La trama de Santos obliga a revisar los contratos con Acciona en todas las administraciones

El pánico que ha desatado en los socialistas la doble vida de Santos Cerdán, de secretario de Organización del PSOE y hombre de confianza de Pedro Sánchez a jefe de una trama de amaños y mordidas, que empezó en Navarra y se extendió por toda España, ha provocado una revisión en cascada de los contratos con Acciona y el resto de empresas que ha destapado su trama.

A raíz de los audios grabados por Koldo García que recoge el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el Tribunal Supremo está investigando la adjudicación de contratos públicos a varias constructoras como Acciona, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), además de las firmas Noran Coop y Servinabar, creadas exprofeso para beneficiarse de obra pública, por un amigo de Cerdán, Antxon Alonso.

En los últimos días, en el Ministerio de Transportes se han examinado los expedientes de todas las obras citadas por la UCO, a la espera también de que el juez los solicite para integrarlos en la causa. En el Gobierno insisten en que los trámites administrativos realizados son "correctos" pero apuntan, tras los datos aportados por el instituto armado, a que hubo "corrupción de los 90", con irregularidades previas (conocer el pliego) o posteriores (hacer ofertas bajas y realizar después un modificado), al margen de la decisión de la mesa de contratación.

Esta misma acción preventiva del Ministerio, derivada del estallido de la corrupción de Cerdán, ha hecho también que expresidentes autonómicos del PSOE hayan ordenado inspeccionar la existencia de contratos con Acciona, de los que este dirigente se pudo lucrar.

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La psicosis se ha generalizado después de que, como adelantó El Confidencial, en el registro a los domicilios de los empresarios implicados se localizara una escritura privada que probaría que el exsecretario de Organización del PSOE es el dueño del 45% de esa mercantil, que recibió contratos millonarios en Navarra, tres de ellos junto a la constructora de José María Entrecanales, como el proyecto para duplicar los túneles de Belate por 62,8 millones de euros.

Esta circunstancia ya ha generado una colosal crisis política al Gobierno de María Chivite. Su número dos en el PSN y portavoz parlamentario, Ramón Alzorriz, se ha visto obligado a dimitir tras conocerse que su pareja trabajó en Servinabar. Alzorriz, muy cercano al ex número tres del PSOE, ha dado toda la credibilidad a ese documento y Chivite ha ordenado analizar los contratos adjudicados en Navarra a Acciona y Servinabar. Pero, en un comunicado enviado anoche por esta firma a Diario de Noticias, sostiene que Cerdán no posee acciones de la empresa.

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Según la UCO, "Cerdán tenía poder de decisión sobre las sociedades Servinabar y Noran Coop para aspectos tan relevantes como la ejecución de pagos, suministro de otros servicios y bienes a cargo de las sociedades como vehículos y teléfonos e incluso el alquiler de una vivienda en Madrid”. Entre los socios de Noran Coop figura Koldo García.

Génova se vuelca con las nuevas adjudicaciones

Las consecuencias políticas del caso Cerdán han multiplicado la hiperactividad de un PP dispuesto a agotar "todas las vías" para estrechar el cerco sobre el Gobierno. El partido de Alberto Núñez Feijóo se encuentra personado en la investigación que comenzó con la detención del superasesor de José Luis Ábalos y que ha escalado hasta instalarse en el corazón de la organización socialista. Las adjudicaciones de todas las empresas vinculadas a la red del exsecretario de Organización del PSOE implica un nuevo filón que Génova quiere exprimir.

Desde la dirección del PP dan luz verde a sus organizaciones territoriales para poner en marcha "cualquier medida de análisis y control de dinero público" de anteriores administraciones socialistas. Y en algunos territorios ya se han puesto manos a la obra. Desde el Gobierno de Baleares, presidido por la popular Marga Prohens, aseguran que ya "se están identificando las empresas que salen en los informes" de la Guardia Civil y que recibieron contratos de su predecesora, la ahora presidenta del Congreso, Francina Armengol. Se trata de una medida que se suma a la auditoría externa de contratos sanitarios a empresas vinculadas a la trama, que se solicitó hace meses.

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El PP de Canarias se suma también a esa presión y sostiene haber activado también un "rastreo exhaustivo" de los contratos con las empresas investigadas firmados por la anterior administración, presidida por el ahora ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y con el foco puesto en Acciona y Levantina. También en Aragón confirman que llevarán a cabo indagaciones por su cuenta para analizar uno a uno los contratos del Ejecutivo de Javier Lambán, a la espera de las nuevas pistas que ofrezca la UCO.