La asociación de fiscales que acusa a García Ortiz pide seis años de cárcel para él y que Cerdán testifique en el juicio

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) pide seis años de cárcel y otros 12 de inhabilitación para Álvaro García Ortiz por un delito de prevaricación en concurso con otro de revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. La APIF, que está personada como acusación en la causa, sostiene que el fiscal general del Estado "filtró deliberadamente" los correos electrónicos de la defensa de González Amador para “ganar el relato”.

"Ha cuestionado notablemente el prestigio del Ministerio Fiscal como institución", añade el escrito de acusación, al que ha tenido acceso El Confidencial. "Es evidente que un actuar semejante ha degradado de forma absoluta la percepción social de la Fiscalía como organismo constitucional".

La APIF también solicita que durante el juicio testifique el ya ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Esta petición se basa en los mensajes que el ex secretario general del partido en Madrid, Juan Lobato, entregó al Supremo, que apuntaban a que Cerdán estaba al tanto de las maniobras del Gobierno y del PSOE para atacar a la presidenta madrileña a través de la filtración de los correos.

"Me llama Santos. Pedro va a pedir ahora a Feijóo que dimita Ayuso. Y que lo pidamos nosotros también", indicó Lobato en un mensaje enviado el 13 de marzo de 2024, en plenas filtraciones. "Ponemos tuit rápido”, ordenó. Estos mensajes conectan con la tesis del magistrado Ángel Luis Hurtado, que en su última resolución sostuvo que el fiscal general filtró los mails “a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno".

TE PUEDE INTERESAR

El juez procesa a García Ortiz por revelación de secretos y le deja a un paso del banquillo

Pablo Gabilondo Beatriz Parera

En cuanto a la otra procesada, la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, la asociación pide otros cuatro años de prisión y 12 de inhabilitación al considerarla cooperadora necesaria de los mismos delitos.

Si el tribunal concluye que los hechos no encajan con un delito de prevaricación en concurso con otro de revelación de secretos, la APIF apunta de manera subsidiaria a otro de infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos. Esta otra acusación no afecta a los cuatro años de cárcel que piden para Rodríguez, pero, en el caso de García Ortiz, rebajan la misma a cinco años.

Solicita su suspensión

La APIF solicita además la suspensión "de empleo y sueldo" de los dos acusados en cuanto se abra juicio oral contra ellos. Su escrito apunta al reglamento de la Fiscalía, que establece que el fiscal general del Estado suspenderá cautelarmente a cualquier fiscal cuando "se dicte auto de apertura de juicio oral o de prisión por delito cometido en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas".

TE PUEDE INTERESAR

La fiscal procesada en el caso García Ortiz marca distancias con él: "No he borrado ningún mensaje"

Pablo Gabilondo

De esta manera, parece inevitable que Rodríguez quede suspendida cautelarmente por orden del propio García Ortiz, quien, sin embargo, podría agarrarse a otro artículo para evitar su suspensión. La clave radica en que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal señala que el fiscal general "quedará en situación de servicios especiales" tras su nombramiento, lo que en principio implica que no se verá afectado por el mencionado reglamento.

En la APIF son conscientes de este artículo, pero consideran que García Ortiz debe ser suspendido igualmente. Según argumentan, el hecho de que el fiscal general se encuentre en situación de servicios especiales no quita que siga ganando "antigüedad en la carrera a efectos de Seguridad Social". Además, insisten en que “cualquier miembro del Ministerio Fiscal” se verá afectado por el reglamento.