Koldo preparó una bolsa de deporte con ropa al creer que iría a prisión en su última declaración

Fue Santos Cerdán quien acabó en la cárcel, pero había otros que tampoco las tenían todas consigo. Koldo García, el hombre que da nombre al caso de corrupción que acosa al PSOE, acudió el pasado 23 de junio al Tribunal Supremo a declarar después de que la Unidad Central Operativa (UCO) le implicara —en base a los audios que él mismo grabó— en una organización criminal a gran escala dedicada a la recaudación de sobornos. Antes de dirigirse al alto tribunal, dejó lista una bolsa de deporte con ropa y productos básicos de higiene. Pensaba que aquella noche dormiría en Soto Real.

Aquel día, el asesor del exministro José Luis Ábalos compareció ante el juez Leopoldo Puente con una decisión ya tomada. Acababa de cambiar de abogado y pasaba a estar representado por la letrada Leticia de la Hoz, que ya defiende a su mujer y a su hermano. Desde días antes, había reclamado tener acceso a los dispositivos que le fueron incautados, alegando que solo comprobando su contenido podría responder con conocimiento de causa. No pensaba declarar.

La falta de cooperación que evidenciaba esa decisión de callar no le dejaba en buen lugar ante la Fiscalía Anticorrupción, clave a la hora de decidir su situación. Además, era patente que los nuevos indicios con los que contaba la UCO le situaban en el origen de la trama en estrecha colaboración con Cerdán. Fueron ambos, defendía la Guardia Civil, quienes iniciaron en Navarra la actividad de la red, a la que sumaron más tarde a Ábalos.

Repasó sus opciones y asumió que sus perspectivas eran más bien negras. A pesar de todo, mantuvo su plan inicial. Ante el magistrado y el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón, dijo que se acogía a su derecho a no declarar. Antes que él, se había sentado su antiguo jefe que contestó, pero lo hizo para negar cualquier implicación y cuestionar los audios comprometedores.

TE PUEDE INTERESAR

Cerdán pide salir de prisión: "Es notorio que Koldo ha sido colaborador de la Guardia Civil"

Beatriz Parera Pablo Gabilondo

Tras las declaraciones, la acusación popular unificada bajo el mando del PP, reclamó para él prisión incondicional sin fianza. Anticorrupción, sin embargo, no se subió a aquel tren. Reclamó que se mantuvieran las medidas cautelares ya impuestas en la primera fase de la instrucción: comparecencias quincenales y prohibición de abandonar el territorio español. Es muy posible que esa petición le salvara.

La bula papal de aquella jornada no será, sin embargo, eterna. Las investigaciones continúan avanzando y ha comenzado a calar el rumor de que el asesor estrella del Ministerio de Transportes guarda información que la Guardia Civil no ha localizado. Si el Ministerio Público o el juez consideran que existe el riesgo de que esas supuestas nuevas pruebas se destruyan, su suerte cambiará. Además, la UCO ya analiza las grabaciones completas que sí le fueron incautadas y, ese avance, puede generarle nuevos problemas y también una nueva citación.

El último informe de la UCO

El magistrado le citó aquel lunes a la vista de las conclusiones del nuevo informe de la UCO presentado a principios de junio. Tras analizar las grabaciones que conservaba en su casa de Alicanyte, los investigadores concluyeron que él, Ábalos y Santos Cerdán integraban una organización criminal dedicada a favorecer adjudicaciones para diversas empresas —con Acciona a la cabeza— a cambio del cobro de mordidas y que actuó durante más de una década.

La Guardia Civil sitúa los inicios de la actividad de la trama nada menos que en 2015, mediante la alianza de Cerdán con Koldo en Navarra. La actividad de la red cogió vuelo gracias a su ascenso político. En una fase más avanzada, sumaron a Ábalos y lograron colocar al Ministerio de Transportes como centro del reparto de obra pública. Los cálculos de la UCO sitúan en cerca de un millón de euros los beneficios obtenidos por la organización.

El informe se apoyó en ocho audios grabados por el propio Koldo entre 2019 y 2023 que contienen conversaciones con Cerdán y Ábalos. De ellas se desprende que la relación del trío fue evolucionando. La UCO sostiene que los contratos de obra pública que se investigan fueron adjudicados a las constructoras Acciona, OPR y LIC. La Guardia Civil calcula que solo las mordidas que habrían obtenido de Acciona ascenderían a 620.000 euros, aunque se les adeudarían 450.000 euros.

La Guardia Civil ha dejado, además, pistas sobre la sospecha de que la trama actuaba con conocimiento del PSOE e incluso con su posible participación. En diversas partes del análisis se incluyen referencias que apuntarían a una presunta financiación ilegal. Desde la alusión de la UCO a que, en una de las fases, Ábalos actuó "a espaldas del partido" hasta la mención al cobro de un "impuesto" a sus cargos.