Caso Begoña: el juez pide al Supremo que impute a Bolaños por malversación y falso testimonio

El juez Juan Carlos Peinado ha enviado una exposición razonada al Tribunal Supremo para que proceda a la imputación del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por un delito de malversación y otro de falso testimonio. El magistrado apunta para ello a la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que, como desveló El Confidencial, ejerció como secretaria personal de Begoña Gómez y le ayudó con sus negocios privados durante la etapa investigada.

"Se eleva exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo al considerar que la competencia para continuar la instrucción de la causa podría corresponder a ese alto tribunal, pues podría existir indiciaria responsabilidad penal en un miembro del Gobierno, en concreto, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con Las Cortes, Félix Bolaños García", sostiene el juez en su resolución, a la que ha tenido acceso El Confidencial.

"La investigación indiciariamente permite concluir que Cristina Álvarez Rodríguez ha sido nombrada como personal eventual con funciones de directora de Programas para asistencia a la esposa del presidente del Gobierno, la también investigada Begoña Gómez Fernández", añade. "La investigada, Cristina Álvarez Rodríguez, ha realizado funciones de atención a Begoña Gómez Fernández, de carácter estrictamente privado, al margen de cualquier acto de carácter público o protocolario que pudiera tener por su condición de esposa del presidente del Gobierno, todo ello percibiendo retribuciones con cargo al patrimonio público".

Testigos y documentos del caso ubican a Álvarez en reuniones y cadenas de correos electrónicos que se relacionaban, principalmente, con la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). En uno de los correos en poder del juez, la propia Álvarez se puso en contacto con una empresa que patrocinaba la cátedra de la mujer de Sánchez para solicitar financiación. "Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis", le indicó la asesora a esta empresa en febrero de 2024.

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El juez pide ahora imputar a Bolaños por malversación al considerar que jugó un papel determinante en la contratación de Álvarez en junio de 2018. En aquel momento, el actual ministro ejercía como secretario general de la Presidencia del Gobierno. "Como quiera que el delito de malversación de caudales públicos tiene la consideración de un delito de carácter permanente, todas aquellas personas que tuvieren bajo su responsabilidad la administración del correcto destino del patrimonio público, si no llevan a cabo las actuaciones necesarias para evitar que se continúe dando un destino distinto al que es propio para los caudales públicos, deben ser consideradas partícipes en dicho delito", sostiene el juez.

Peinado ya citó a Bolaños como testigo para tratar de aclarar esta contratación y se desplazó hasta su despacho de Moncloa para interrogarle el pasado 16 de abril, pero, según destaca en su exposición razonada, todo apunta a que el ministro mintió durante aquella comparecencia y, por tanto, también debe ser investigado por falso testimonio.

"En su declaración como testigo, y bajo juramento, tras ser preguntado en reiteradas ocasiones por la persona, en concreto, que propuso y/o realizó el nombramiento de Cristina Álvarez Rodríguez como asistente de María Begoña Gómez Fernández (en el momento de dicho nombramiento, esposa del actual presidente del Gobierno), manifestó en todo momento, tras negar que hubiera sido el declarante y ahora investigado, que no conocía el nombre de dicha persona", explica el juez.

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Ante esta falta de concreción, Peinado detuvo la declaración y exigió a Bolaños que recopilara la información necesaria, tras lo que este terminó por señalar a otro alto cargo de Moncloa llamado Raúl Díaz Silva como responsable de la contratación. "Como consecuencia de esa contestación, se acordó que se tomara declaración, como testigo, al indicado Raúl Díaz Silva, (...) y en esas declaraciones también manifestó que él no había sido quien realizó el nombramiento, siendo, por tanto, incierta la declaración que el investigado Félix Bolaños García contestó bajo juramento", afirma el juez.

La exposición razonada tacha la actitud del ministro de "reticencias maliciosas" e insiste en que "resulta imposible continuar la investigación judicial sin quebrantar el derecho de defensa del aforado", por lo que deja el caso en manos del Supremo y sugiere las siguientes diligencias: que el ministro sea citado como imputado; que se le requiera "toda la documentación" sobre el nombramiento Álvarez "con especificación de las funciones que se le asignan para ese concreto cometido", y que se aporte la "relación de todos los pagos" que ha recibido la asesora, "especificándose la partida o partidas presupuestarias de las que se ha aprobado el correspondiente gasto".

Según advierte Peinado, la única diligencia que tenía ya a su alcance para seguir con la investigación hubiese consistido en ordenar la "entrada y registro" del edificio de Moncloa en el que "constan los archivos" sobre la contratación de Álvarez, pero considera que en este momento esa posibilidad "sería contraria al principio de proporcionalidad" y deja la decisión al respecto en manos del Supremo.

Desde el Ministerio de Justicia niegan por su parte el falso testimonio y apuntan a que Bolaños no mencionó a Díaz Silva al ser preguntado por quién realizó el nombramiento, sino cuando Peinado puso el foco en quién era el responsable de Álvarez. "Esa persona, en una declaración posterior, ratificó que ejercía esas funciones", aseguran. En cuanto a la presunta malversación, argumentan que "no hay un solo indicio de que haya el menor uso irregular de recursos públicos" y que la asesora ni siquiera dependía del departamento que dirigía Bolaños.

También investiga al delegado del Gobierno

El juez ha fijado los términos de su investigación en un auto avanzado por este diario en el que rechaza los recursos del fiscal, la asesora y Begoña Gómez contra la apertura de esta pieza separada por malversación. El Ministerio Público negó la existencia de delito, apelando a que Cristina Álvarez fue contratada en Moncloa como persona eventual, no como funcionaria pública. El juez indica que eso es irrelevante porque igualmente percibió un sueldo público a cargo de los presupuestos generales del Estado.

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Son varias las personas que han declarado en el caso por su relación con estos hechos, empezando por la propia asesora. Álvarez le dijo al juez que a ella le llamó directamente Begoña Gómez para trabajar en Moncloa porque se conocían desde hacía años y son amigas. Respecto a sus gestiones, como la del correo pidiendo financiación, Álvarez declaró que lo hizo como un favor y que no le costó nada. Por estos hechos también está investigado el actual delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín Aguirre.

Él fue el sucesor de Bolaños en la secretaria general de Presidencia. Compareció como imputado ante el juez del caso Begoña Gómez el pasado 13 de mayo. Apenas estuvo dos minutos y medio ante el magistrado, pero fue suficiente para contestar a unas breves preguntas de su abogado y desvincularse de cualquier supuesta ilegalidad cometida por la asistente.