Sánchez planea descabezar la UCO para reventar las investigaciones de los casos Cerdán y Begoña

El Gobierno planea efectuar al menos dos relevos en la cúpula de la Guardia Civil para tratar de controlar definitivamente la Unidad Central Operativa (UCO) y reventar las investigaciones de los casos Cerdán y Begoña Gómez, dos procedimientos en fase de instrucción judicial que acorralan a Pedro Sánchez. El líder del PSOE acusó la semana pasada a la UCO, en una carta a su militancia, de poner el contenido de su informe sobre Santos Cerdán “al servicio de un intento deliberado de la derecha para derribar a un Gobierno legítimo”.

Las revelaciones del escándalo Leire Díez ya demostraron que Ferraz ha colocado a la UCO en su punto de mira. Otros dos casos relacionados con el presidente del Gobierno, el de su hermano David Sánchez y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, también han sido liderados por esta unidad policial aunque ambos procedimientos han concluido sus respectivas fases de investigación.

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El principal objetivo de Moncloa es el coronel Rafael Yuste, máximo responsable de la UCO. Este mando completó en invierno el curso de ascenso a general y, a partir del 1 de julio, es elegible para subir un peldaño en el escalafón del Instituto Armado. Reúne todos los requisitos para conseguirlo. Además de los méritos y cumplir el resto de requisitos formales, Yuste fue el número 1 de su promoción, un logro que en el seno de la Guardia Civil equivale a un pasaporte a general.

Sin embargo, en condiciones normales, este año deberían ascender los candidatos de promociones anteriores que todavía no lo han conseguido. Por simples razones de edad, Yuste tendría que esperar al 1 de julio de 2026 para ascender a general. El Gobierno pretende ahora acelerar los plazos y aprovechar la ventana que se abrirá en unos días para promocionarlo y forzar su salida a un destino acorde a su nuevo rango.

El premio del ascenso

El movimiento permitiría a Sánchez camuflar la salida de Yuste de la UCO como un premio. El coronel lleva dos años soportando las presiones del Gobierno, que trata de conocer anticipadamente el contenido de los informes; intenta limitar su alcance; marcarle los tiempos a los investigadores e influir incluso en la redacción de los documentos que remiten a los tribunales.

Las injerencias comenzaron antes del estallido del caso Koldo, en febrero de 2024, y arreciaron con las diligencias judiciales sobre la mujer y hermano del propio Sánchez y la causa contra el fiscal general del Estado. Durante todo ese tiempo, Yuste ha ejercido de paragolpes para evitar que sus subordinados se vieran afectados o condicionados.

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Moncloa lo ha intentado todo para desactivar a la UCO y acusa al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, de poner en peligro la continuidad de Sánchez por no controlar a sus agentes. Para tratar de remediarlo, Moncloa colocó de nuevo al frente de la Guardia Civil en septiembre de 2024 a una reconocida sanchista, Mercedes González.

La directora general de la institución compaginó hasta el pasado febrero ese cargo con el de secretaria general del PSOE de la ciudad de Madrid. González ha utilizado al Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, primer uniformado en el organigrama del cuerpo, para trasladar a la UCO los intereses e inquietudes del Gobierno.

Destitución del secretario de Estado de Seguridad

Para añadir más presión, el PSOE forzó hace dos semanas la salida del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, de la máxima confianza de Marlaska y sin carné del partido, para colocar en su puesto a otra militante, Aina Calvo, alcaldesa de Palma de Mallorca entre 2007 y 2011. El asedio del Gobierno a la UCO abarca todos los flancos.

El segundo objetivo de Moncloa es el superior directo del coronel Yuste, el general de brigada Alfonso López Malo, antiguo jefe de la UCO y actual jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil. Al igual que Yuste, López Malo lleva meses soportando sobre sus espaldas las intromisiones del Gobierno y ha velado por el secreto de las investigaciones sobre los casos de corrupción que afectan a Sánchez.

En el caso de López Malo, Interior podría ascenderlo a general de división sin tener que esperar al 1 de julio y forzar su marcha a otro destino para que se haga cargo de la Policía Judicial un mando más dócil. De nuevo, el relevo se vendería como un reconocimiento.

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Las fuentes consultadas aseguran que la jugada de Moncloa implicaría más movimientos para generar la impresión de que el objetivo no es en realidad asaltar la UCO, sino acometer una supuesta renovación de la cúpula de la Guardia Civil. Para facilitar los cambios de piezas, Interior ha dejado vacantes varios destinos.

El puesto de Jefe de la Zona de la Guardia Civil de Aragón está pendiente de cubrir desde el paso a la reserva de su último general Francisco Javier Almiñana el 9 de marzo. Interior no ha explicado las razones de este vacío anómalo que se prolonga ya más de tres meses. También hay otras dos plazas de general por cubrir en la Dirección General de la Guardia Civil. Esos huecos permitirían al Gobierno efectuar una cascada de nombramientos y colocar a mandos teóricamente más afines al PSOE frente de la UCO y otros puestos clave del Instituto Armado.

Los ataques contra la UCO no cesan

El Gobierno ha arremetido en bloque contra la UCO en innumerables ocasiones. Además de la carta de Sánchez a la militancia en la que culpa a la unidad policial de dar argumentos a la oposición para atacarle, la ministra portavoz, Pilar Alegría, afirmó este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que las acusaciones que figuran en el informe de Cerdán "no están judicializadas", cuando lo cierto es que el caso lleva más de dos años en los tribunales.

El mayor ataque del PSOE a la UCO no se produjo ante los medios de comunicación. Como reveló este diario, la exdirectiva de Enusa y Correos Leire Díez se reunió con un empresario investigado en un fraude de hidrocarburos, Alejandro Hamlyn, para buscar información sobre el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO y encargado de todos las investigaciones que inquietan a Sánchez.

Leire formaba parte de un aparato de propaganda y desinformación montado por el hasta ahora secretario de Organización del PSOE para sabotear las causas judiciales que preocupan a Moncloa y desacreditar a jueces, fiscales, policías, guardias civiles, empresarios y políticos incómodos para el Gobierno.