El auto de la muerte del magrebí de Torrejón: sin "causa concreta" y "contradicciones" de testigos

La jueza que ha dejado en libertad provisional este jueves al policía municipal de Madrid acusado de retener hasta la muerte a Adberrahim Akkouh en Torrejón de Ardoz (Madrid) destaca en su auto que todavía no se conoce la “causa concreta” del fallecimiento del joven magrebí. En su resolución, a la que ha tenido acceso El Confidencial, afirma que los especialistas prefieren esperar a tener el informe definitivo de la autopsia. Vecinos de la localidad madrileña grabaron con sus móviles el suceso y sus testimonios obran en el atestado policial, pero la magistrada aprecia “contradicciones” entre algunos de los testigos.

Este suceso tuvo lugar en la noche del martes. Según la versión del policía, se encontraba fuera de servicio cuando la víctima le robó el móvil junto a otra persona. El agente dice que salió detrás de él hasta retenerle mientras llegaba la policía. Los vecinos que grabaron los hechos le advirtieron en varias ocasiones de que el fallecido se estaba ahogando, pero el investigado no depuso su actitud. Cuando llegó la Policía Nacional, esposaron al magrebí, que parecía estar en estado de semiinconsciencia.

En ese momento, una patrulla de Policía Local de Torrejón de Ardoz se personó en el lugar y, con un desfibrilador, trató de reanimar a la víctima, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Más tarde, efectivos del SUMMA 112 llegaron a la zona y practicaron durante unos 30 minutos maniobras de reanimación sin éxito. El agente fue detenido por la Policía Nacional y llevado a calabozos. Este jueves ha prestado declaración judicial por unos hechos que han levantado una ola de rechazo en Torrejón. Diversos colectivos lo consideran una actuación racista por parte del policía municipal y han convocado protestas.

“Los médicos forenses no pueden en este momento determinar una causa concreta de la muerte”, destaca la magistrada de instrucción número 1 de Torrejón de Ardoz, Nuria Barabino Ballesteros. Se remite al testimonio que figura en el atestado sobre los hechos de la Policía Nacional de uno de los agentes que comparecieron en la autopsia al fallecido. Dice que aplazan “los resultados hasta el informe final de autopsia”. “Será en ese momento posterior, tras la práctica de diligencias de prueba que acuerde el juzgado competente para el conocimiento de los hechos”, cuando se decida la acusación definitiva dirigida contra el agente.

Tras la declaración del agente, la Fiscalía pidió “la prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido por entender que los hechos podrán revestir las características de un homicidio doloso”, según recoge la jueza en su auto.

“Respecto a los indicios de los que se dispone en este momento procesal se desprenden del contenido del atestado policial en el que figuran las manifestaciones de diferentes testigos (algunas de las cuales son contradictorias entre sí)”, añade la resolución. La magistrada también ha tenido en cuenta las declaraciones del detenido, quien ha apelado a su arraigo en España para negar el riesgo de fuga que le podría haber llevado a prisión provisional.

No aprecia riesgo de fuga

En ese sentido, la jueza sostiene que el agente investigado “es de nacionalidad española, sin que le consten vínculos con el extranjero. Tiene una vida personal, familiar y económica estable, percibiendo ingresos regulares. No se aprecia, por otra parte, la manera en que podría obstaculizar la instrucción judicial y, en cuanto a la reiteración delictiva, hay que señalar que carece de cualquier tipo de antecedente penal y no es probable dicha reiteración”.

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No será esta magistrada la que investigue los hechos, sino el Juzgado de Instrucción número 4 de la misma localidad, que se encontraba de guardia en el momento de los hechos y, por tanto, el que procedió al levantamiento del cadáver. Los resultados de la autopsia y los informes médicos marcarán el devenir de este caso. El homicidio imprudente está castigado con una pena de entre uno y cuatro años de cárcel. El doloso que plantea la Fiscalía se va a unas penas de entre 10 y 15 años.

El Grupo V de Homicidios de la Policía Judicial de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Madrid se ha hecho cargo de la investigación. El fallecido, por su parte, era un delincuente habitual en Torrejón de Ardoz, toxicómano y que en los últimos días se había visto involucrado en pequeños altercados, según relataron a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.

El policía municipal está en libertad provisional con las medidas cautelares de retirada de su pasaporte y también su obligación de acudir a la sede judicial para firmar cada lunes. La vicealcaldesa de Madrid y delegada del área de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, confirmó la apertura de un expediente disciplinario al agente. En el momento de los hechos el policía estaba con un compañero que se acababa de jubilar.