El Gobierno adjudicó 21 millones de fondos europeos a las empresas de la trama Cerdán

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El Gobierno de Pedro Sánchez ha otorgado 21 millones de euros en contratos financiados con fondos europeos a las empresas señaladas por la Guardia Civil por su participación en la presunta organización criminal que manejaban Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. Son las supuestas corruptoras de la trama, las que habrían pagado mordidas y comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. La Unidad Central Operativa (UCO) investiga en estos momentos a los administradores de Acciona; Levantina Ingeniería y Construcción; Áridos Anfersa; Obras Públicas y Regadíos; y Servinabar 2000, la empresa de la que Cerdán fue titular del 45% de las participaciones.

Estas compañías han sido regadas en los últimos años por Moncloa con diversos contratos financiados por los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation). El magistrado instructor de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha requerido la información bancaria de las cuentas y productos financieros de las empresas de la trama, y citado a declarar a Joseba Antxon Alonso Egurrola (administrador de Servinabar y amigo de Cerdán); José Ruz Martínez (Levantina Ingeniería y Construcción); Fernando Agustín Merino (Acciona); Antonio y Daniel Fernández Menéndez (Obras Públicas y Regadíos).

Como ha podido comprobar El Confidencial, la empresa que más fondos europeos ha recibido en adjudicaciones gubernamentales es Obras Públicas y Regadíos (OPR), que ha formalizado contratos por 8.346.096 euros. La conexión de quienes estuvieron al frente de OPR (Daniel y Antonio Fernández Menéndez) con Koldo García se establece en 2018 a través de un intermediario, Fernando Merino, de Acciona (despedido por la empresa en 2021). La mujer de Merino es hermana de los Fernández Menéndez, y el directivo de Acciona ya conocía a Koldo de negocios previos.

OPR recibió en noviembre de 2022 1,4 millones en un contrato de la Autoridad Portuaria de Huelva para permitir la operación de trenes de 550 metros de longitud en el complejo de Majarabique, dependiente del Ministerio de Transportes. Con posterioridad, en junio de 2023, la misma entidad le adjudicó 3,6 millones por unas obras en dicho puerto. Ese mismo verano, el Ministerio de Transportes de Raquel Sánchez le adjudicó 1,2 millones de los fondos UE para unas intervenciones en Toledo. El último contrato con financiación europea data de febrero de 2025: la Dirección General de Carreteras le adjudicó 2 millones por construir una pasarela peatonal en una autovía de Granada.

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En el informe de la UCO, se describe cómo Daniel Menéndez ejerció de mediador con Áridos Anfersa para contratar a la mujer de Koldo, Patricia Úriz, que cobró 1.300 euros al mes durante nueve meses pese a no ir a trabajar. "He recuperado mis piernas?", le escribió Fernández Menéndez a Koldo tras la contratación. "Si", respondió el exasesor de Ábalos. La contratación de Uriz se formalizó en agosto de 2022. Antes, OPR ya recibió beneficios de su relación con Koldo, como la adjudicación en Asturias de obras en una autovía por 7,3 millones. "Parece que hemos hecho bingo en Asturias", escribió a Koldo el entonces director general de Carreteras, Javier Herrero.

La empresa de Santos Cerdán

La segunda empresa de la trama que más ha recibido en fondos europeos gestionados por el Gobierno ha sido Servinabar 2000, que niega ahora que Santos Cerdán haya sido socio de la misma pese a encontrar la UCO una escritura de 2016 en el domicilio de Antxón (administrador de la compañía) donde se mostraba la cesión del 45% de las participaciones al exsocialista.

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Como adelantó El Confidencial, Servinabar recibió 7,8 millones del Gobierno navarro de María Chivite a través de los fondos UE para la construcción de 46 viviendas de protección oficial. Más allá del dinero de Bruselas, esta misma compañía ganó un concurso durante el Gobierno de Uxúe Barkos por 6,8 millones también para la edificación de viviendas públicas.

Levantina y Áridos Anfersa

Las otras dos compañías señaladas por la Guardia Civil también han recibido contratos públicos de los fondos UE. Áridos Anfersa, donde fue colocada la exmujer de Koldo, ha recibido más de 3,3 millones de euros en contratos financiados con dinero europeo. Según ha podido averiguar este periódico, se trata de decenas de adjudicaciones realizadas por la empresa pública Tragsa, donde Jésica Rodríguez, exnovia de Ábalos, fue colocada para cobrar sin trabajar durante seis meses.

Levantina Ingeniería y Construcción recibió por su parte una adjudicación de 1.963.056 euros del Plan de Recuperación para unas correcciones en la autovía A-42 en su paso por Getafe. El socio de esta compañía, José Ruz, cuenta con nexos con Koldo, Ábalos y el comisionista de Soluciones de Gestión, Víctor de Aldama. El inicio de sus contactos con Koldo tiene lugar en marzo de 2019. Según acredita la UCO, para sus conversaciones con Koldo utilizó un lenguaje en clave y teléfonos cifrados proporcionados por el investigado guardia civil Rubén Villalba. José Ruz llegó a mantener reuniones presenciales con Ábalos en su propio domicilio. Como se refleja en el informe de la UCO, Ruz le pasaba 1.100 euros mensuales a Koldo. La Guardia Civil también recoge pagos de Ruz a Aldama en concepto de mediación con el Ministerio de Transportes, donde gracias a la intervención de Koldo con Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y Javier Herrero, exdirector general de Carreteras, accedió a contratos públicos.