El descontrol del PSOE respecto a Cerdán y Ábalos aboca al partido a la imputación

El futuro penal del PSOE tras la operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contra las actividades de sus dos últimos secretarios de Organización se complica. La falta de control y supervisión a los que está legalmente obligada la formación desde 2015 y que, de forma más que evidente, falló respecto a Santos Cerdán y José Luis Ábalos, números tres del partido en la última década, coloca a la formación al borde la imputación, coinciden en señalar distintas fuentes jurídicas consultadas.

Más allá de posibilidad de que el partido esté implicado en una financiación irregular como parece sugerir la UCO en su último informe, la primera amenaza para los socialistas está mucho más cercana y se centra en las carencias de su programa de cumplimiento normativo que no solo no sirvió para detectar que ambos responsables llevaban a cabo conductas potencialmente delictivas, sino que además, falló estrepitosamente durante más de una década.

Los partidos políticos pueden ser penalmente responsables por delitos cometidos en su nombre, especialmente si no implementan programas de cumplimiento normativo efectivos para prevenir que se cometan. Se da, además, la circunstancia de que la obligación de contar con este tipo de planes entró en vigor precisamente desde 2015, el año en el que la UCO sitúa el inicio de la actividad de la organización criminal que integraban Ábalos y Cerdán junto a Koldo García.

Por eso, las fuentes consultadas no dudan en dar por hecha la citación del PSOE a través de su representante legal para solicitar la aportación de esos programas de cumplimiento o compliance. "Es solo cuestión de tiempo", precisa una de las fuentes consultadas. Para que la imputación acabe sustanciándose, la investigación tendrá que acreditar si la formación obtuvo algún beneficio, "directo o indirecto", por la actividad ilícita de sus cargos, como especifica el artículo 31 bis del Código Penal.

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La dirección de esa área recayó desde sus orígenes en el caso del PSOE en la actual gerente Ana María Fuentes. Como ha ido avanzando este diario, Fuentes aparece citada en el informe de la UCO como la persona encargada de recaudar el conocido como "impuesto" que los investigadores vinculan con una posible financiación ilícita. Además, administró un negocio familiar que captó subvenciones públicas para la formación de desempleados otorgadas por consejeros socialistas de la Junta de Andalucía condenados en el caso de los ERE.

El problema para los socialistas se encuentra en el artículo 9 bis de la ley orgánica de Partidos Políticos, que establece que estos deberán adoptar en sus normas internas un sistema de prevención de conductas contrarias al ordenamiento jurídico y de supervisión. No basta solo con contar con ese plan sin más, sino que debe haber sido "adoptado y ejecutado" con eficacia y antes de la comisión del delito.

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La ley exige la puesta en marcha de medidas de vigilancia y control "idóneas para prevenir delitos". El PSOE tendrá así que demostrar que no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control. La sucesión de manifestaciones vinculadas a la trama criminal investigada desde horas antes de que trascendiera el informe de la UCO apunta a que ese control falló estrepitosamente.

El mensaje del PSOE y Sánchez, lo agravan

La noche anterior, el PSOE difundió un comunicado en el que aseguraba con rotundidad que Cerdán no había participado, "mucho menos influido", en "adjudicaciones de obra pública". "Jamás ha cobrado una comisión por ello", mantenía. Sánchez volvió a manifestar públicamente las carencias del plan de supervisión cuando aseguró en su primera comparecencia que desconocía por completo las prácticas de Cerdán y que para conocerlas había supuesto para él una enorme decepción. La pretendida ignorancia, en este caso, no exculpa sino más bien todo lo contrario. El anuncio de la auditoría externa tampoco le favorece y evidencia que el control, en lugar de previo, será posterior.

Lo que dibuja la UCO en su informe es una organización criminal que actuó con total impunidad desde el corazón el partido durante 11 años. Separa la actividad de la trama en tres etapas. La primera, centrada en acciones cometidas antes de la llegada de Ábalos al Ministerio de Transportes, se desarrolló fundamentalmente en Navarra y País Vasco. Desde que el exministro se hizo con la cartera, la captación de mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública fue cogiendo vuelo. En total, pagos cercanos al millón de euros.