Los correos de la asesora de Begoña con los que el juez acusa de malversar a Bolaños

El juez Juan Carlos Peinado considera que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, pudo incurrir en un delito de malversación por la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que ejerció como secretaria de Begoña Gómez y le ayudó con sus negocios durante la etapa investigada. En la exposición razonada que ha enviado al Tribunal Supremo para que proceda a la imputación de Bolaños, el juez destaca una serie de correos electrónicos que prueban que Álvarez asistió "en su actividad privada" a la mujer de Pedro Sánchez mientras percibía "retribuciones con cargo al patrimonio público".

Como desveló El Confidencial hace un año, Álvarez fue contratada en 2018 como directora de Programas por la Secretaria General de la Presidencia del Gobierno, pero desde el primer día estuvo ejerciendo de secretaria personal de la pareja del líder socialista. El juez apunta en concreto a cuatro mails que se enviaron en 2021 y que hacían referencia a la organización de un evento relacionado con la cátedra que Begoña Gómez dirigía en la Universidad Complutense.

Álvarez envió el primero de ellos a una directiva de Reale Seguros el 10 de noviembre de 2021: "Tal como has quedado con Begoña, te hago llegar los datos técnicos para que puedas hacérselos llegar a Renzo Liaj [el director de Recursos Humanos de Reale] sobre el acto del 25 de noviembre 18 horas a 19 horas en IFEMA feria de Silver Economy (Evento vida Silver)". Álvarez envió este mail desde su cuenta de Moncloa y lo firmó como directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia.

La asesora de Moncloa siguió en contacto con esta directiva y, en febrero de 2024, volvió a escribirle para pedirle que siguieran patrocinando la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la mujer del presidente. "PD: Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis", aseguró en este otro correo que le envió desde una cuenta personal.

Peinado no hace referencia a este segundo mail en su exposición razonada, pero sí incluye otros tres. Uno de ellos se lo envió una responsable de Ifema el 11 de noviembre de 2021 a Begoña Gómez, entre otras personas. "Rogamos que todos los ponentes de esta mesa redonda se registren por favor en el siguiente link", le indicó, refiriéndose así al mencionado evento. "Después de la conversación que ha mantenido Sylvia [otra trabajadora de Ifema] y mi compañera Cristina [la asesora de Moncloa], os adjunto el documento con las personas que van a intervenir", le respondió la mujer de Pedro Sánchez horas después.

El último correo que destaca Peinado también forma parte de esta conversación y fue enviado por Álvarez el 15 de noviembre: "Os hago llegar los datos de las personas que compondrán la mesa con los cambios y de nuevo las empresas participantes para que podáis incorporarlo en la web y poderlo difundir". Como moderadores, Álvarez señalaba a la propia Begoña Gómez y al presidente de la Confederación Nacional de Pymes, José María Torres. En cuanto a las empresas participantes, mencionaba a Reale, Fundación La Caixa y Fundación Endesa.

Quién contrató a Cristina Álvarez

Peinado considera que estos correos obligan a investigar a Bolaños por malversación porque en 2018, cuando Álvarez fue contratada en Moncloa, él ejercía como secretario general de la Presidencia. "Como quiera que el delito de malversación de caudales públicos tiene la consideración de un delito de carácter permanente, todas aquellas personas que tuvieren bajo su responsabilidad la administración del correcto destino del patrimonio público, si no llevan a cabo las actuaciones necesarias para evitar que se continúe dando un destino distinto al que es propio para los caudales públicos, deben ser consideradas partícipes en dicho delito", concluye el juez.

Sin embargo, la investigación se ha enquistado a la hora de determinar quién fue la persona concreta que nombró a la asesora de Begoña Gómez. La propia asistenta dijo en su declaración que a ella le llamó directamente la mujer de Sánchez cuando el PSOE llegó al poder en 2018 porque se conocían de antes y eran amigas. Pese a ello, el magistrado busca a la persona dentro del organigrama del Gobierno que tomó la decisión de ficharla. Tras meses de pesquisas e interrogatorios, no logra despejar la X de este caso, que se pierde entre olvidos de los protagonistas, preguntas sin respuesta y falta de entendimiento entre el juez y los implicados.

