El juez abre la puerta a dictar el ingreso en prisión de Cerdán tras declarar en el Supremo

La investigación en torno a la corrupción del PSOE ha adoptado un ritmo nuevo a partir del informe de la UCO que sitúa la cúspide de la presunta organización criminal en el ya ex secretario de Organización del partido, Santos Cerdán. El juez mandó este viernes a la Guardia Civil a la sede central de la formación en la calle de Ferraz de Madrid a clonar la cuenta de correo del exdirigente de confianza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lo hizo en un auto en el que abre la puerta al ingreso de Cerdán en prisión como medida cautelar. Las imágenes de los agentes de la UCO entrando en Ferraz cargados de mochilas y aparataje marcan un antes y un después en toda esta crisis, como lo marcó, hace años, la entrada en Génova en busca de los papeles de Bárcenas.

El juez atribuye al ex secretario de Organización del PSOE los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. El auto judicial de 46 folios firmado por Leopoldo Puente advierte a Cerdán de que ya no es aforado y que su citación a declarar ya no es voluntaria, como le propuso cuando todavía tenía el acta del diputado en el Congreso: "Habiendo perdido don Santos Cerdán León su condición de diputado del Congreso, dicha comparecencia tendrá carácter obligatorio y se realizará en condición de investigado, teniendo lugar tras la misma comparecencia al efecto de ponderar la adopción de medidas cautelares de naturaleza personal respecto a él".

Entre esas medidas cautelares a las que alude el juez, la ley incluye un ingreso preventivo en prisión que, para adoptarlo, tendría que solicitarlo alguna de las acusaciones personadas en el procedimiento. En la causa interviene la Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón. Fuentes de este organismo consultadas por este periódico no avanzan ninguna postura previa en este asunto. En la misma situación se encuentran las acusaciones populares que lidera el PP y engloba a otros partidos y colectivos como Hazte Oír, Vox, Adade, UPN, Liberum y Manos Limpias.

El juez no puede actuar en este apartado a iniciativa propia ni ir más allá de lo que pidan las partes. Será una vez escuchados los testimonios cuando decidan si solicitan medidas cautelares, que pueden ser más leves, como una retirada de pasaporte o la obligación de firmar periódicamente para estar localizable. Si la imagen de la entrada de los agentes en Ferraz es altamente simbólica, la del ingreso en prisión del ex número tres del partido y segunda mano derecha imputada de Sánchez podría ser definitiva.

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Hasta ahora, el Tribunal Supremo está siendo cauto a la hora de adoptar medidas más gravosas para los investigados. En el mismo auto en el que juez mandó este viernes a la UCO a la sede del PSOE en Ferraz a clonar el correo electrónico de Cerdán, rechazó la petición que le hicieron las acusaciones populares de registrar todo el despacho del excargo socialista. También solicitaron registrar su casa y el despacho que tenía en el Congreso de los Diputados.

Destrucción de pruebas

"Se trata de una diligencia que, limitativa de derechos, no se considera útil en este momento", razona el juez, quien apunta a que si Cerdán querría haber borrado pruebas, ya podría haberlo hecho. "Ciertamente, el eventual riesgo de destrucción de pruebas al que la parte solicitante se refiere no se conjuraría de acordarse ahora la diligencia interesada, resultando para el investigado en extremo previsible, en particular cuando, como la propia acusación popular sugiere, ha tenido ya varios días atrás, conocimiento previo y cumplido de la existencia de la investigación", dice Puente.

El juez también envió un mensaje a la persona que en origen dio nombre a esta causa, Koldo García, el exasesor del ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Está citado a declarar el próximo lunes 23 de julio y hasta en tres ocasiones ha tratado de cambiar la fecha de su interrogatorio. Fuentes jurídicas consultadas por este periódico aprecian una estrategia de defensa en el investigado que pasa por declarar después de Santos Cerdán, sabiendo ya lo que ha contestado el que fuera su mentor tanto en el PSOE como en las prácticas corruptas que se remontan una década en el tiempo en Navarra, antes de que ambos ocupasen cargos de responsabilidad en Madrid.

