Los jueces convocan tres días de huelga y una gran concentración contra las leyes del Gobierno
El malestar contra el Ejecutivo por sus medidas cristaliza tras la explosión de los casos de corrupción y los ataques permanentes contra los magistrados de las causas más sensibles para el Gobierno
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Los jueces ya han decidido. El malestar contra las nuevas leyes impulsadas por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, los ataques permanentes a la judicatura desde el Gobierno y la explosión paralela a las reformas previstas de los casos de corrupción ligados al Ejecutivo y al PSOE, han cristalizado finalmente en una convocatoria de huelga que arrancará con una gran concentración convocada para el próximo 28 de junio ante el Tribunal Supremo. Tras ella, tres días de parón total el 1, 2 y 3 de julio. Se exige la retirada de las reformas o la huelga continuará, advierten.
La llamada parte de las asociaciones de jueces y fiscales mayoritarias tras una consulta efectuada a sus asociados. Más del 80% de los preguntados por la APM, AJFV, FJI, AF y la asociación de fiscales APIF se han mostrado a favor de ir al paro. El motivo principal es el plante contra las reformas sobre el acceso a ambas carreras y sobre la Fiscalía, que, según los planes del Gobierno, tomará las riendas de la instrucción en un futuro próximo.
El aperitivo —y también la prueba de fuego— fue el paro simbólico convocado hace unos días que levantó una adhesión si precedentes (más de un 70% de las carreras judicial y fiscal). La decisión final y la hoja de ruta para la protesta se definió en una reunión celebrada en la noche de este martes. El movimiento ha provocado una adhesión espontánea de la ciudadanía que, en gran parte del territorio nacional, se unió a la acción con gritos de apoyo.
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En el manifiesto leído durante el paro del 11 de junio, representantes de todas las asociaciones de jueces y fiscales —menos las progresistas— advirtieron de que la "independencia judicial, clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea, está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas". Se refirieron, en concreto, al proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal —que el pasado jueves superó su primer examen en el Congreso de los Diputados— y al anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).
Un poder en minúscula
"No quepa duda de que estas reformas de que hablamos, enmarcadas entre otras que se han ido produciendo, van encaminadas a convertir al Poder Judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder, en la senda de las democracias iliberales que, por eso, no lo son realmente", alertaron.
"Van encaminadas a convertir al Poder Judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político"
Ahora confirman que la decisión supone "una exteriorización de la relevancia del Poder Judicial, en defensa de su independencia y de su papel como garante de los derechos fundamentales de la ciudadanía". Por eso mismo han elegido el Supremo para concentrarse. "Es el lugar donde los opositores que aspiran a formar parte de nuestras carreras aprueban sus exámenes; un espacio que representa la culminación a largos años de esfuerzo callado en busca de la excelencia y la entrada al servicio público desde los principios de mérito, capacidad e igualdad", explican.
La convocatoria está abierta a todos los operadores jurídicos y a la ciudadanía "verdaderamente comprometida con la defensa de una justicia independiente y al servicio del interés general". Se trata de una concentración estrictamente institucional, al margen de cualquier adscripción o reivindicación partidista, que no se dirige contra el poder ejecutivo ni contra el legislativo, sino que tiene como único objetivo la defensa del Poder Judicial como pilar fundamental del Estado de Derecho, concluyen.
Tras conocerse el anuncio, el ministro Bolaños aseguró que "hay una mayoría parlamentaria a favor de modernizar la Justicia" y confió en el "consenso" porque "la ley amplía y fortalece la carrera judicial y fiscal y garantiza la independencia del Poder Judicial". "Máximo respeto a la huelga convocada, por discutibles que sean los motivos", dijo el titular de Justicia.
Los jueces ya han decidido. El malestar contra las nuevas leyes impulsadas por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, los ataques permanentes a la judicatura desde el Gobierno y la explosión paralela a las reformas previstas de los casos de corrupción ligados al Ejecutivo y al PSOE, han cristalizado finalmente en una convocatoria de huelga que arrancará con una gran concentración convocada para el próximo 28 de junio ante el Tribunal Supremo. Tras ella, tres días de parón total el 1, 2 y 3 de julio. Se exige la retirada de las reformas o la huelga continuará, advierten.