Cerdán confía en un encarcelamiento "corto" que se alargue un máximo de seis meses

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán lleva una semana en la prisión de Soto del Real y espera que su situación no se alargue demasiado tiempo. El que fuera número tres de los socialistas se aferra a la argumentación del juez instructor del caso Koldo, Leopoldo Puente, que basó en buena parte su decisión de dictar prisión preventiva en su contra en el riesgo de destrucción de pruebas. Se ha preparado, así, para aguantar un máximo de seis meses, el plazo tope que fija la ley para estos casos.

Según aseguran fuentes de su entorno, a pesar de plantearse una fecha límite de medio año, espera que el avance en la instrucción vaya incrementando sus posibilidades de salir de prisión. Las declaraciones llevadas a cabo en los últimos días no le han perjudicado. Los cinco empresarios que han desfilado en el Tribunal Supremo han cerrado filas y han rechazado de forma unánime haber pagado comisiones. El nombre de Cerdán no ha sido, además, el principal en los interrogatorios, con la excepción del practicado al dueño de Servinabar, Antxon Alonso.

Esta confianza de Cerdán se basa en la previsión recogida en el artículo 504 que fija los límites temporales de la prisión provisional. Establece que durará "el tiempo imprescindible" para alcanzar cualquiera de los fines previstos (evitar la reiteración delictiva, la fuga o la eliminación de indicios) y se mantendrá mientras sigan existiendo los motivos que justificaron su adopción. En los casos en que la prisión se haya acordado para evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas, la medida "no podrá superar los seis meses". En el resto de los casos, no podrá exceder de un año si el delito tuviere señalada pena privativa de libertad igual o inferior a tres años, o de dos años si dicha pena fuera superior a tres años.

En su auto, el juez dejó muy claro que considera que si se mantuviera en libertad, podría estar tentado de hacer desaparecer material "relevante para un futuro enjuiciamiento". Ese riesgo -dijo- "debe ser conjurado con la adopción en este momento" de su encarcelamiento, ya que ninguna otra medida sería igual de eficaz para evitar el riesgo.

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B. Parera

Explicó, además, que, a diferencia de los otros imputados, "no ha podido practicarse todavía la indispensable investigación acerca de su verdadera situación patrimonial". "No ha sido objeto tampoco de un registro domiciliario como consecuencia de su inicial condición de diputado", dijo también el juez, lo que hace prever que esta diligencia pueda practicarse en breve.

Una previsión optimista

Las previsiones de Cerdán son, en cualquier caso, optimistas. El magistrado citó otros riesgos para fundamentar la decisión de mandarle a la cárcel. Aunque descartó la posibilidad de que vuelva a delinquir, ya que ha renunciado a los cargos desde los que presuntamente impulsaba el reparto de obra pública a cambio de comisiones y la distribución de las mordidas percibidas, señaló también la posibilidad de una fuga, posible dado que aún no se conocen sus posibles contactos internacionales.

También hay que contar con la "ingente" cantidad de material pendiente de revisión. Los audios grabados por Koldo García se prolongan a lo largo de cuatro años y, de momento, solo se conocen ocho de ellos. A eso se suma todo el material incautado en el origen de la operación Delorme, tan amplio que aún no ha sido posible revisarlo por completo durante los meses transcurridos desde que estalló el operativo. Hay que añadir todo lo incautado en los últimos registros, desarrollados en el domicilio de José Luis Ábalos en Valencia y en las sedes de distintas compañías y los domicilios de los principales empresarios.