El Supremo rechaza la petición del juez Peinado de imputar a Bolaños por malversación

El Tribunal Supremo ha rechazado imputar al ministro Félix Bolaños por los delitos de malversación y falso testimonio en el marco del caso Begoña. Los magistrados consideran que la exposición razonada del juez Juan Carlos Peinado no contiene un "mínimo respaldo indiciario" ni tampoco "una imputación de delito suficientemente individualizada".

Peinado basaba su petición de imputar a Bolaños en la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que ejerció como secretaria personal de Begoña Gómez y le ayudó con sus negocios privados durante la etapa investigada. La contratación se produjo en junio de 2018 y Bolaños ejercía en aquel momento como secretario general de la Presidencia del Gobierno, por lo que el juez concluyó que podía haber incurrido en un delito de malversación.

El juez ya citó a Bolaños como testigo para tratar de aclarar estos hechos y se desplazó hasta su despacho de Moncloa para interrogarle el pasado 16 de abril, pero, tras un bronco interrogatorio, llegó a la conclusión de que el ministro había mentido y, por tanto, también debía ser investigado por falso testimonio. Dada su condición de aforado, remitió entonces la causa al alto tribunal, que ahora descarta de plano su exposición razonada.

"Por lo que se refiere a la malversación que se dice cometida, no existen indicios probatorios, más allá de meras hipótesis, sin el suficiente sustrato fáctico", advierte el alto tribunal. "La atribución al Excmo. Sr. Bolaños García del conocimiento de las labores que presuntamente realizaba la persona contratada fuera del ámbito de sus funciones se basa exclusivamente en la asunción y desempeño del cargo que ocupaba (secretario general de la Presidencia del Gobierno), así como en una pretendida notoriedad pública en el ejercicio de esas tareas".

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En cuanto al delito de falso testimonio, Peinado incidía en que se vio obligado a detener la declaración de Bolaños del pasado abril para exigirle que recopilara la información necesaria sobre la contratación de Álvarez. Una vez reanudada, el ministro señaló a otro alto cargo de Moncloa llamado Raúl Díaz Silva, pero, tras citar a este, Peinado consideró que sus versiones no coincidían y que Bolaños podía haber cometido falso testimonio.

En la resolución notificada este martes, el Supremo también echa por tierra ese razonamiento. "Se debe señalar que tal atribución [de falso testimonio] se realiza con base en las contradicciones que se han observado en las respectivas declaraciones, como testigos y en fase de instrucción, de dos personas, el aforado y D. Raúl Díaz Silva, sin que se haya dictado sentencia o resolución judicial firme que haya declarado una verdad judicial o forense con la que comparar las manifestaciones de ambos", destacan los magistrados.

"El delito de falso testimonio es un delito que requiere que la falsedad de lo declarado sea un dato objetivo, que se constata contrastando aquello que se declare con la falsedad y ese dato objetivo, por el momento, no ha sido determinado", sostienen.

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El alto tribunal tampoco pasa por alto que Peinado vinculaba el falso testimonio con la malversación, por lo que si Bolaños llega a ser imputado por este segundo delito, no se podría haber tenido en cuenta su declaración de abril. En caso contrario, se estaría vulnerando su derecho a la no autoincriminación.

"Ante la absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotados de mínima verosimilitud sobre la participación en ellos de la persona mencionada en la exposición razonada, procede el archivo de la presente causa", acuerda el alto tribunal. Entre los magistrados que han formado parte del tribunal, figuran tanto el instructor del caso Koldo, Leopoldo Puente, como el que ha procesado al fiscal general del Estado, Ángel Luis Hurtado.

De esta manera, el Supremo da carpetazo a la posible imputación de Bolaños, lo que no quita que Peinado siga adelante con su investigación sobre la contratación de Álvarez. Las defensas también recurrieron la imputación de esta asesora por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, pero la Audiencia Provincial de Madrid concluyó el pasado junio que los indicios apuntan a "una clara y palmaria desviación de las labores de un funcionario público".