El juez interroga al nexo del caso Koldo con el PSOE andaluz: "Parece que hemos hecho bingo"

El magistrado del Tribunal Supremo que investiga el caso Koldo, Leopoldo Puente, interroga este viernes como imputado a Antonio Fernández Menéndez, un empresario que ocupó el cargo de coordinador de la Delegación del Gobierno en Andalucía entre abril de 2021 y octubre de 2022. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le investiga a él y a su hermano Daniel por la presunta adjudicación irregular de dos obras por 8,8 millones de euros y la modificación de una tercera cuyo presupuesto final superó los 75 millones.

El nombramiento de Antonio Fernández como coordinador corrió a cargo del actual delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, que el pasado febrero también fue designado secretario general del PSOE de Granada. Ambos proceden de Baza, una localidad del norte de esta provincia. El cargo de coordinador no existía antes de la llegada de Fernández a la Delegación, pero, en abril de 2021, consideró que resultaba necesario.

Para entonces, los hermanos Fernández Menéndez ya llevaban más de dos años haciendo supuestos negocios con la trama a través de la empresa Obras Públicas y Regadíos. "Estamos enredando para intentar modificar el sistema de evaluación de futuras licitaciones", le escribió el ex director general de Carreteras, Javier Herrero, a Koldo García el 11 de abril de 2019 en relación a un contrato en Asturias que interesaba a esta empresa. "Pero necesitamos trabajarnos a los interventores y a los abogados del Estado", le insistió. 11 días después, llegó la confirmación final: "Parece que hemos hecho bingo en la obra".

La UCO explica que este contrato fue adjudicado a una UTE que conformaba la empresa vinculada a los Fernández Menéndez por 7,4 millones para hacer una obra en la Autovía A-63 a su paso por Asturias. Los mensajes intervenidos apuntan a que, poco después, un socio de los dos hermanos también consiguió que se modificara el contrato de unas obras en otras dos carreteras para incrementar su presupuesto final hasta los 75,8 millones. Por último, la UCO vincula a los Fernández Menéndez con una tercera adjudicación irregular de 1,4 millones en Lugo en agosto de 2021, cuando Antonio ya ocupaba el puesto de coordinador en la Delegación.

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Según señalan los investigadores, los Fernández Menéndez llegaron a Koldo a través de su cuñado Fernando Merino, que ocupaba un puesto de directivo en Acciona. "Habría sido este, por tanto, quien, aprovechando su relación con Koldo desde que coincidieron en Navarra, habría introducido a sus cuñados en el Ministerio de Transportes", explica el informe. La UCO apunta para ello a diciembre de 2018, cuando Koldo supuestamente se encargó de organizar una reunión entre Antonio y la entonces presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, que también consta como investigada.

Esos contactos supuestamente derivaron después en las mencionadas adjudicaciones y, tras abandonar el puesto de coordinador de la Delegación del Gobierno, Antonio siguió en contacto con Koldo. “Tomaaaaaaaa”, celebró el empresario después de que el exasesor de Ábalos le informara en noviembre de 2013 de que Ángel Contreras Marín iba a ser nombrado nuevo presidente de ADIF.

También comparece un tercer empresario

Al comparecer como imputados, los hermanos Fernández Menéndez no estarán obligados ni a declarar ni a decir la verdad. Esa misma situación se extiende al tercer empresario que está citado este viernes, José Ruz, que era gerente y accionista de la extinta Levantina de Ingeniería y Construcción (LIC). El pasado febrero, ya tuvo que comparecer como testigo y reconoció que había contratado a Víctor de Aldama para recuperar cinco millones de euros que estaban bloqueados en Panamá y en Argelia, pero negó haber pagado comisiones para que LIC obtuviese contratos públicos.

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La UCO, sin embargo, le vincula en su último informe con la presunta adjudicación irregular de una obra en Asturias por 592.053 euros, otra en Teruel por 5,8 millones y una tercera entre La Rioja y Burgos por 77,4 millones. Una vez más, los mensajes incautados implican también en estos supuestos amaños a la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera. "¿Has vuelto a hablar con la jefa?", le escribió Ruz a Koldo en febrero de 2021.

"Se trata, en todos los casos, de personas que, en su condición, al menos, de administradores de hecho de determinadas entidades mercantiles, habrían podido intervenir en la indebida adjudicación en favor de éstas de concretas obras públicas a cambio de precio", concluye el magistrado a la hora de acordar la citación de Ruz y los dos hermanos. "Personas que, siempre en los términos indiciarios que corresponden a la fase procesal en la que nos encontramos, pudieran haber participado en la realización de pagos que, en parte, habría podido recibir la persona aforada en esta causa especial", añade, en referencia a Santos Cerdán.