Pulso en el CGPJ para declarar "ilegal" la huelga de jueces a propuesta de los progresistas

Nuevo pulso en el Consejo General del Poder Judicial entre sectores, en este caso a cuenta de las tres jornadas de huelga que han convocado cinco asociaciones de jueces para los días 1,2 y 3 de julio. El CGPJ ha aprobado un acuerdo que participa a las asociaciones convocantes que el ejercicio del derecho de huelga para la carrera carece, de momento, "de soporte normativo" y que, por ello, no pueden tener la convocatoria por anunciada ni fijar servicios mínimos. Agregan una llamada "a la responsabilidad institucional de quienes ejercen funciones constitucionales, sean estas legislativas, de gobierno o jurisdiccionales".

Por último, el acuerdo señala que, al tratarse de una convocatoria de tres días, no "debería afectar al reparto de asuntos, a los servicios de guardia, a las decisiones urgentes de instrucción, a los procedimientos para la tutela de derechos fundamentales, a los procesos o incidentes en que intervengan personas vulnerables, a las medidas cautelarísimas, y, en general, a cualquier otra decisión judicial inaplazable o cuya demora resulte inconciliable con los derechos fundamentales o con la dignidad de un poder del Estado como es el Poder Judicial".

Aunque estos puntos se han aprobado por unanimidad, el sector conservador considera que no se respalda con ellos el razonamiento que realizaban los progresistas al proponerlos. En un documento al que ha tenido acceso El Confidencial, el vocal José María Fernández Seijoo reclamaba que, dado que la huelga es "ilegal", el Consejo no solo debería abstenerse de reconocer derecho o fijar servicios esenciales, sino que debería reservarse las actuaciones correspondientes por la convocatoria de una movilización claramente ilegal.

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Sin embargo, el acuerdo final adoptado va en el mismo sentido que todos los aprobados en relación con las convocatorias habidas desde 2009. Nunca ha habido sanciones, precisan fuentes del órgano de gobierno de los jueces. Además, los progresistas perseguían que el Consejo no mostrara "su respeto por la movilización convocada, ni mucho menos su solidaridad o simpatía por esa llamada al enfrentamiento, muy al contrario, el Consejo debe reservarse la facultad de tomar las medidas oportunas frente a quienes, invocando su condición de integrantes de la carrera judicial impulsan estos llamamientos".

Guiño a los jueces que paran

No lo han conseguido del todo. Aunque en los puntos del acuerdo aprobados por mayoría no se habla específicamente de solidaridad, si que se dicen cosas como esta: se reconoce "a los integrantes del Poder Judicial los años de dedicación y esfuerzo invertidos en la superación de las pruebas de acceso a la carrera judicial, así como su profesionalidad en el ejercicio de la función jurisdiccional en situaciones no siempre favorables".

Se recuerda, además, que el proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal en las carreras judicial y fiscal -uno de los motivos de la convocatoria- está expresamente mencionado en su informe al anteproyecto de ley. El Consejo puso, por unanimidad, varios reparos a esta medida, en particular, "su carácter injustificado".

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"El proceso extraordinario de estabilización rebaja considerablemente los requisitos ordinarios para acceder a las carreras judicial y fiscal por el turno libre o por el denominado “cuarto turno”, menoscabando con ello el derecho fundamental a la igualdad en el acceso a las funciones públicas garantizado en el art. 23.2 de la Constitución, y, por otra, ese sacrificio de un derecho fundamental carece de razón que lo justifique ya que, tras producirse, en su caso, la estabilización de cientos de jueces y fiscales sustitutos, la medida no pone fin a la denominada justicia interina", destaca.

El motivo principal de la huelga es el plante contra las reformas del Gobierno sobre el acceso a ambas carreras y sobre la Fiscalía, que, según los planes del Gobierno, tomará las riendas de la instrucción en un futuro próximo. Los convocantes consideran que amenaza la "independencia judicial". Reclaman la retirada del proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal y el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).