Los jueces avisan del riesgo de "impunidad" con la instrucción exprés de corrupción de Sánchez

La reacción de gran parte de la judicatura a las propuestas de lucha contra la corrupción avanzadas este miércoles por Pedro Sánchez puede compararse con la que sienten muchos jueces respecto a las reformas del ministro Félix Bolaños sobre la Justicia. Un gobierno acosado por todo tipo de casos judiciales y escándalos no puede reformar leyes que afectan a las carreras judicial o fiscal y tampoco puede introducir cambios legislativos que pretendan -supuestamente- atajarla. "Ni es creíble ni es conveniente", asegura para explicarlo uno de los magistrados consultados.

Pese a todo, el presidente del Gobierno planteó ante el Congreso 15 medidas anticorrupción en fase, eso sí, de estudio. Pese a que simplemente fueron esbozadas, una de ellas chirrió desde un principio. El plan de Sánchez incluye el impulso de un procedimiento sumario similar al del amparo judicial de las libertades y derechos, previsto en el artículo 53.2 de la Constitución española. Se trata de un procedimiento preferente, con plazos acelerados, pensado en inicio para agilizar la respuesta ante situaciones de patente violación.

La adaptación de ese esquema a la lucha judicial contra la corrupción ha generado suspicacias. Distintas voces consultadas por este diario avisan de que, en el mejor de los casos, la idea es "contradictoria" con la naturaleza misma de esos casos y, en el peor, amenaza con generar "una mayor impunidad". Los procedimientos sumarios imponen plazos más reducidos y algo así es incompatible con la investigación de este tipo de delitos, siempre complejos.

Uno de los magistrados consultados se pregunta, por ejemplo, si ante supuestos de corrupción en los que se dispersa el dinero entre cuentas bancarias de decenas de países, con sociedades ficticias y que presentan socios ocultos o cuyos socios son otras entidades internacionales, sirviéndose además para la defraudación de complejos mecanismos difíciles de investigar, "establecer un procedimiento sumario de persecución no parece un instrumento razonable".

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"Creo que contra la corrupción política y empresarial se debería defender una capacidad de investigación judicial o fiscal independiente y con suficientes medios. Eso es lo fundamental: más control para que no se produzcan y mejor investigación cuando se detecte. Un procedimiento sumario parece que entorpece, más que ayuda", indica.

Otra de las fuentes contactadas por este diario anticipa que sería "algo imposible" salvo que se quieran imponer plazos perentorios que, como ya se ha visto en anteriores intentonas, suelen producir cierres en falso de los casos por las limitaciones temporales. Asegura que las investigaciones anticorrupción son muy complejas, implican -por ejemplo- cooperación judicial internacional que es muy lenta, análisis de ordenadores, ingentes cantidades de documentación administrativa, investigación de los procesos de decisión en las empresas afectadas, pericias..."Todo ello requiere tiempo y poner límites temporales es añadir una dificultad a esas investigaciones", agrega.

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Para la mayoría, lo importante es que la UCO, la UDEF y la Fiscalía Anticorrupción tengan suficientes medios para que los análisis de las evidencias encontradas no se eternicen y los informes salgan a tiempo. "Dotar de medios y evitar los experimentos", precisa otro juez. Muchos recuerdan el denostado artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que impuso, en origen, una limitación improrrogable de plazos y que aún pervive, imponiendo la obligación de reclamar en tiempo prórrogas.

"Tal y como está el patio"

Las críticas respecto a esta medida se unen a las que ya se escuchan desde hace tiempo sobre la idea del Gobierno de impulsar en breve una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que desemboque en la atribución a los fiscales de la instrucción que ahora está en manos de los jueces. Las unidades policiales de auxilio judicial, como la UCO, quedarían también a cargo de la Fiscalía. El cambio de manos de la investigación fue otro de los puntos del decálogo de medidas del presidente.

La sensación es la misma, "tal y como está el patio" hacer algo así es impensable si, de forma paralela, no se garantiza que el fiscal que investiga un asunto de corrupción no pueda recibir órdenes particulares ni tenga obligación de dar cuenta al fiscal general del Estado. "Sería una medida contraproducente". La combinación de ambas iniciativas, un cóctel explosivo, añaden.