El novio de Ayuso pide cuatro años de cárcel para García Ortiz y el pago de 300.000 euros

El novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, reclama cuatro años de prisión y suspensión de empleo de tres años para Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos. También exige que tanto él como la otra procesada, la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, le paguen una indemnización de 300.000 euros por "los perjuicios morales causados" y que, de cara al juicio, interpongan una fianza de 400.000.

"Las consecuencias de los hechos delictivos protagonizados por los acusados desde que los mismos se produjeron han sido el continuado e incesante daño en la intimidad, la protección de datos, la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el honor de imposible restitución, generando daños irreparables sobre todo aquello que, con esfuerzo, se construye durante años (...), sin que exista un día desde el 14 de marzo de 2024 en que algún personaje político o periodístico no denomine a través de los medios de comunicación como delincuente o defraudador confeso a Alberto González Amador", sostiene el escrito de acusación, al que ha tenido acceso El Confidencial.

El novio de Díaz Ayuso incide para ello en la filtración de los correos que su defensa se cruzó con la Fiscalía en el procedimiento paralelo que se seguía contra él por fraude fiscal. Entre ellos, el del 2 de febrero de 2024, en el que el abogado comunicaba a la Fiscalía su "voluntad firme" de "alcanzar una conformidad penal" porque "ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública". Según destaca el escrito de acusación, "Álvaro García Ortiz ideó y ejecutó su revelación a través de la Cadena Ser".

González Amador conecta además estas filtraciones con el Gobierno y con el PSOE, para lo que apunta al ex secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, y al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Según argumenta, los mensajes que el ex secretario general del partido en Madrid, Juan Lobato, entregó al Supremo demuestran que ambos estabas al tanto de las maniobras para atacar a la presidenta madrileña a través de la filtración de los correos. “Pero no te quedes en si lo sabía, hay que pedir la dimisión […] Tiene que salir todo el PSM pidiendo la dimisión de Ayuso”, ordenó Cerdán a Lobato en uno de estos mensajes.

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El escrito tampoco pasa por alto que, en paralelo a estas conversaciones, el propio Pedro Sánchez reclamó la dimisión de Díaz Ayuso. "Alberto González Amador había pasado a formar parte (...) del contenido de la política de comunicación del Gobierno de España y del Partido Socialista Obrero Español", critica su defensa. Los correos llegaron además a Moncloa, por lo que el magistrado Ángel Luis Hurado ya concluyó en su última resolución que García Ortiz los había filtrado “a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno".

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que también está personada en la causa y pide seis años de cárcel para García Ortiz, sigue una línea similar en su escrito de acusación. De hecho, ellos van un paso más allá y solicitan que Santos Cerdán tenga que comparecer como testigo en el juicio.

Aún no ha entregado su móvil

Además de los cuatro años de prisión y los tres de suspensión de empleo, González Amador solicita que García Orgiz sea condenado a la pena accesoria de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado y al pago de una multa de 108.000 euros. El escrito se dirige también contra Pilar Rodríguez como "cooperadora necesaria" de la revelación de secretos. En su caso, el novio de Díaz Ayuso pide tres años de cárcel, suspensión de empleo durante dos, inhabilitación para el cargo de fiscal Provincial de Madrid y multa de 36.000 euros.

El escrito de acusación incide además en que García Ortiz borró sus mensajes de Whatsapp en cuanto se abrió la causa y cambió de teléfono móvil. El magistrado se dirigió a Whatsapp y Google para tratar de recuperar estos mensajes, pero no surtió efecto. Sin embargo, González Amador considera que aún existía otra vía para acceder a esas conversaciones y critica que el fiscal general se ha negado a activar la misma.

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"A día de hoy, el acusado Álvaro García Ortiz posee bajo su disposición, por haberse apropiado de él y no haberlo devuelto ni a la oficina de móviles de la Subdirección General de Calidad de los Servicios Digitales ni a la unidad de informáUca de la Fiscalía General del Estado (que controla las entregas de los terminales telefónicos) ni al órgano al que nos dirigimos, el teléfono móvil [que usó durante las filtraciones]", denuncia.

"De esta forma el acusado Álvaro García Ortiz ha procedido a la eliminación de todos los soportes remotos donde debería estar alojada su inocencia, y posee en sus manos el soporte de registro local del que debería aflorar su inocencia (el teléfono móvil Samsung Galaxy A52), decidiendo no aportarlo al órgano al que nos dirigimos para que la imparcial fuerza actuante (UCO) pueda someterlo a su pericia, y ello por evidentemente contener unos (los borrados) y otros (los no entregados) el registro detallado de su actividad delicictiva", concluye.