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"No es al investigado a quien corresponde organizar la agenda de este tribunal, debiendo aquel comparecer en la fecha y hora señaladas", le dice Leopoldo Puente en una providencia dictada este viernes. En un tono más severo, le avisa de los riesgos de no atender al llamamiento: "No ha lugar a modificar el señalamiento acordado, reiterándose expresamente la advertencia de que, para el caso de no comparecer, podrán adoptarse las medidas cautelares de naturaleza personal que procedan para asegurar en lo porvenir su presencia ante este Tribunal Supremo cuantas veces fuere llamado".

A diferencia de Koldo García, el magistrado Leopoldo Puente sí ha accedido a cambiar la fecha de la declaración de Santos Cerdán. Estaba citado el miércoles 25, dos días después que Koldo García, pero su abogado pidió un aplazamiento hasta el mes de julio para estudiar la causa. El letrado, Benet Salellas, alega el volumen del caso y también su relevancia pública. El juez solo le ha concedido cinco días más de tiempo y tendrá que comparecer en el alto tribunal el lunes 30 de junio. Como a todos los imputados, Cerdán tiene el derecho a no declarar e incluso a mentir ante la Justicia. Este baile de fechas, de abogados y las amenazas de Ábalos de tirar de la manta, mantienen en vilo a casi todo el Gobierno y al partido, al albur de lo que pueda aparecer en la investigación en las próximas horas o de las declaraciones en sede judicial.

Los criterios para la prisión provisional

La ley impone criterios como la proporcionalidad para decretar la prisión provisional, si bien los jueces tienen un margen amplio para la interpretación de los requisitos que exige esta medida. Uno de ellos es que los delitos que se investigan se castiguen con dos o más años de cárcel, algo que se cumple en este caso. Si los delitos son de inferior pena, entonces el juez tiene que acreditar que el imputado no cuente con antecedentes. En el auto de este viernes, Leopoldo Puente ha pedido que se recabe la “hoja de histórico penal” de Santos Cerdán.

Otro requisito es que aparezcan motivos bastantes para considerar al imputado criminalmente responsable de los delitos investigados. También que exista riesgo de fuga, lo cual se mide en la cuantía de la posible pena a imponer y el arraigo familiar, laboral o económico que demuestre el interrogado.

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Otro de los requisitos habituales es que exista riesgo de destrucción de pruebas. La prisión provisional no se puede imponer solo porque el acusado no colabore con la investigación, pero sí cuando se considera que tiene acceso a fuentes de prueba ya sea de manera directa o a través de terceros. También cuando se pueda acreditar que puede tener capacidad de influencia sobre otros acusados o sobre testigos.

El que hasta hace unos días era el secretario de Organización del PSOE, participó de la operativa de adjudicaciones de obras públicas a cambio de mordidas durante una década. El documento de la Guardia Civil cuenta con 490 folios y dice que Santos Cerdán llegó a gestionar 620.000 euros en mordidas solo de la empresa Acciona, una de las principales beneficiadas de las adjudicaciones públicas amañadas.

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En las escuchas de la causa se aprecia la ascendencia que Cerdán tenía sobre Koldo y cómo le instaba a no hablar por teléfono de la presunta operativa ilegal. "No hay que decir tantas cosas… ¡Pun! Se pone, se ve y se rompe", le advirtió el 21 de enero de 2021 en un encuentro al que también acudió José Luis Ábalos. El ya exsecretario de Organización del PSOE exigía silencio, pero lo que no sabía era que el propio Koldo estaba grabándoles.

El dinero de las mordidas luego lo repartía con Koldo García y José Luis Ábalos. Los agentes se han incautado de un documento que ubica a Cerdán como propietario de un 45 por ciento de la empresa vinculada a adjudicaciones amañadas en Navarra. El juez ya ha citado también a declarar a cinco empresarios relacionados con estas actividades.