El TJUE valida el contrato que el Cervantes perdió para impartir el español en las instituciones europeas
La Justicia europea considera correcto el concurso público por el que el Instituto Cervantes perdió el contrato de enseñanza del castellano en las instituciones europeas, que se ha renovado este año
El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. (EFE/Fernando Villar)
Un link tuvo la culpa. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha confirmado este 3 de julio la validez del concurso público por el cual el Instituto Cervantes perdió en 2021 el contrato de enseñanza del castellano en las instituciones europeas frente a la empresa belga Centre de Langues-Allingua (CLL). La decisión del alto tribunal de Luxemburgo se refiere al periodo entre 2021 y hasta el 2025, cuando en febrero se ha celebrado un nuevo concurso público. El TJUE confirma así la sentencia que ya había dictado el Tribunal General de la UE y ante el que presentó recurso el Reino de España.
En abril de 2021 se comunicó al Cervantes que su oferta no había sido la ganadora, a pesar de tener el precio más bajo. El Instituto pidió conocer los datos del centro que había ganado el concurso. Mientras que el Cervantes había puesto sobre la mesa una oferta de 2,7 millones de euros, el ganador, cuya oferta era de unos 3,5 millones de euros, había ganado gracias a los criterios técnicos, que representaban un 70% de la puntuación final. El Cervantes se había quedado en los 87,10 puntos sobre 100, mientras que el CLL había obtenido 88,94 puntos.
La institución española perdió el contrato por un error millonario: la propuesta técnica del Cervantes requería de acceder a un enlace, a un link. “La Comisión informó al Instituto Cervantes de que había rechazado esos elementos y no los había evaluado porque no eran conformes con el pliego de condiciones, y porque había un riesgo de que se modificara la oferta a través de ese enlace con posterioridad al plazo límite para la presentación de las ofertas”, apunta el Tribunal de Justicia en su decisión. ¿Resultado? La institución europea consideró que el Cervantes sencillamente no había presentado esa parte de los documentos, y eso le hizo perder unos puntos que fueron claves en el resultado final del concurso.
El TJUE rechaza las críticas del Cervantes y el Reino de España a la sentencia del Tribunal General de 2023, subrayando que las normas de las instituciones europeas respecto a los requisitos en los pliegos de condiciones “son suficientemente claras y precisas”, y rechazando también sus recursos, en los que alegaban desnaturalización de los hechos, falta de motivación y falta de cumplimiento con la exigencia de transparencia.
La institución española perdió el contrato por un error millonario: la propuesta técnica del Cervantes requería de acceder a un enlace
Las instituciones europeas son claves para el Instituto Cervantes de Bruselas, que encuentra en los miles de funcionarios y trabajadores comunitarios una de sus principales actividades. Además, y aunque en los últimos tiempos la atención del Gobierno se haya centrado políticamente más en lograr la oficialidad del catalán, euskera y gallego en las instituciones europeas, España siempre ha dotado de mucha importancia la promoción del castellano en los organismos de la Unión Europea. En este 2025 el centro no repitió los errores del concurso de hace cuatro años, y ha hecho modificaciones de cara al nuevo concurso público, que se cerró en febrero, para estar a cargo de la enseñanza del castellano a los trabajadores de las instituciones europeas, así como sus agencias.
Un link tuvo la culpa. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha confirmado este 3 de julio la validez del concurso público por el cual el Instituto Cervantes perdió en 2021 el contrato de enseñanza del castellano en las instituciones europeas frente a la empresa belga Centre de Langues-Allingua (CLL). La decisión del alto tribunal de Luxemburgo se refiere al periodo entre 2021 y hasta el 2025, cuando en febrero se ha celebrado un nuevo concurso público. El TJUE confirma así la sentencia que ya había dictado el Tribunal General de la UE y ante el que presentó recurso el Reino de España.