"Guerra sucia" contra los jueces durante su huelga: "Tratan de convertirnos en villanos"

La huelga de tres días convocada por todas las asociaciones de jueces y fiscales, salvo las más cercanas al Gobierno, ha terminado y ha llegado el momento de sacar conclusiones. Ambas carreras se debaten entre la satisfacción por las cifras de seguimiento de los paros que apuntan al 70 % de media y el desencanto por la falta de respuestas desde el Gobierno a su iniciativa. Además, han vivido con "pasmo" un fenómeno que ha marcado estos días: la difusión de "bulos" que buscan 'pinchar' sus reivindicaciones y que les indignan.

Atribuyen muchas de esas insinuaciones, que han encontrado su mejor caldo de cultivo en las redes sociales, al ministro Félix Bolaños o a su entorno. "Tratan de convertirnos en villanos", dicen. La protesta se ha centrado en el rechazo a dos iniciativas legislativas lanzadas por el Gobierno y destinadas a reformar la Justicia en un momento en el que tanto Moncloa como el PSOE se encuentran rodeados de causas judiciales de corrupción. Los convocantes consideran que están diseñadas para domesticar al poder judicial y la Fiscalía. Intervenir la Justicia para hacerla más voluble y manejable.

Los bulos o medias verdades comienzan, para los que las denuncian, con una de las "coartadas" repetida sin parar para justificar una de las medidas de esas leyes que más preocupa: la entrada de 1.004 jueces y fiscales sustitutos que pasarán a ocupar plazas fijas en condiciones más favorables que las de aquellos que han accedido a través del sistema tradicional de oposición. El ministro se ha escudado en una exigencia de Europa para justificar esta decisión. Los huelguistas han advertido desde el principio que lo que dice Europa no es eso. Recomienda que deje de abusarse de la interinidad y pide que se reconozcan los derechos laborales a los interinos.

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Pero más allá de desmentir los motivos de las asociaciones para convocar los paros, durante la huelga se entró a la "guerra sucia" de desmontar sus reivindicaciones con acusaciones sesgadas, cuando no directamente falsas. Salió a relucir —por ejemplo— el ya tan manido concepto de casta y con él, la acusación de que los jueces que han hecho huelga están "en contra de las becas" o "de la entrada en la carrera de los hijos de obreros".

Respecto al primer punto, distintos jueces consultados precisan que las becas no son creación del actual Gobierno y que se remontan a la etapa de Pilar Llop, y recuerdan que, antes de eso, las propias asociaciones gestionaban becas privadas para ayudar a quienes no podían permitirse la preparación de la oposición. Respecto al segundo, los datos del Consejo General del Poder Judicial sitúan en cerca de un 6 % el número de alumnos de la Escuela Judicial que tienen familiares jueces o fiscales.

Vacaciones pagadas

Otro de esos mensajes repetidos en estos días es la acusación de que aquellos que han respaldado estos días la huelga no verán descontada la parte correspondiente en sus salarios y que, en realidad, han disfrutado de unas "vacaciones pagadas". En 2018, la entonces ministra de Justicia Dolores Delgado ya lo hizo. La decisión depende del Ministerio, que es quien paga los salarios.

La dificultad para Justicia está en determinar quiénes han parado, ya que ni el CGPJ ni la Fiscalía han dado por anunciada la huelga por falta de regulación. Bolaños exigió al órgano de gobierno de los jueces que le proporcionara datos, pero el Consejo respondió que no cuenta con ellos. El ministro ha manejado y facilitado públicamente datos de participación a partir de la información requerida por su departamento a los secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia.

La "ilegalidad" de la huelga también se ha repetido sin parar. Se ha atribuido al Consejo la afirmación de que lo era cuando, de forma muy precisa, el órgano soslayó esa calificación y rechazó la demanda del bloque progresista de que se empleara este calificativo y de que se sancionara a quienes la han respaldado.

La dificultad está en determinar quiénes han parado, ya que ni el CGPJ ni la Fiscalía han dado por anunciada la huelga

Entre los reproches que han generado la huelga de esta semana se encuentra el acceso a la carrera judicial por el llamado cuarto turno, destinado a incorporar a juristas de prestigio con más de una década de ejercicio. Para este sector, las reformas prevén priorizar el ejercicio de redacción de un dictamen eliminatorio frente a la fase de valoración de méritos. Las organizaciones temen que con este paso se permita la entrada a juristas más afines al Ejecutivo de turno.

Otra de las críticas se centra en la eliminación de contenido "esencial" en el acceso a las carreras judicial y fiscal, que se sustituirá por pruebas "más subjetivas y susceptibles de filtración". No gustan tampoco los cambios en la Comisión de Ética Judicial ni la creación de un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno que amenaza -dicen- con implementar una "selección ideológica de los futuros jueces y fiscales".