El Gobierno, consumido por la incertidumbre de nuevas grabaciones: "Convivimos con esa debilidad"

Sin un horizonte claro, no puede existir una planificación. Y el Gobierno no lo tiene. La incertidumbre ante nuevos audios de Koldo García, que sistemáticamente grabó a muchos de sus interlocutores, lastra a Pedro Sánchez. La Moncloa asume sin ambages la crisis: "Van a salir más cosas seguro, es una debilidad con la que tenemos que aprender a convivir".

No cambia en nada la decisión de resistir, pero esa inseguridad limita ofrecer a su socio de coalición, Sumar, y a sus aliados parlamentarios, las garantías de limpieza que le exigen en la Administración para no lidiar con más escándalos. En el Ejecutivo insisten en descartar una remodelación para sustituir a todos los altos cargos manchados por la relación con Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo. Y sostienen que no pueden actuar de manera preventiva: "No podemos desconfiar de la gente, si no apaga y vamonos".

Su principal argumento es que no disponen de información sobre la investigación judicial. "No tenemos capacidad de saber", señalan, para apuntalar así su tesis de que no actuaron antes contra el exsecretario de Organización del PSOE porque no tuvieron acceso al contenido del informe. Pero la duda de si el daño político está o no perimetrado, mantiene la crisis abierta.

La posición es de gran flaqueza. Sánchez ha reconocido que ignoró todas las informaciones periodísticas sobre su número tres, al creer que eran parte de una campaña que él mismo dice sufrir. Esta visión blindó a Cerdán hasta convertirlo en una víctima y desactivó cualquier atisbo de sospecha. Pero la pregunta de cómo es posible que en la Moncloa no se enteraran de nada, ni sobre la gestión corrupta de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes ni sobre las mordidas que involucran a Cerdán, resuena como un incómodo bombo en la política española. ¿Nadie avisó? La versión del Ejecutivo es que "no se alertó a Sánchez de nada".

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En el PP ven imposible que nadie le advirtiera y aseguran que en el Gobierno de Mariano Rajoy si un dirigente de Génova se hubiera interesado por un contrato o una empresa, automáticamente habría llegado a la Moncloa. Esta afirmación no es un mecanismo justificativo, los casos de corrupción que asolaron al partido permanecen imborrables en la memoria colectiva del partido, es una manera de explicar por parte de los populares el funcionamiento de la Administración del Estado.

Hay otro dato que consideran fundamental para defender que la información les tuvo que llegar. A Génova, rememoran, se enviaban incluso anónimos sobre posibles irregularidades en la contratación pública. Una vía bastante habitual para las empresas que se han visto orilladas.

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En el Gobierno se escudan en que incluso, cuando tres semanas antes del devastador informe de la UCO, El Confidencial ligó a Cerdán con las adjudicaciones a Acciona y a Servinabar, ellos tampoco podían preguntar porque los empresarios (los corruptores) "no se van a delatar". "Son delincuentes pero no tontos".

La Moncloa no puede poner la mano en el fuego sobre si más personas de la Administración puedan ver salpicadas por las mangarrufias de Ábalos y de Cerdán pero sí subraya que "no existe un P. Sánchez", en referencia al M. Rajoy que aparecía en los papeles de Bárcenas. Fuentes del Ejecutivo afirmaron ayer que les pareció "insultante" que se lo preguntara en el Congreso, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. Un nuevo detalle de que los socios necesitan contar con una red de seguridad.

En el círculo del presidente están convencidos de que ninguno de sus aliados quiere elecciones, ni se sumará a una moción de censura y señalan que su relato político no es igual de puertas a dentro que de puertas a fuera, tras la ronda de contactos con Sánchez. "Vamos a ser comprensivos con ellos", apuntan en Moncloa, sobre las declaraciones en las que buscan marcar distancia.

Se aferran a que "el bloque de investidura no quiere que la legislatura se termine". Para el Gobierno, convocar elecciones supondría "ceder a la estrategia para acabar con Sánchez". Asumen que aguantar va a resultar una "tortura" pero repiten que no ven razones suficientes para que el presidente dimita o ponga las urnas.