Otro paso para avalar la ley de amnistía: la mayoría del TC cree que la Constitución no la prohíbe

La aprobación de la primera sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía, con aval a su legalidad, ha dado este martes un paso más tras la celebración de la jornada del pleno monográfico que está señalado para toda esta semana. Los magistrados se han centrado en analizar si la Constitución permite la amnistía. La opinión mayoritaria, que respalda el sector progresista, es que la Carta Magna no la prohíbe y que, por tanto, el legislador puede aprobar leyes en las que se amnistíen delitos.

En su borrador, la ponente Inmaculada Montalbán defiende que la norma por la que se borran los delitos relacionados con el proceso independentista de Cataluña se ajusta a la Constitución. El texto que está sometido a debate asegura en concreto que pese a ser una práctica "novedosa", eso no impide que sea legal. El carácter de la norma es "excepcional y complejo", añade para defender después que el legislador "puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente". "Respetando este límite, ningún contenido puede considerarse exento de la posibilidad de que el Parlamento lo atraiga hacia sí", dice.

En la distribución por bloques temáticos que está presidiendo el estudio, el análisis conducirá en la jornada de este miércoles a analizar si esta amnistía en particular es constitucional. Finalmente, estudiarán las tachas específicas que el Partido Popular hace a determinados artículos de la ley. En cada bloque están participando todos los magistrados. La votación final se espera para este jueves o viernes. En el Pleno participan 10 de los 12 magistrados que lo forman habitualmente, con una mayoría progresista de seis a cuatro. En realidad, la semana completa será una cuenta atrás para la aprobación definitiva de la constitucionalidad del grueso de la norma.

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El borrador de sentencia considera constitucional el grueso de la medida de gracia en respuesta a la voluntad del legislador y, pese a considerar que se trata de una norma "excepcional" no ve arbitrariedad en su aprobación.

Se soslaya, además, en la ponencia, la recriminación efectuada por el PP en su recurso de amparo respecto a la motivación que llevó al Gobierno a lanzar la ley. El partido de Alberto Núñez-Feijóo consideraba que el PSOE se garantizó a través de la ley el apoyo de Junts a la investidura de Pedro Sánchez. Para la ponente, este extremo es, sin embargo, una hipótesis no comprobable en la que el tribunal no debe entrar. La misión del TC, advierte, es ceñir su análisis al contenido jurídico sin entrar en suposiciones sobre la motivación política.