¿Por qué nadie le quita a Bildu los 1,3 millones que cobró pese a llevar etarras en las listas?

Hasta siete instituciones del Estado están inmersas en un debate de fondo sobre si Bildu debe o no cobrar los 1,3 millones de euros en concepto de subvenciones electorales correspondientes a las elecciones municipales de 2023, cuando presentó a 23 terroristas en sus listas. Cuestiones morales aparte, presentar a condenados por este delito conlleva una penalización económica. Al menos eso es lo que dice la ley Electoral (Loreg):"Las subvenciones no se devengarán cuando en sus listas electorales incluyan o mantengan a personas condenadas por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de terrorismo".

En aquella campaña electoral, el candidato de Bildu, Pello Otxandiano, se negó a calificar a ETA como banda terrorista y agitó la campaña al señalar que se trataba de un "grupo armado". Sin embargo, EH Bildu cobró en tiempo y forma el adelanto correspondiente al 30 % de sus gastos electorales: 286.642,47 euros de un total de 1.278.442,47 euros que el Tribunal de Cuentas (TCu) tiene convenientemente fiscalizados.

El motivo de la disputa está en una coletilla añadida al artículo citado anteriormente, y que está propiciando un conflicto que ya ha movilizado al órgano fiscalizador, a los ministerios del Interior y de Justicia, a la Abogacía del Estado, a la Junta Electoral Central (JEC) y a las dos cámaras del Parlamento, con todos sus grupos políticos. La coletilla dice así: "Salvo que aquéllas hubieran rechazado públicamente los fines y los medios utilizados".

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Y ahí está el quid de la cuestión. Mientras el Tribunal de Cuentas y el Ministerio del Interior se pasan la patata caliente, Bildu juega a marear la perdiz con triquiñuelas más propias de presos de ETA que de un partido que se autodenonima plenamente demócrata. Y, enfrente, el PP trata a toda costa de que se le retiren esas subvenciones en la Comisión mixta Congreso-Senado, que es donde ha comparecido la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano.

Marlaska al rescate

Todo comenzó antes de las elecciones municipales del 28 de mayo, cuando EH Bildu solicitó el citado anticipo a la JEC, que a su vez lo trasladó a la Dirección General de Política Interior (DGPI). El pago se realizó el 14 de junio y unos meses después el TCu informó a Interior adjuntando una relación de candidatos con antecedentes penales según el correspondiente certificado emitido por el Ministerio de Justicia.

El 24 de enero de 2024, Interior consultó a la Abogacía del Estado, que tres semanas más tarde indicó en sendos informes que procedía el reintegro del anticipo. Así, el 24 de mayo de 2024, casi un año después de las elecciones, Interior denegó el abono del resto de la subvención electoral a Bildu, pero dándole la posibilidad de presentar alegaciones.

La estrategia de Bildu fue agarrarse a una petición genérica de arrepentimiento, un formulario firmado antes de las elecciones, algo similar a lo que firman los presos de ETA para mostrar arrepentimiento sin pedir perdón a sus víctimas ni colaborar en el esclarecimiento de los atentados. Sin embargo, suficiente para la Abogacía del Estado y por extensión del Ministerio del Interior, que se dieron la vuelta como un calcetín: «EH Bildu tiene derecho a percibir la subvención por gastos electorales (…) pues, aunque incluyó en sus listas a 23 personas que habían sido condenadas por los delitos señalados, como advirtió el Tribunal de Cuentas, al atender el requerimiento del Ministerio del Interior ha justificado que existió un rechazo público de los fines y medios perseguidos y empleados en esos delitos».

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Y así llegó el asunto al Tribunal de Cuentas. Cuando afrontó el debate, a finales de este mes de febrero, el Pleno se dividió. En su resolución no fue concluyente, pero sí instó a la Junta Electoral Central y «a los órganos competentes» (el Ministerio del Interior) a revisar si, efectivamente, Bildu ha presentado a candidatos que no se arrepienten de su pasado terrorista y si, en ese caso, debían serle retiradas las subvenciones públicas.

"Dejación de funciones"

Hace unos días, el senador del Partido Popular Eloy Martínez ha reabierto el caso y ha acusado al Tribunal de Cuentas de incurrir en una "dejación de funciones". Lo ha hecho en la Comisión mixta Congreso-Senado, que incumbe al conjunto del Parlamento. Con el voto a favor de los senadores del PP y Vox, la comisión ha solicitado al TCu que revise las subvenciones y tome una decisión al respecto.

El senador popular arremetió contra el Tribunal de cuentas en presencia de su presidenta por los efectos de esa supuesta "dejación": "El primero y más grave, que estas Cortes Generales no pudieron pronunciarse sobre la fiscalización de la contabilidad electoral de las elecciones locales; el segundo, se cercenó el derecho a control parlamentario que tenemos los diputados y senadores; el tercero, es que Bildu ya tiene 1.300.000 euros en su cuenta, y el cuarto, es que Sánchez está un poquito más tranquilo porque se ha garantizado el apoyo de Bildu". Así, el PP relacionó la posición de este tribunal, de Interior y de la Abogacía del Estado con los intereses políticos del presidente del Gobierno y de su socio parlamentario.

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La propuesta concitó el rechazo del PSOE y de sus socios de investidura, en especial, como es lógico, de Bildu. Su senador Josu Estarrona negó las acusaciones subrayando que su formación es "una opción política democrática soberanista y de izquierdas". Por su parte, Dolores Etxano (PNV) indicó que, aun cuando algunas decisiones de Bildu puedan parecer “ética, política o socialmente reprochables”, no quiere decir que necesariamente sean ilegales.

Dos años después de las elecciones, el Estado es incapaz de resolver un asunto que marcó la campaña electoral de mayo de 2023 y que permite a Bildu disponer de unos ingresos sin que la ley sea clara a si debe o no percibirlos. La pelota vuelve a estar en el tejado del Tribunal de Cuentas, que deberá mojarse en una dirección, o en otra.