Armengol pagó 12,7 millones a empresas de la trama por obras inacabadas y mascarillas que no sirvieron

Francina Armengol pagó 12,7 millones de euros a empresas de la trama Cerdán-Ábalos-Koldo investigadas en los tribunales por obras que nunca concluyeron y material sanitario que jamás se utilizó. La presidenta del Congreso de los Diputados acude este martes a la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado con este historial. Bajo su batuta, el Gobierno de Baleares adjudicó por 9 millones de euros las obras de una residencia de ancianos a Levantina, Ingeniería y Construcción, la empresa de José Ruz que, como ha destapado la Guardia Civil, tenía a sueldo a Koldo García a través de un intermediario. Además, pagó 3,7 millones a Soluciones de Gestión, del comisionista Víctor de Aldama, por unas mascarillas para sanitarios que jamás se utilizaron por defectos técnicos.

En febrero de 2022, la consejera de Asuntos Sociales del Govern de Armengol, Fina Santiago Rodríguez, de Més per Mallorca, adjudicó a Levantina por 9.095.725 euros la construcción de un centro de largas estancias para personas mayores dependientes en el complejo sanitario de Son Dureta, en Palma. Desde entonces, todo fueron problemas; la empresa acumuló 9 meses de retraso y el Gobierno de Marga Prohens terminó por anular el contrato.

En el documento de disolución del acuerdo, al que ha accedido El Confidencial, se expone con todo detalle el conjunto de problemas que implicó esta adjudicación de Armengol. La obra debería estar terminada en septiembre de 2023, pero Levantina solicitó en agosto, ya con Prohens como presidenta de Baleares, una prórroga de 3 meses y medio para finalizar la construcción de la residencia.

La nueva presidenta del Consorcio de Recursos Sociosanitarios del Govern balear, Catalina Cirer, aprueba la prórroga del plazo de terminación de las obras. Con esta nueva fecha, la residencia debería estar terminada el 29 de diciembre de 2023. Sin embargo, quince días antes de la fecha de finalización del contrato, Levantina solicita otra vez ampliar 6 meses más la construcción de este centro sociosanitario.

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Entre los argumentos que da la empresa de José Ruz se encuentra el robo de cable: "Los robos sufridos en la obra, especialmente el relativo a la sustracción de cable y vandalismo sobre la grúa torre, han supuesto retrasos en la ejecución de los trabajos". A su vez esgrimía que "la situación originada por la guerra de Ucrania ha generado escasez tanto de materiales como de mano de obra en el sector de la construcción, lo cual ha condicionado los plazos de la obra y más concretamente a las partidas asociadas a materias primas básicas como aluminio, madera y vidrios, todos ellos requeridos para la fabricación y montaje de una parte muy importante de las unidades de obra del proyecto".

Posteriormente, Levantina alegaría que tiene una deuda con proveedores de 1.691.922 euros. El Gobierno de Prohens terminaría por resolver el contrato ante el retraso de nueve meses; los problemas con la gestión de la contratación de mano de obra para ejecutar los trabajos; la insolvencia económica para acometer los pagos a las subcontratas; y que la obra que queda por ejecutar es de 2.738.688 euros, equivalente a un 38,31% del total.

Las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil certifican que el empresario de Levantina, Ruz, tenía a sueldo a Koldo García (2.600 euros al mes que pagaba un intermediario) y una estrecha relación con el exministro de Transportes José Luis Ábalos, a quien visitó en su casa en varias ocasiones. El primer acercamiento entre Ruz y Koldo se produjo en marzo de 2019. Al principio, su enlace con el Ministerio era el empresario Víctor de Aldama, que testificó en el Tribunal Supremo haber recibido 77.500 euros en concepto de comisión por la gestión de las adjudicaciones obtenidas por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Las mascarillas de Aldama en un almacén

Soluciones de Gestión, la empresa de la que era intermediario Aldama, también hizo negocio con el Gobierno de Armengol. De hecho, la Consejería de Sanidad de Armengol firmó un contrato con esta compañía dos años antes que con Levantina. Armengol mintió al menos en dos ocasiones en su anterior participación en la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado. Primero dijo que no conocía de nada a Aldama, pero recientemente tuvo que admitir que se reunió como mediador de Globalia.

Su segunda mentira fue que las 1,4 millones de mascarillas FFP2 que compró a Soluciones de Gestión por 3,7 millones de euros tenían como fin un uso civil. La resolución firmada por el entonces director del Servicio Balear de Salud, Juli Fuster, desmiente esta versión. Se establecía que estas mascarillas iban destinadas al "suministro de material sanitario y de protección individual para atender las necesidades de los profesionales sanitarios y de entidades sociales o privadas que no pueden prestar asistencia sanitaria sin este material por tratarse el covid de un virus muy contagioso que no permite tratar a los pacientes si no es a través de estos equipos de protección individual".

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Este fue el motivo, de hecho, de que se tramitara la compra con la empresa de Aldama por la vía de emergencia. El Centro Nacional De Medios De Protección (CNMP) analizó las mascarillas y concluyó que no contaban con la capacidad de filtración para ser FFP2, por lo que no podían ser utilizadas por los profesionales sanitarios. El Gobierno de Armengol, en lugar de resolver el contrato, almacenó las mascarillas, y no inició el proceso de reclamación hasta tres años después, cuando se convocaron elecciones autonómicas.

Fueron 3,7 millones que se utilizaron para comprar material que nunca fue utilizado a una empresa investigada por la justicia. Pese a todo, el Govern balear de Armengol emitió un certificado que avalaba a Soluciones de Gestión como empresa fiable en el sector público. La UCO ha detectado conversaciones que muestran la buena relación que mantenía la actual presidenta del Congreso de los Diputados con Koldo García. "Cariño, te mantengo informada" le escribió Koldo a Armengol cinco días después de que se emitiera el certificado para agradecerle haberle facilitado el teléfono móvil de la consejera de Salud.