasado 19 de junio.