En medio de esa maraña, Peinado entiende que Bolaños, como secretario general de Presidencia, fue responsable de la asesora y que le mintió al declarar ante él como testigo. Esa es la tesis que le ha costado ahora al ministro la petición de imputación ante el Tribunal Supremo, pero este rompecabezas burocrático alrededor del organigrama de la Moncloa se remonta a hace ahora un año. Concretamente, empezó cuando El Confidencial sacó a la luz la implicación que tuvo esta asesora en las actividades privadas de Begoña Gómez.

Bolaños le dijo al juez que todos los puestos eventuales como el de Cristina Álvarez los propone el vicesecretario general de Presidencia. Ese cargo se llamaba Alfredo González y, al comparecer como testigo, le dijo al juez que él se limitó a elevar la propuesta, pero que no recuerda quién le pidió fichar a la amiga de Begoña Gómez. En ese olvido de este cargo intermedio se rompe la línea de puntos que trata de unir el juez.

Otra cuestión sin acuerdo es el departamento dentro de Moncloa al que pertenece la asesora. Aunque la propuesta la hizo el mencionado vicesecretario general de Presidencia, Bolaños dijo que Cristina Álvarez depende del Gabinete de Presidencia. Eso giraría las sospechas hacia Iván Redondo y hacia su sucesor y actual ministro para la Transformación Digital, Óscar López, pero el juez nunca ha seguido esa senda ni les ha citado a declarar.

Bolaños le explicó por su parte al juez que eran los responsables directos de los futuros asesores los que pedían al vicesecretario general de Presidencia que elevase las propuestas de contratación. Tras escuchar esta explicación, Peinado calificó de “incomprensible” que ignorase “quién es la persona de la que es responsable (sic) doña Cristina Álvarez Rodríguez”. El magistrado optó por detener la declaración y, aprovechando que estaban en la Moncloa, le insto al ministro a que hablase con quien fuese necesario o consultase los archivos correspondientes para despejar la X.

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La orden textual del juez fue la siguiente: “Averigüe, recabando de las personas que tengan la competencia vinculada tanto a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno como al Ministerio de la Presidencia del Gobierno, de quién ha dependido y sigue, si es distinta o no la persona, doña Cristina Álvarez Rodríguez. ¿Me ha entendido? Vamos a suspender la declaración”, dijo el juez, según la grabación del interrogatorio, a la que tuvo acceso El Confidencial.

Cuando se retomó la declaración, Bolaños dijo lo siguiente: “Sí, en este rato he podido gestionar lo que me ha pedido como testigo. He hablado con Gabinete de Presidencia y la Secretaría General y me han dicho que, efectivamente, el puesto de la señora Álvarez pertenece al Gabinete de la Presidencia del Gobierno y me han dicho que hay una persona que es el responsable de la coordinación del personal de Palacio que además ha emitido un certificado que ya se ha enviado a su señoría y que ya obra en autos este certificado de la persona responsable”.

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Según dijo Bolaños, esa persona es Raúl Díaz Silva, pero cuando este fue al Juzgado el 14 de mayo –según dice Peinado en su exposición motivada– dijo no conocer siquiera a Alfredo González y que no sabe quién propuso fichar a Cristina Álvarez. Ante eso, el juez volvió a suspender el interrogatorio y le pidió que averiguase quién pidió contratar a la asesora. Raúl Díaz Silva regresó al juzgado el 28 de mayo y, cuando el juez le preguntó quién pidió incorporar a Cristina Álvarez, le dijo que seguía sin saberlo porque no era de su competencia.

Este testigo estaba allí como presunto responsable de Cristina Álvarez, pero Peinado busca a la persona que pidió ficharla. De este modo, el magistrado entiende que Bolaños le mintió cuando le señaló a este cargo y también pide al Supremo que le impute por falso testimonio.

Fuentes del Ministerio de Justicia que dirige Bolaños se escudan por su parte en que “la realidad es que el juez preguntó por el responsable (la persona que supervisa) a Cristina Álvarez y esa fue la información que el ministro proporcionó”. En cuanto a la malversación, argumentan que "no hay un solo indicio de que haya el menor uso irregular de recursos públicos" y que la asesora ni siquiera dependía del departamento que dirigía Bolaños.